18/4/20

El coronavirus desnuda la desigualdad en el país líder del capitalismo mundial


Uno de los grandes gurúes de las finanzas, Robert Kiyosaki, publica el 13 de abril un tweet donde expresa su desesperación por la situación de los EE.UU.:

«Millones están en quiebra. Disturbios civiles en puerta. El ejército y la policía toman posición para protegernos de nuestros amigos y vecinos. Muy triste. Que Dios tenga piedad de nosotros.» @theRealKiyosaki

El temor no es exagerado. El desempleo supera al que hubo durante la recesión del 2008 y todos los pronósticos indican que va a ser el peor de la historia.

Hoy ya son 16 millones los que quedaron sin trabajo y que piden ayuda al gobierno y el paro no para de crecer. En apenas dos semanas, 10 millones de trabajadores perdieron el empleo, a los que en pocos días se les sumó otros 6 millones, el desempleo está en el nivel más alto desde la Gran Depresión de 1929 según el New York Times y supera de lejos a la última crisis económica del 2007.

Los despedidos no reciben ninguna indemnización de las empresas. Decenas de millones pasaron de la pobreza a la extrema pobreza al no poder pagar el arriendo de la vivienda ni poder comprar comida, los niños pobres sobreviven del almuerzo escolar en algunos estados.

Grandes productoras de alimentos como las empresas lácteas o las que procesan papas fritas no pueden vender ya que cerraron los restaurantes de comidas rápidas -sus principales clientes- entonces tiran comida a la basura, esto resulta menos oneroso que donar a los comedores populares, así evitan los costos de refrigeración, transporte y estiba. Hambre y despilfarro, dos caras de la misma irracionalidad capitalista.

La amenaza a la vida de los trabajadores viene como una pinza, por un lado la emergencia alimentaria y, por el otro, la precaria atención sanitaria. El sistema de salud en los EEUU es el más costoso del primer mundo y el que menor alcance tiene en su población. Además, Trump ha tenido la política de precarizarlo incluyendo recortes al Centro de Control de la Enfermedad (CDC), institución encargada de paliar epidemias. Estos recortes van en línea con la política de Trump de dar subsidios y beneficios impositivos al 1% de la clase dominante.

La pandemia del coronavirus desnuda la desigualdad del sistema en la nación líder del capitalismo. Unos 27 millones de estadounidenses no tienen cobertura de salud y los que tienen seguros, deben igual asumir unos costos (aranceles básicos deducibles) que se han incrementado en los últimos tiempos en más del 160%.[1] Casi la mitad de los estadounidenses se declararía insolvente en caso de un gasto no planeado de más de 400 US$ en cualquier enfermedad.

En varias regiones de EE.UU. los índices de mortalidad no reflejan la demografía de su población. Por ejemplo, en Alabama, el 44% de los muertos son negros mientras que la población negra del estado es solo de 26%. Si bien Louisiana tiene una población negra del 33%, el 70% de los muertos por coronavirus son negros. Cifras similares se presentan en Chicago con 67% de la población afroamericana muerta aunque este grupo racial solo constituya el 32% del total. Las muertes en Detroit son en un 40% de negros aunque solo sean el 14% de la población.[2]

Hispanos y afroamericanos constituyen los sectores más pobres, más vulnerables, más explotados y más discriminados en este país.

El paquete de estímulo económico de Trump, con apoyo bipartidista, es de 2.2 trillones de dólares[3]. De este rubro destina una ínfima parte a la atención de los millones de personas que se han registrado como desempleados en las últimas semanas, a los que el gobierno da un cheque de 1.200 dólares a cada ciudadano mientras que otorga 500 mil millones de ayuda financiera a corporaciones como aerolíneas y otras empresas que solicitaron ayuda por la pandemia.

El empleo informal ha proliferado con la flexibilización y precarización laboral de la última década. A raíz de la crisis del 2008, muchos empleos pasaron de ser de tiempo completo a part-time. Esto empleos son de forma abrumadora ocupados por negros y latinos, quienes perciben salarios bajos, sin seguro médico, ni vacaciones, ni días libres por enfermedad. Estos trabajadores en su mayoría no tienen vehículo propio, por lo cual deben viajar en transporte público, principal espacio de contagio del covid-19. Además, los inmigrantes ilegales tienden a no acudir al médico por miedo a las deportaciones, lo cual implicaría que el número de contagios y muertes sería mucho más alto que los que indican los registros oficiales.

Para el partido demócrata, el partido capitalista más antiguo del mundo, el voto de los afroamericanos es fundamental en su campaña proselitista con miras a las elecciones presidenciales donde Donald Trump se posiciona como favorito. Joe Biden, el presidenciable liberal quien otrora fuera vicepresidente en la era Obama, es uno de los abanderados de «reabrir la economía» o, para entenderlo en su traducción de clase, mandar a los trabajadores a morir por el capital.

