La posición de los marxistas revolucionarios frente al conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela no puede ni debe ser encarada desde el ángulo de los hechos que aparentemente lo han detonado: el cierre de las fronteras a lo largo de casi todo el límite entre ambos países y la deportación de miles de inmigrantes colombianos por parte del gobierno de Maduro. Si bien ambos países son semicoloniales y ambos gobiernos son burgueses, Colombia y Venezuela son países políticamente diferentes.
Desde la firma con Estados Unidos del Plan Colombia en 2001, Colombia se convirtió en el portaaviones político y militar del imperialismo yanqui en la región. En su territorio hay siete bases militares estadounidenses reconocidas, pero en realidad hay doce, y los Estados Unidos disponen de permiso para usar «en caso necesario» todos los puertos y aeropuertos del país con fines bélicos. La base de Palanquero ha sido modernizada para que desde ella puedan operar aviones de guerra de última generación capaces de alcanzar todo el Sur del continente, controlar el Atlántico e intervenir en África.
Las fuerzas armadas colombianas, con 500.000 efectivos, son las más numerosas de Sudamérica. Han sido y son entrenadas, equipadas y financiadas por los yanquis; el monto de la «ayuda» de Estados Unidos destinada a ello es el tercero mayor del mundo, sólo superado por las que le brinda a Israel y Egipto; sus recursos tecnológicos de última generación son manejados directamente por personal estadounidense, y en varias bases hay instalaciones cuyo acceso está vedado a los militares (y civiles) colombianos.
La subordinación militar de Colombia al imperialismo yanqui se desarrolló al máximo durante los gobiernos de Uribe y del actual presidente, Santos, que había sido ministro de Defensa de aquél. En 2009 se reunieron el jefe del ejército colombiano y el comandante militar de la OTAN, la mayor entidad militar imperialista contrarrevolucionaria del planeta, para acordar el establecimiento de bases militares de esa organización y, aunque el acuerdo quedó congelado por objeciones de la Justicia colombiana, siguió en pie el ofrecimiento colombiano de enviar «asesores» y «tropas de paz» para las operaciones de la OTAN al servicio, por ejemplo, de la política yanqui contra Rusia en Ucrania. Y Santos pactó un nuevo convenio de cooperación militar con Esatdos Unidos, que se firmará en marzo de 2016.
Las fuerzas armadas y los servicios de Inteligencia colombianas ya han operado fuera de sus fronteras violando la soberanía de países vecinos cuyos gobiernos no se someten servilmente a Estados Unidos. En 2004, capturaron en territorio venezolano al dirigente de las FARC Rodrigo Granda. En 2008, en una operación conjunta yanqui-colombiana, bombardearon territorio ecuatoriano —donde el presidente Correa había obligado a los yanquis a desmantelar su base militar en Manta— para masacrar a los guerrilleros de las FARC allí refugiados.
También en el terreno político los gobiernos colombianos son agentes del imperialismo. Para no dar más que un ejemplo, en 2002 concedieron asilo político a Pedro Cardona, quien había sido proclamado presidente por el golpe de estado contra Chávez propiciado desde Washington. Finalmente, en el terreno económico, Colombia firmó con Estados Unidos un tratado de libre comercio que profundiza la semicolonización del país por el imperialismo yanqui.
En Venezuela no hay bases militares norteamericanas y sus fuerzas armadas no reciben dólares ni entrenamiento de Estados Unidos. Desde la asunción de Chávez, el gobierno venezolano independizó políticamente al país del imperialismo yanqui. Junto con el brasileño y el argentino, en la IV Cumbre de las Américas (realizada en Mar del Plata, Argentina, en 2005) hizo fracasar el proyecto estadounidense de imponer en toda Sudamérica un tratado colonizante de libre comercio, el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas).
Venezuela ha sido agredida sistemáticamente por los yanquis: instrumentación y apoyo al golpe militar de 2002 contra Chávez; apoyo político, financiero y mediático a la oposición proimperialista; sanciones económicas (congelación de cuentas bancarias) y diplomáticas (retiro de visados) a funcionarios venezolanos); declaración de Venezuela como amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, etcétera.
En síntesis, Colombia es la punta de lanza política y militar del imperialismo yanqui en Sudamérica, mientras que Venezuela es un país política y militarmente independiente del imperialismo. El peor peligro para los trabajadores de los dos países son el imperialismo yanqui, los gobiernos colombianos serviles a éste —desde el de Pastrana (1998-2002) hasta el actual— y las bases militares yanquis y las fuerzas armadas colombianas, que son la herramienta contrarrevolucionaria que intentará aplastar a sangre y fuego cualquier levantamiento obrero y popular que amenace al sistema capitalista y al dominio semicolonial yanqui a uno u otro lado de la frontera. La política marxista revolucionaria no puede ignorar o poner en un segundo plano esta realidad; por el contrario, debe tomarla como punto de partida para responder a esta coyuntura.
