14/4/20

La pandemia y el peor sistema de salud de Sudamérica



El país y todo el continente están sumidos en una profunda crisis sanitaria, económica y social, generada por un explosivo cóctel de enfermedades, desempleo, hambre, pánico y abuso represivo. ¿Qué hacer? Como siempre, toda discusión ante una situación semejante pasa por la lucha de clases. No pensamos lo mismo los trabajadores que los explotadores.

En el Paraguay, apenas estamos saliendo de la epidemia del Dengue que tuvo 150 mil notificaciones, 14 mil infectados y 51 muertos cuando entramos en la pavorosa pandemia del Coronavirus. El país tiene un prolongado déficit en salud, los hospitales no están equipados; la cantidad de unidades de terapia intensiva, no cumple ni con el 50% de las recomendaciones de la OMS; está en el umbral más bajo en las pruebas para detectar el Coronavirus.

Las medidas de aislamiento solo son represivas, prohibición de salir de las casas, pero el 71% de los trabajadores laboran de manera informal y a esto se le suma el masivo despido en las empresas. Sin dinero, sin comida y con miserables y muy restringidas ayudas del Estado, los trabajadores nos aproximamos al desastre.

Para colmo, el gobierno aprovecha para endeudar aún más al país y los empresarios afilan colmillos apurando la contrarreforma laboral para recortar todos los beneficios sociales.

El gobierno y los empresarios tienen una receta consistente en un plan de ajuste y reforma-achicamiento del Estado con la clara intención de que seamos los trabajadores los que pongamos el hombro y vaciemos los bolsillos para responder a la presente situación.

Sacar dinero de los pobres y aprovechar para favorecer los intereses empresariales son las consignas oficiales, de esta manera quieren que los trabajadores congelemos o incluso que bajemos nuestros salarios, que no tengamos ninguna prestación social y que la nueva ley permita que se nos despida fácilmente y sin indemnización, ya que estas «cargas sociales» representan «rigideces» para las patronales.

Nosotros pensamos diferente: que los privilegiados de siempre son los que tienen que aportar en esta emergencia, que se debe poner freno al despilfarro de los recursos en manos de los poderosos, que se debe invertir en los servicios públicos, que se debe garantizar empleo y salarios acordes a todos los trabajadores. La reforma de Estado que se necesita es todo lo contrario de lo que dicen los empresarios, la prensa y el gobierno.

Los trabajadores no somos responsables de la crisis económica ni de la precaria organización de la salud pública que la hace inútil frente a la epidemia.

En el país contamos con muchos recursos para enfrentar esta crisis, se trata de movilizar los medios que están a nuestro alcance, para eso es menester la actitud combativa y firme de los trabajadores y sectores populares para empujar y que se eche a andar un potente plan nacional de emergencia. Más que nunca todo depende de la voluntad política para atender a los enfermos y evitar el hambre de la población.

El Estado paraguayo es el que menos cobra impuestos a los millonarios en toda América. Aun así, el gobierno anunció la suspensión del cobro de impuestos, beneficiando especialmente a los ricos, que ya pagan un irrisorio Impuesto a la Renta Personal (IRP) del 10% igual que el pobre vendedor del puesto de panchos de la esquina, mientras el grueso de los ingresos estatales vienen del IVA que grava el consumo popular.

El gobierno paga puntualmente la deuda externa al capital financiero internacional y tiene décadas de no pago de su deuda con la seguridad social de los trabajadores, el Instituto de Previsión Social.

El Ministerio de Hacienda transfiere al Instituto de Previsión Social el dinero para pagar las indemnizaciones a los empleados que las empresas despiden en la cuarentena. Subsidio a las patronales.

La epidemia del Coronavirus, como la de la influenza o el dengue, nos indica que es indispensable y urgente poner los recursos del país al servicio de los trabajadores y el pueblo, al revés de lo que propone el gobierno respecto al Estado.