Muchas empresas no han parado de funcionar, pero en ellas no se tomaron las mínimas medidas de seguridad para con los trabajadores. Amazon no cesó operaciones pese a que varios obreros en más de 70 depósitos en el mundo dieron positivo al test. Mientras los trabajadores se ven obligados a trabajar en condiciones paupérrimas, las acciones de Amazon subieron 23% desde abril de 2019. Jeff Bezos dueño de Amazon, en los tres primeros meses del 2020 aumentó su fortuna en 24 mil millones de dólares y el valor de esta empresa alcanza los $1.1 trillones de dólares, similar al producto interno bruto de México en 2019.

En Sioux Falls, South Dakota, en una fábrica de Smithfield Foods, el mayor productor de carne porcina del país, 634 obreros dieron positivo al coronavirus[4]. Los obreros denunciaron que medidas sanitarias no fueron puestas en práctica por la patronal, quien se rehusaba a cerrar la fábrica en medio de la infección masiva. Tyson Food, líder en la industria cárnica, no proveyó de mascarillas a sus obreros en una planta en Iowa hasta que dos de sus trabajadores murieron del virus.

EE.UU. tiene suficientes recursos como para brindar asistencia sanitaria integral y de calidad a toda la población. Así también está en condiciones de subsidiar a todos los trabajadores por varios meses para que no salgan de sus casas y evitar contagios. Que el gobierno no lo haga no es una cuestión de falta de recursos sino de la gestión capitalista de los mismos.

El ejemplo de Irlanda es paradigmático, nacionalizar todos los hospitales privados durante la pandemia para que toda la población tenga acceso a los servicios de salud.

Las empresas productoras de alimentos deben estar bajo gestión del Estado y control de los trabajadores para que nadie pase hambre en el país. 

 La vida de los trabajadores por sobre las ganancias de los capitalistas. No a la vuelta al trabajo hasta que cese la pandemia. Salario mínimo para todos los desempleados. Los sindicatos deben defender la cuarentena y no reclamar volver al trabajo y morir en las fábricas.

 El gobierno y los empresarios no defienden a la población. El temor capitalista es que los trabajadores tomen en sus manos la protección de la vida, por eso uno de los periódicos más conservadores de los EE.UU., Bloomberg.com, advierte muy preocupado: «El cliché más engañoso sobre el coronavirus es que nos trata a todos por igual. No lo hace, ni médica ni económicamente, social o psicológicamente. En particular, Covid-19 exacerba las condiciones preexistentes de desigualdad donde sea que llegue. En poco tiempo, esto causará agitación social, hasta e incluyendo levantamientos y revoluciones»[5]. 

14/4/20

La pandemia y el peor sistema de salud de Sudamérica



El país y todo el continente están sumidos en una profunda crisis sanitaria, económica y social, generada por un explosivo cóctel de enfermedades, desempleo, hambre, pánico y abuso represivo. ¿Qué hacer? Como siempre, toda discusión ante una situación semejante pasa por la lucha de clases. No pensamos lo mismo los trabajadores que los explotadores.

En el Paraguay, apenas estamos saliendo de la epidemia del Dengue que tuvo 150 mil notificaciones, 14 mil infectados y 51 muertos cuando entramos en la pavorosa pandemia del Coronavirus. El país tiene un prolongado déficit en salud, los hospitales no están equipados; la cantidad de unidades de terapia intensiva, no cumple ni con el 50% de las recomendaciones de la OMS; está en el umbral más bajo en las pruebas para detectar el Coronavirus.

Las medidas de aislamiento solo son represivas, prohibición de salir de las casas, pero el 71% de los trabajadores laboran de manera informal y a esto se le suma el masivo despido en las empresas. Sin dinero, sin comida y con miserables y muy restringidas ayudas del Estado, los trabajadores nos aproximamos al desastre.

Para colmo, el gobierno aprovecha para endeudar aún más al país y los empresarios afilan colmillos apurando la contrarreforma laboral para recortar todos los beneficios sociales.

El gobierno y los empresarios tienen una receta consistente en un plan de ajuste y reforma-achicamiento del Estado con la clara intención de que seamos los trabajadores los que pongamos el hombro y vaciemos los bolsillos para responder a la presente situación.

Sacar dinero de los pobres y aprovechar para favorecer los intereses empresariales son las consignas oficiales, de esta manera quieren que los trabajadores congelemos o incluso que bajemos nuestros salarios, que no tengamos ninguna prestación social y que la nueva ley permita que se nos despida fácilmente y sin indemnización, ya que estas «cargas sociales» representan «rigideces» para las patronales.

Nosotros pensamos diferente: que los privilegiados de siempre son los que tienen que aportar en esta emergencia, que se debe poner freno al despilfarro de los recursos en manos de los poderosos, que se debe invertir en los servicios públicos, que se debe garantizar empleo y salarios acordes a todos los trabajadores. La reforma de Estado que se necesita es todo lo contrario de lo que dicen los empresarios, la prensa y el gobierno.