Un segundo elemento fundamental de la situación actual es la dinámica de la economía mundial. La relación de los dos países con el mercado mundial sigue siendo sustancialmente la de ser exportadores de materias primas. Sus respectivos gobiernos, aunque el venzolano pregone un «Socialismo del Siglo XXI», son defensores del sistema capitalista semicolonial, y por eso fueron inacapces de aprovechar la década de altísimos precios de esas commodities para sacarlos del subdesarrollo. Hoy, el colapso de aquellos precios, especialmente del petróleo y de la minería, es el detonante de crisis económicas a uno y otro lado de la frontera, y esas crisis devienen en crisis políticas.
El régimen venezolano ve desmoronarse la economía del país y, como todo gobierno burgués, el de Maduro avanza en medidas de «ajuste» contra las conquistas logradas por las masas durante el anterior período de «viento de cola» de la economía mundial. La creciente impopularidad de esas medidas amenaza al régimen con una derrota electoral.
En Colombia, si bien la crisis no es tan aguda como la venezolana, se produjo un duro enfrentamiento entre diferentes sectores de la burguesía, que giró en torno de las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC: el gobierno de Santos trataba de llevarlas a buen puerto desarmando a las FARC; el sector representado por Uribe se oponía a las negociaciones y postulaba el aplastamiento militar de las guerrillas. Si bien el uribismo ha ido aceptando a regañadientes el plan de paz, hay un serio conflicto económico derivado de éste: los acuerdos gobierno-FARC sobre la «reforma agraria» y las «tierras improductivas», que los terratenientes —que constituyen una de las bases más sólidas del uribismo— ven como una amenaza a sus propiedades.
El detonante de la situación actual fue la muerte de tres militares venezolanos en un enfrentamiento con traficantes colombianos en la frontera. La respuesta de Maduro fue el cierre y militarización de la frontera —primero en algunos departamentos y luego a lo largo de casi toda su extensión—, el establecimiento del «estado de excepción» y la expulsión de colombianos en situación «ilegal», esto último con el argumento de que Venezuela no estaba en condiciones de afrontar el costo que significaba para su economía mantener tantos extranjeros recibiendo alimentos, combustible, etcétera a precios subsidiados, que luego eran contrabandeados a Colombia a precios muy superiores.
La expulsión de colombianos dio lugar a una campaña unánime de todos los sectores de la burguesía colombiana, desde el presidente Santos hasta el ex presidente Uribe, su actual y feroz adversario, en defensa de los «derechos humanos» de los expulsados. Lejos estamos de defender las expulsiones, pero lo primero que un revolucionario debe denunciar es que quienes han violado masivamente los derechos humanos han sido los gobiernos colombianos por la miseria en la que hundieron al pueblo y por los asesinatos masivos que marcaron los enfrentamientos contra las guerrillas del ejército y sus aliados paramilitares.
Aunque hay diferentes estimaciones, se calculan en unos seis millones los colombianos «desplazados» dentro del propio país, en centenares de miles los que emigraron a Ecuador, y en más de cinco millones los que residen en Venezuela. Hasta las recientes expulsiones, los gobiernos de Chávez y de Maduro habían acogido a esos inmigrantes, incluso promulgando leyes y abriendo oficinas para que pudieran regularizar su situación en el país.
Están en curso conversaciones diplomáticas y propuestas de mediación de gobiernos sudamericanos; además, por el momento el imperialismo yanqui (con el apoyo incondicional del papa Francisco) apuesta a la combinación de la diplomacia y las negociaciones con la penetración económica para triunfar en tres de sus objetivos fundamentales para Sudamérica: desarmar a la única guerrilla que sobrevive en la región, restaurar el capitalismo en Cuba de la mano de los hermanos Castro y liquidar la independencia de Venezuela por la vía «democrática», es decir, que la oposición burguesa proimperialista a Maduro gane las elecciones. Esto aleja la posibilidad de que el conflicto fronterizo escale a un enfrentamiento militar. Pero no la elimina: no se puede descartar que cualquiera de los dos gobiernos opte por «resolver» sus problemas económicos y políticos con acciones militares que les srivan unificar el frente interno y pedir «sacrificios» a las masas apelando a las invocaciones al patriotismo.
Los marxistas revolucionarios sostenemos que los trabajadores no tienen patria, somos internacionalistas proletarios y nos oponemos a que los trabajadores colombianos y venezolanos terminen masacrándose entre ellos al servicio de sus respectivas «patrias» burguesas. Pero precisamente porque somos internacionalistas, somos luchadores intransigentes contra el imperialismo, que es el estado mayor, económico, político y militar del capitalismo explotador de los obreros y los pueblos pobres del mundo entero.
Por eso, la política revolucionaria debe ser defender a una Venezuela independiente frente a una Colombia agente política y militar del imperialismo yanqui en América del Sur. Consecuentemente con ello, en caso de conflicto militar entre ambos países, independientemente de quién lo haya iniciado, nuestra posición será la de preconizar una misma política antiimperialista a ambos lados de la frontera: el proletariado venezolano debe defender a su país; el colombiano debe asumir una política de derrotismo revolucionario: luchar por la derrota de su propio país.