No se trata de achicar el Estado sino de aumentar el presupuesto de salud, más hospitales, unidades de terapia intensiva, equipamiento moderno y adecuado, incorporación de trabajadores.

La salud implica también una amplia dimensión educativa de promoción y prevención, pero la educación en el país tiene uno de los peores niveles de América Latina y se necesita una gran inversión en infraestructura, materiales educativos y contratación de docentes.

Los recursos no son un problema económico sino político. El Paraguay dispone del dinero para invertir en la población, el problema es la irracional distribución del mismo.

El dinero que se necesita está en los millones de dólares que se paga en intereses de la deuda externa, en los impuestos que no se cobran a los ricos empresarios del Paraguay -los más privilegiados del continente- está en los salarios escandalosos de los jefes de las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyreta, en las dietas ridículas de los parlamentarios y de los altos funcionarios estatales.

La prevención del contagio es la mejor estrategia frente a la pandemia y para garantizar las medidas del aislamiento es fundamental brindar las condiciones adecuadas, dada la altísima informalidad en la situación laboral de los trabajadores y la necesidad de garantizar alimentación a las familias pobres que hacen lo que pueden con ollas populares.

Los supermercados y farmacias aprovecharon la emergencia sanitaria e inflaron de golpe todos los precios del stock logrando ganancias multimillonarias.

Hace falta nacionalizar las principales empresas productoras de alimentos básicos y las cadenas de supermercados para garantizar precios bajos y provisión oportuna a toda la población.

Las cadenas de farmacias deben pasar bajo el control del Estado para asegurar el acceso a todos los insumos básicos para enfrentar la pandemia.

Subsidio por desempleo equivalente al salario mínimo para todos los trabajadores despedidos o con el cese temporal del contrato de trabajo.

Subsidio mensual equivalente al salario mínimo para los trabajadores informales y para los cuentapropistas que han tenido que dejar de trabajar en el período de cuarentena.

Los hospitales privados cobran onerosas cuotas y varias instituciones estatales «aseguran» a sus funcionarios en estas empresas que se desentienden de las epidemias. El Estado debe proceder a la nacionalización de los mismos.

Todos los recursos del Estado deben estar al servicio de la salud y la sobrevivencia. Las fuentes de ingresos disponibles son abundantes: reservas monetarias que hoy se usan para pagar deuda externa, contamos con los royalties de Itaipú (300 millones de dólares anuales) y debemos hacer de inmediato una urgente reforma tributaria: quien más gana debe ser el que más paga.

Las medidas políticas que los trabajadores debemos exigir son:

Suspensión del pago de la deuda externa.

Reducir los salarios de Itaipú y Yacyretä a la media de la función pública.

Priorizar el dinero de los royalties de Itaipú para la construcción de unidades de terapia, hospitales y compra de respiradores.

Reducción de salarios de altos funcionarios de los tres poderes del Estado para conformar un fondo de recursos necesarios para combatir la pandemia. Eliminación de los viáticos millonarios y de los cupos de combustibles gratuitos a los altos funcionarios y parlamentarios. Ningún funcionario debe ganar más de 5 salarios mínimos.

Que las 8 familias más ricas del Paraguay (los Vierci, Cartes, Wasmosy, Zuccolillo, Saba, Favero, Riquelme, Harrison) tengan un impuesto extra en esta coyuntura de lucha contra el Covid19

Provisión gratuita de insumos a todas las ollas populares que se organicen.

Pasaje gratuito para todos los que te tienen que trasladarse a cubrir los puestos indispensables en esta emergencia.

Sistema civil de guardias organizadas por las comisiones vecinales y sindicatos para garantizar la cuarentena en los barrios.

Todos los sindicatos, comisiones vecinales, centros de estudiantes, organizaciones campesinas, movimientos feministas deben discutir esta grave situación que vivimos y poner en marcha planes de lucha para adoptar estas y otras medidas que están a nuestro alcance, que estamos a tiempo de ejecutar y que depende de nuestras acciones.

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