Los trabajadores no somos responsables de la crisis económica ni de la precaria organización de la salud pública que la hace inútil frente a la epidemia.

En el país contamos con muchos recursos para enfrentar esta crisis, se trata de movilizar los medios que están a nuestro alcance, para eso es menester la actitud combativa y firme de los trabajadores y sectores populares para empujar y que se eche a andar un potente plan nacional de emergencia. Más que nunca todo depende de la voluntad política para atender a los enfermos y evitar el hambre de la población.

El Estado paraguayo es el que menos cobra impuestos a los millonarios en toda América. Aun así, el gobierno anunció la suspensión del cobro de impuestos, beneficiando especialmente a los ricos, que ya pagan un irrisorio Impuesto a la Renta Personal (IRP) del 10% igual que el pobre vendedor del puesto de panchos de la esquina, mientras el grueso de los ingresos estatales vienen del IVA que grava el consumo popular.

El gobierno paga puntualmente la deuda externa al capital financiero internacional y tiene décadas de no pago de su deuda con la seguridad social de los trabajadores, el Instituto de Previsión Social.

El Ministerio de Hacienda transfiere al Instituto de Previsión Social el dinero para pagar las indemnizaciones a los empleados que las empresas despiden en la cuarentena. Subsidio a las patronales.

La epidemia del Coronavirus, como la de la influenza o el dengue, nos indica que es indispensable y urgente poner los recursos del país al servicio de los trabajadores y el pueblo, al revés de lo que propone el gobierno respecto al Estado.

No se trata de achicar el Estado sino de aumentar el presupuesto de salud, más hospitales, unidades de terapia intensiva, equipamiento moderno y adecuado, incorporación de trabajadores.

La salud implica también una amplia dimensión educativa de promoción y prevención, pero la educación en el país tiene uno de los peores niveles de América Latina y se necesita una gran inversión en infraestructura, materiales educativos y contratación de docentes.

Los recursos no son un problema económico sino político. El Paraguay dispone del dinero para invertir en la población, el problema es la irracional distribución del mismo.

El dinero que se necesita está en los millones de dólares que se paga en intereses de la deuda externa, en los impuestos que no se cobran a los ricos empresarios del Paraguay -los más privilegiados del continente- está en los salarios escandalosos de los jefes de las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyreta, en las dietas ridículas de los parlamentarios y de los altos funcionarios estatales.

La prevención del contagio es la mejor estrategia frente a la pandemia y para garantizar las medidas del aislamiento es fundamental brindar las condiciones adecuadas, dada la altísima informalidad en la situación laboral de los trabajadores y la necesidad de garantizar alimentación a las familias pobres que hacen lo que pueden con ollas populares.

Los supermercados y farmacias aprovecharon la emergencia sanitaria e inflaron de golpe todos los precios del stock logrando ganancias multimillonarias.

Hace falta nacionalizar las principales empresas productoras de alimentos básicos y las cadenas de supermercados para garantizar precios bajos y provisión oportuna a toda la población.

Las cadenas de farmacias deben pasar bajo el control del Estado para asegurar el acceso a todos los insumos básicos para enfrentar la pandemia.

Subsidio por desempleo equivalente al salario mínimo para todos los trabajadores despedidos o con el cese temporal del contrato de trabajo.

Subsidio mensual equivalente al salario mínimo para los trabajadores informales y para los cuentapropistas que han tenido que dejar de trabajar en el período de cuarentena.

Los hospitales privados cobran onerosas cuotas y varias instituciones estatales «aseguran» a sus funcionarios en estas empresas que se desentienden de las epidemias. El Estado debe proceder a la nacionalización de los mismos.

Todos los recursos del Estado deben estar al servicio de la salud y la sobrevivencia. Las fuentes de ingresos disponibles son abundantes: reservas monetarias que hoy se usan para pagar deuda externa, contamos con los royalties de Itaipú (300 millones de dólares anuales) y debemos hacer de inmediato una urgente reforma tributaria: quien más gana debe ser el que más paga.

Las medidas políticas que los trabajadores debemos exigir son:

Suspensión del pago de la deuda externa.

Reducir los salarios de Itaipú y Yacyretä a la media de la función pública.

Priorizar el dinero de los royalties de Itaipú para la construcción de unidades de terapia, hospitales y compra de respiradores.

Reducción de salarios de altos funcionarios de los tres poderes del Estado para conformar un fondo de recursos necesarios para combatir la pandemia. Eliminación de los viáticos millonarios y de los cupos de combustibles gratuitos a los altos funcionarios y parlamentarios. Ningún funcionario debe ganar más de 5 salarios mínimos.

Que las 8 familias más ricas del Paraguay (los Vierci, Cartes, Wasmosy, Zuccolillo, Saba, Favero, Riquelme, Harrison) tengan un impuesto extra en esta coyuntura de lucha contra el Covid19

Provisión gratuita de insumos a todas las ollas populares que se organicen.

Pasaje gratuito para todos los que te tienen que trasladarse a cubrir los puestos indispensables en esta emergencia.