La defensa de Venezuela no implica en modo alguno el apoyo político al gobierno de Maduro ni al régimen inaugurado por Chávez. Le reconocemos a Venezuela el derecho a impedir el contrabando de combustible y alimentos subsidiados por el Estado para ser revendidos a precios muchísimo más elevados en Colombia. Le reconocemos el derecho a expulsar de su territorio a los colombianos que colaboren con los paramilitares que proliferan al otro lado de la frontera o con el ejército colombiano. Pero nos oponemos a la expulsión de los colombianos «ilegales» que no estén comprometidos con los paramilitares ni sean agentes del gobierno o de los militares colombianos; por el contrario, defendemos que Venezuela debe abrir más que nunca sus fronteras y recibir como hermanos latinoamericanos a todos los colombianos que quieran radicarse allí. ¡Ésta es la mejor manera de dar un contundente mentís a la hipócrita campaña patriotera del gobierno y la burguesía colombiana y de ganar a millones de colombianos para la defensa de una Venezuela independiente frente a una Colombia agente del imperialismo yanqui!
También nos oponemos de manera absoluta a la implantación por el gobierno venezolano del «estado de excepción» porque sabemos, por incontables experiencias con gobiernos «nacionalistas burgueses», que cualquier limitación general de las libertades democráticas puede ser y será usada por el gobierno de Maduro contra las luchas y movilizaciones de los trabajadores venezolanos.
También nos oponemos de manera absoluta a la implantación por el gobierno venezolano del «estado de excepción» porque sabemos, por incontables experiencias con gobiernos «nacionalistas burgueses», que cualquier limitación general de las libertades democráticas puede ser y será usada por el gobierno de Maduro contra las luchas y movilizaciones de los trabajadores venezolanos.
En el terreno interno, denunciamos al gobierno de Maduro porque no toma medidas revolucionarias para solucionar la crisis económica de manera favorable a los trabajadores y el pueblo pobre, empezando por la expropiación de los bancos y entidades financieras privadas que mantienen el control de la economía nacional en manos del capital financiero dominado por los imperialistas mientras se llenan los bolsillos con el saqueo del país. Denunciamos a los partidarios del castro-chavismo y a los burócratas sindicales que llaman a los trabajadores a no luchar por sus propios intereses porque según ellos, eso equivaldría a «hacerle el juego a los yanquis y a la oposición burguesa proimperialista».
Contra el gobierno de Maduro y todos los sectores de la gran burguesía venezolana, sean opositores o pro gobierno, propiciamos la movilización independiente de la clase obrera colombiana en defensa de sus condiciones de vida y de trabajo para que se haga permanente y culmine con la toma del poder por el proletariado. Y mantendremos esta línea de movilización independiente incluso si el conflicto con Colombia se escala, llamando a no confiar en la dirección de Maduro ni en el ejército venezolano para derrotar al frente yanqui-colombiano, y a reclamar y poner en práctica, como única garantía de triunfo, el armamento del proletariado.
Con tanta más razón preconizamos que la clase obrera colombiana no debe dejarse arrastrar por el patrioterismo proimperialista. Por el contrario, debe luchar contra su propio gobierno, que entregó la economía del país a los monopolios imperialistas yanquis a través del Tratado de Libre Comercio, al que defendió reprimiendo ferozmente el paro de los campesinos condenados a la ruina, y que también está aplicando planes de ajuste contra los trabajadores, que se enfrentan a la resistencia de éstos, emblematizada por el reciente paro nacional masivo de los trabajadores de la educación. En relación al conflicto fronterizo en curso, llamamos a los trabajadores colombianos a pronunciarse categóricamente por la defensa de Venezuela, lo que significa, de manera concreta, luchar en primer lugar por la expulsión de las bases militares yanquis.
Los marxistas revolucionarios luchamos por las relaciones fraternales entre todos los pueblos del mundo, en este caso, de los latinoamericanos. Pero más allá de episódicos acuerdos entre gobiernos, ellas no estarán garantizadas mientras éstos defiendan el sistema capitalista (no importa si en su forma «neoliberal» o «populista», o si se autodenomina «capitalismo humanizado» o «Socialismo del Siglo XXI», para usar el engañoso lenguaje de moda), es decir, mientras estén al servicio de las respectivas burguesías y sometidos a la semicolonización imperialista.
La fraternidad entre los pueblos sólo se podrá lograr por la acción revolucionaria de la clase obrera, la única clase social que, como dice el Manifiesto Comunista, «no tiene nada que perder, sino sus cadenas». Es tarea del proletariado de América latina derrocar a través de su movilización permanente, de su insurrección, el poder de la burguesía, tomar el poder en sus propias manos apoyándose en el campesinado y el pueblo urbano pobre, acabar con las fronteras nacionales establecidas por los capitalistas y unir fraternalmente a todos nuestros países en una Federación Socialista Latinoamericana.
Perspectiva Marxista Internacional
Octubre de 2015
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