Sistema civil de guardias organizadas por las comisiones vecinales y sindicatos para garantizar la cuarentena en los barrios.

Todos los sindicatos, comisiones vecinales, centros de estudiantes, organizaciones campesinas, movimientos feministas deben discutir esta grave situación que vivimos y poner en marcha planes de lucha para adoptar estas y otras medidas que están a nuestro alcance, que estamos a tiempo de ejecutar y que depende de nuestras acciones.

Hay un enemigo más peligroso que el COVID-19




1. El virus COVID-19 avanza en todo el planeta en contagios y víctimas mortales, un virus nuevo, al que la ciencia no le encontró un tratamiento efectivo para paliar sus consecuencias en la salud. Se calculan dieciocho meses, o más, el tiempo necesario para obtener la vacuna. Mientras tanto, aislamiento social y cuarentena, que implica la semiparálisis de la actividad económica mundial, liquida millones de empleos, pone en peligro el nivel de los salarios y la capacidad de consumo de la familia trabajadora.
2. La colaboración científica internacional para encontrar tratamientos y vacunas choca contra una primera y poderosa muralla: la concentración de la investigación en manos de los oligopolios que dominan los laboratorios y la industria de los fármacos (25 empresas controlan aproximadamente el 50% del mercado mundial farmacéutico).
3. El actual monopolio del negocio de medicamentos se convierte en otra amenaza en medio de la pandemia, en particular para los trabajadores de las potencias imperialistas y para los pueblos de los países atrasados. No solo por el nivel de vulnerabilidad (desnutrición, hambre, enfermedades endémicas y laborales, etcétera) para enfrentarla, sino también por su capacidad limitada de acceso a los medicamentos, tratamientos o vacunas.
4. Es suficiente un solo ejemplo para graficar la política criminal implementada por estos pulpos mundiales de la industria de los medicamentos:

 Hace menos de un año, en 2019, el imperio farmaceútico Purdue Pharma se declaró en bancarrota. El quiebre de la empresa fue el método elegido para enfrentar miles de demandas estatales y federales en su contra por la responsabilidad en la epidemia de adicción a los analgésicos u opioides sufrida por una inmensa porción de la población trabajadora en los Estados Unidos. En un informe dado por el Congreso, se señaló la magnitud de la emergencia de salud, en una ciudad minera de Virginia, Williamson, de solo 3000 habitantes, se vendieron 20 millones de estos analgésicos en el término de 10 años (2006-16). Pero esta catástrofe también se midió en muertes: más de 218.000 durante ese lapso en el país, solo por sobredosis de estos opioides.El mercado farmacéutico mundial ya superó en ganancias a la venta de armas y de comunicaciones. En cuestión de daños producidos en la población logra cifras equiparables con la industria militar. Es escandaloso y trágico al mismo tiempo que el negocio “de la salud” logre récords de muertes comparables a los de una industria al servicio de la destrucción, que acelera y promueve la carrera armamentista y las guerras en el planeta. Es un viejo logro del capitalismo, agudizado en las últimas tres décadas. La crisis de salud de los opioides en los Estados Unidos obligó a comparar las cifras de muertos de la larga década de guerra de Vietnam, en total 58.220 estadounidenses, y también de otras guerras como la de Irak y Afganistán, con las 400.000 muertes causadas por sobredosis de opioides desde mediados de los años 90. Hoy el nombre de Sackler, propietarios de Purdue Pharma y a la vez una de las 20 familias más ricas de Estados Unidos, es borrado de todas las instituciones universitarias, centros de investigación y filantrópicos a los cuales los llamados “Medici del siglo XX” aportaban fondos, y donde establecían relaciones de utilidad para sus intereses. Los Sackler también pagaron sumas millonarias a más de 60 mil médicos en todo el país, en comidas, viajes y honorarios, para lograr que su opioide fuera recetado. La fortuna de la familia creció a la par del consumo de estos medicamentos y de la catastrófica epidemia con una magnitud de muertes sin precedentes.

 5. La industria farmacéutica abarca diferentes ramas de la investigación científica: desde biología, microbiología, bioquímica, ingeniería, farmacología, medicina y enfermería hasta física. No puede prescindir de la investigación ni de los investigadores, porque los necesita tanto como a su sector productivo, de marketing y de representación médica.
6. Uno de los argumentos que defienden estos oligopolios para sostener el sistema de patentes de los medicamentos son los gastos que insume la investigación. Sin embargo, la mayor parte de este costo recae en los Estados, en los fondos públicos que financian más del 80 por ciento de la investigación, mientras que solo un 12 o 15 por ciento corresponde al capital privado. Además, todas estas empresas mienten sobre los reales costos que insume la investigación de un nuevo medicamento; varias instituciones y publicaciones como el British Medical Journal han refutado estos valores.
7. La industria de fármacos actúa como la industria militar o de chips para computadoras: se apropia de la materia prima en los países atrasados, instala sus plantas industriales donde la mano de obra es más barata y vende sus productos en los países más ricos, donde los servicios de salud están más desarrollados.
8. Las potencias imperialistas dominan esta industria, en particular los Estados Unidos, que protege a sus empresas de la competencia en investigación, innovación y desarrollo, en la apropiación de ganancias por medio del sistema de patentes y en el control de las cadenas de comercialización.

 Enfrentamos una pandemia que cobra cientos de miles de víctimas en el mundo, y en particular en los sectores sociales más vulnerables bajo la dominación de políticas de salud pública dirigidas por compañías y laboratorios farmacéuticos. La concentración económica lograda en esta industria la convierte en un importante factor de poder en el conjunto de decisiones políticas de las potencias imperialistas.

 Es un poder económico que domina no solo a los gobiernos, sino también a los organismos que deberían controlar la investigación y producción de fármacos. Es una industria que hace sus negocios y obtiene sus ganancias con la enfermedad. Se calcula que “el 90% del presupuesto dedicado por las farmacéuticas para la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos está destinado a enfermedades que padece un 10% de la población mundial (cáncer, artrosis, diabetes, trastornos de lípidos, hipertensión)”.

 The Times publicó el proyecto de una de las tantas vacunas en desarrollo contra el COVID-19, de un equipo de investigación de la Universidad de Oxford dirigido por la profesora Sarah Gillbert. Una primera versión de la vacuna podría ser lanzada en el mes de septiembre, pero Gillbert advierte que el gobierno del Reino Unido y los gobiernos de todo el mundo “deberían ya invertir cientos de millones para fabricar millones de dosis incluso antes de que los estudios [previos a la aplicación masiva] concluyan”. También señaló que “las vacunas no reciben suficiente inversión. Son la intervención sanitaria más rentable, pero se pasan por alto. Muchos de nosotros hemos estado diciendo durante años que necesitamos más vacunas contra estos brotes de patógenos y que tenemos que ser capaces de movernos más rápido cuando hay una nueva pandemia”.

 Los trabajadores no debemos desconocer estas advertencias, y las implicancias que supone no liquidar de una vez y para siempre el negocio de la salud. No es cierto que podemos esperar tranquilos la llegada de la vacuna. La manipulación de datos en los ensayos clínicos y en los efectos adversos de ciertas drogas, y la infinidad de mecanismos usados por estos mercaderes de la enfermedad han sido ampliamente documentados y denunciados por los trabajadores de los centros de investigación, de universidades, científicos, periodistas, abogados y profesionales médicos; también por instituciones y publicaciones.

 No es cierto que podamos compararnos con los efectos sufridos por las pandemias de la Edad Media, porque los avances científicos se han desarrollado al nivel de poder controlar los efectos devastadores de los virus; además, muchos de los coronavirus vienen siendo estudiados en laboratorios desde hace décadas. El problema está en la vigencia de las reglas impuestas por el sistema capitalista, que mientras incentiva la investigación y la innovación, hace que los avances que se logran en las ciencias y en la técnica sean apropiados por el capital privado. El proceso de concentración económica jugó a favor de una mayor apropiación y desvío de inversiones hacia proyectos más rentables económicamente y no dirigidos a cubrir las necesidades de bienestar físico y de salud de la población.

 El caso de la crisis de sobredosis de opioides fue una de las recientes manifestaciones de la crueldad de estos mercaderes capitalistas de la medicina, expandida en el país que protegió su ascenso económico y político a nivel mundial, y cuya principal víctima fue la clase obrera estadounidense.

 La lucha por la defensa de un sistema nacional de salud es la bandera que implica la liquidación de los negocios que tienen a la enfermedad como mercancía, y a los trabajadores como sus principales víctimas.

11/4/20

Programa de emergencia: contra Duque y los ricos, en defensa de la vida, la salud, el empleo y la subsistencia digna


La primera gran catástrofe mundial del siglo XXI está en curso, aunque no podemos pronosticar la profundidad de su impacto, ha puesto al descubierto la decadencia y putrefacción de un sistema económico y social que por su sed desmedida de ganancia nos está llevando a la barbarie: EL CAPITALISMO.

Ellos, los capitalistas, los ricos y poderosos se preparan para salir de las crisis, descargándola sobre los hombros de los millones de trabajadores y pobres del mundo entero. Se equivocan quienes creen que la amenaza de extinción de la humanidad los hará reflexionar compartiendo sus monstruosas riquezas. Como nos indica el himno de los trabajadores -La Internacional-, la salvación de los trabajadores será obra de nuestras propias manos: “No más salvadores supremos, ni César, ni burgués, ni Dios, nosotros mismos haremos, nuestra propia redención”, esta es una verdad que la historia ha comprobado una y otra vez, por ello les proponemos levantar y defender como clase trabajadora el siguiente programa para enfrentar esta emergencia: 

1 - Para enfrentar la pandemia

• Todos los recursos del sistema de salud tanto público como privado quedan a disposición total para atender la pandemia y otros problemas de salud que no den espera. En consecuencia, todo el sistema de salud (incluidas EPS e IPS) así como las empresas nacionales y extranjeras que producen y comercializan servicios y productos de salud, incluidos medicamentos, pasan de inmediato a control del Estado, y les queda prohibido el ánimo de lucro, deben funcionar sólo con criterio social y eficiente para resolver la crisis. Por tanto, todo ciudadano deberá ser atendido gratuitamente, por cualquiera de esas entidades sin importar si está afiliado o no a determinada EPS o medicina prepagada. Los privados que se opongan a estas medidas, serán expropiadas sin indemnización y pasaran a control del estado.

• Todas las industrias que puedan reconvertirse o que técnicamente ya estén en condiciones de producir recursos que sean requeridos por el sistema de salud, deben colocarse de inmediato a su disposición. El gobierno deberá garantizar un inventario de necesidades, y emitir una orden de producción a estas industrias. Esta producción de emergencia será con criterio social, sin ánimo de lucro. Esto incluye: mascarillas, tapabocas, gel antibacterial, alcohol, camas hospitalarias, unidades de cuidados intensivos, implementos de protección para médicos, paramédicos y personal de aseo y vigilancia de hospitales, etc.

• Todas las unidades hospitalarias que puedan convertirse en Unidades de Cuidados Intensivos deben hacerlo. Todos los hoteles deben quedar a disposición del sistema de salud y de quienes requieran habitación.

• El gobierno gestionará de manera centralizada la importación inmediata de recursos hospitalarios y médicos que no se produzcan en el país. Esto incluye kit para diagnóstico de COVID-19 para realizar pruebas gratuitas y masivas. Para ganar poder de negociación con empresas de países imperialistas y transnacionales, Colombia hará unidad con otros países de América Latina.

• El gobierno buscará la cooperación científica, técnica y económica con todos los gobiernos de América Latina para enfrentar la pandemia, empezando por Venezuela, con la que compartimos 2.219 kilómetros de frontera.

• El gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales deben cancelar los salarios y prestaciones sociales que le adeudan al personal sanitario y se debe establecer una contratación por el Estado, con todas las garantías laborales y salario profesional, de todo el personal médico, de enfermaría y paramédico.

2 – Para enfrentar la crisis económica y social

• Garantía de renta básica igual a un salario mínimo legal a todos los desempleados y trabajadores informales que por la cuarentena general se queden sin ingresos.

• Que se derogue el decreto por el cual el gobierno centraliza y agiliza las autorizaciones de despidos masivos. En su lugar, que se prohíba todo despido mientras dure la crisis. Que se prohíba cualquier rebaja de salario, de la jornada o licencia no remunerada o “vacaciones” impuestas por el patrón durante la cuarentena. Que se castigue a los especuladores. Que se conceda licencia remunerada o autorización de trabajo desde casa, sin ninguna desmejora salarial, a todo trabajador que no labore en áreas esenciales en estos momentos de crisis.

• Subsidio y financiación estatal barata a las pequeñas empresas y comercios para que cumplan estas normas de emergencia. Reintegro inmediato de todos los trabajadores despedidos desde que inicio la crisis de salud (ejemplo: los de servicio en tierra de Avianca, en OMA, en empresas de aseo).

• Para los trabajadores de los servicios esenciales que no se interrumpen durante la crisis: no sobrecarga laboral, que se contrate personal adicional con todas las garantías (para tareas de desinfección de vehículos y estaciones de trasporte público, etc.); pago de bonificación por riesgo, entrega de dotación de seguridad en salud conforme instrucción médica.

• Que todas las iglesias pongan sus templos y demás instalaciones a disposición de quienes requieran habitación, como los habitantes de calle.

• Congelamiento de precios de medicinas y artículos de primera necesidad. Moratoria en el pago de créditos bancarios a trabajadores y pobres. Congelamiento de arriendos. Claudia López anuncio no cobro de servicios públicos en Bogotá por un mes; el gobierno Duque impidió la aplicación de la medida, se requiere al contrario que se establezca en todo el territorio nacional y que se prolongue todo el tiempo que dure la crisis.

• A los estudiantes y profesores se les ha conducido a un modelo de educación virtual para el que no estaban preparados, el Estado colombiano debe asegurar la prestación del servicio de internet gratuito para la clase trabajadora y el pueblo pobre que carece del servicio o lo recibe con deficiencias y debe dotar de computadores portátiles a los estudiantes de los colegios y universidades públicas del país como lo han hecho países como Argentina con el programa Conectar Igualdad.  

• Ante la crisis económica y la caída de las bolsas de valores: estatización sin indemnización (ya se han apropiado de demasiado dinero) de todos los fondos de pensiones y cesantías (Porvenir, Protección, etc.). El Estado pasa a garantizar que no se pierdan el derecho a la pensión ni lo ahorrado como cesantía por los trabajadores.

• Derogatoria inmediata del decreto 444 que crea el FOME por que como dijo Claudia López es un “abuso absurdo que además disminuye los recursos que deben ser para la salud y el cuidado de la gente y los hogares”.

• El gobierno hará un Plan de emergencia alimentario y de salud para inmigrantes y población más vulnerable, con recursos de las empresas productoras -ganaderas y agrícolas- y comercializadoras de alimentos, con distribución de mercados puerta a puerta en barrios y veredas. Y, durante la cuarentena garantizará albergues gratuitos a inmigrantes, habitantes de calle y todos los ciudadanos que lo necesiten.

3 – Para financiar este plan

• La deuda externa del país, con bancos de países imperialistas, es de 556 billones de pesos (equivale a más de 567 millones de salarios mínimos mensuales, incluyendo subsidio de transporte). Sólo este año por deuda pública y privada, en capital e intereses, habrá que pagar 26 billones (equivale a casi 28 millones de salarios mínimos con subsidio de transporte). Esos bancos mega ricos llevan décadas parasitando de la riqueza del país. Que se suspenda de inmediato el pago de esta deuda, y que estos recursos queden para financiar este plan de emergencia.

• Duque con la reforma tributaria del año pasado les perdonó 9 billones de pesos a los grandes empresarios. Que se anule esa medida, y estos empresarios paguen la totalidad del impuesto para financiar este plan de emergencia.

• Las distintas iglesias se vienen beneficiando de exención de pago de impuestos por sus templos y otras riquezas. Que se anule esa medida, y las iglesias paguen impuesto proporcional a sus riquezas y a sus grandes ingresos por aportes de sus feligreses.

• Los bancos como Bancolombia, Banco de Bogotá, grupo Aval ganaron más de 7 billones de pesos el año pasado. Sólo Luis Carlos Sarmiento aumentó su riqueza en 3 mil millones de dólares. Que al sector financiero se le imponga un impuesto por esta emergencia por el coronavirus y la crisis económica equivalente al 50% de sus ganancias. Y se imponga un impuesto progresivo a todas las grandes fortunas y ganancias. Los bancos y entidades financieras que se opongan a estas medidas, serán expropiadas sin indemnización y pasaran a control del estado.

• Que se suspendan todos los planes asociados a la aspersión aérea con glifosato y erradicación forzada impuestos por Trump. Y que esos recursos sean para este plan de emergencia.

• Que se expropie sin indemnización a las empresas -nacionales o extranjeras- que saboteen o se resistan a acatar las medidas del plan de emergencia.

• Es abyecto y propio de un gobierno de lacayos que Duque declare su apoyo a la agresión militar imperialista a la República Bolivariana de Venezuela, pero es doblemente criminal que lo haga en medio de la actual situación de calamidad y urgencia. Los trabajadores debemos exigir al gobierno Duque que respete la soberanía nacional venezolana y colombiana, impedir que nuestro suelo se preste para cualquier tipo de amenaza al territorio del hermano país y que se destine cualquier recurso con ese fin. Los recursos nacionales deben estar al servicio del pueblo colombiano y de la solidaridad y fraternidad con los pueblos pobres de América Latina y el mundo, no del lado de las armas y la provocación de los países imperialistas. Criminal será cualquier intervención militar contra Venezuela como criminal es el bloqueo y las sanciones económicas sobre esta nación y sobre Cuba ¡Exijamos su terminación inmediata¡

• El presupuesto para la guerra, por ejemplo, la impuesta por Trump contra el narcotráfico que impulsa todas las formas de violencia en los campos colombianos, o la guerra que desarrollan los sectores burgueses en el poder para reprimir las justas luchas del pueblo trabajador debe ir al servicio de salud y la atención de las comunidades más pobres. Solamente para el mantenimiento del ESMAD se destinan 490.000 millones de pesos al año, como si esto fuera poco el gobierno Duque destinó 7.900 millones para comprar nuevas tanquetas; todos estos recursos y el consecuente desmonte del ESMAD, asegurarían en estas circunstancias la alimentación de miles de familias que lo requieren con urgencia.

• Que la CUT acoja la propuesta de FECODE de aportar por parte de todos los trabajadores un día de salario para el FONDO DE SOLIDARIDAD HUMANITARIA.

4 – Para que no se roben la plata del plan

Las declaraciones de Aida Merlano y del “Ñeñe” Hernández confirmaron el secreto a voces: el régimen político de este país, empezando por el gobierno de Duque, está y ha estado montado sobre la total corrupción, como lo dijo Petro: “El presidente ejerce un mandato ilegítimo”. Los políticos de los partidos que han gobernado a este país no sólo han estado al servicio de la oligarquía y se han beneficiado de la explotación a los trabajadores, sino que, insaciables, roban a diestra y siniestra. Por eso, para que todos ellos, en cabeza del gobierno de Duque, no se roben los recursos del plan de emergencia, para que no impongan un plan que beneficie a los ricos y haga que la crisis la paguemos los de abajo, es necesario ejercer control y vigilancia por parte de los trabajadores, los pobres y la comunidad científica y médica.

• Que el Comité Nacional de Paro, en representación del movimiento obrero, campesino, indígena, juvenil, popular y de las mujeres, encabece una acción de control y vigilancia sobre todos los recursos del plan y su ejecución.

• Que, desde las universidades, los sindicatos del sector salud y la comunidad científica se establezca una comisión de expertos en salud para la orientación estratégica del plan de choque contra la pandemia.

• Que el gobierno de Duque se someta a la vigilancia y control del Comité Nacional de Paro y de la Comisión de Expertos en Salud en todo lo relacionado con la ejecución y manejo del presupuesto del plan de emergencia.

• Que en los barrios populares y de trabajadores se organicen redes de solidaridad con los vecinos para colaborarse durante la emergencia, para ayudar a cuidar a los ancianos y a los más desprotegidos, empezando por los inmigrantes venezolanos, víctimas de xenofóbicas campañas de discriminación, y para ayudar a vigilar y controlar desde la base la ejecución del plan de emergencia y gasto del prepuesto. De igual forma se deben organizar estas mismas redes en los lugares de trabajo y en las organizaciones sindicales. Los trabajadores sindicalizados debemos ser ejemplo de solidaridad con nuestros hermanos de clase: trabajadores informales, vendedores ambulantes, inmigrantes y el pueblo trabajador más empobrecido.

Conquistar un plan como este para garantizar que la pandemia y que la crisis no la terminemos pagando los de abajo, dependerá de la lucha. Lucha que no puede olvidar en estos momentos los asesinatos de líderes sociales como el del dirigente campesino Marco Rivadeneira o masacres como la ocurrida contra los presos de la cárcel Modelo. En las actuales difíciles condiciones debemos ser creativos para ejercer la fuerza de nuestra movilización.

10/4/20

NUEVA YORK EN EL FOCO DE LA PANDEMIA


 
 
El escenario principal de las finanzas mundiales absolutamente paralizado por la cuarentena, el caos sanitario y el crecimiento exponencial de las muertes. Con el transcurrir de los días y el traslado de los focos de contagio de un continente a otro, la gravedad de los hechos desacredita discursos, previsiones y análisis políticos y económicos.

Tanto las estimaciones improvisadas del primer ministro británico Boris Jhonnson, en estos días hospitalizado, como los atropellados y patéticos mensajes de Trump ya han sido desvirtuados por la cantidad de muertes que se producen en las ciudades de los países más ricos del planeta. La única vacuna contra el COVID-19 es precisamente cerrar la economía, paralizar la actividad y la circulación, en particular en los más importantes y desarrollados conglomerados urbanos. Todo lo opuesto a la prédica pública de estos líderes políticos.

Anthony Fauci, el director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas), luego de pelear contra la política y las sectas religiosas que dominan la Casa Blanca, prevé un escenario catastrófico en relación a la cantidad de muertes en su país, un pronóstico defendido por el excandidato Bernie Sanders, quien recientemente afirmó: “Será en la escala de una gran guerra. Nadie sabe cuántas muertes tendremos pero podrían igualar o superar las víctimas estadounidenses que vimos en la Segunda Guerra Mundial”.

Estados Unidos es un país donde creció la desigualdad de forma extraordinaria, producto de la concentración de la riqueza en muy pocos, y donde multimillonarios como Bill Gates, Jeff Bezos y Warren Buffett ganan más plata que la suma de lo que reciben los 80 millones de la población menos favorecida del país, de un total de unos 160 millones. En la “tierra de las oportunidades”, 38 millones de ciudadanos viven por debajo del umbral de pobreza, unos 15 millones de hogares sufren precariedad alimentaria y hay más de medio millón sin techo. Estos son los sectores sociales que ahora sufrirán más las penalidades de la pandemia.

A los sistemas de salud ineficientes, dominados por el negocio farmacéutico y de la medicina en general, se suma la falta de una coordinación científica y apoyo financiero efectivos a nivel internacional, agudizados por el cierre unilateral de fronteras y la guerra por el acaparamiento de insumos. En centros urbanos como Nueva York o Chicago, la situación se agrava por la desigualdad y la marginalidad. Allí abundan los empleos de la economía informal, y las poblaciones latina y afroamericana se convierten en las principales víctimas. Son las destinatarias de tareas imprescindibles como atención sanitaria, limpieza, mantenimiento, empleos en supermercados, transporte público, comercio, transporte de alimentos, etcétera.

La pandemia encontró en las ciudades el campo de batalla adecuado para propagarse, sorprendió a la estructura social y sanitaria, y avanza en medio del caos. La comunidad afroamericana sufre los peores embates debido también a enfermedades subyacentes vinculadas a la pobreza (diabetes, deficiencias cardíacas y pulmonares) y a la falta de recursos para recibir atención médica. Los números son elocuentes, el 70 ciento de las víctimas en la ciudad de Chicago son afroamericanos, que solo constituyen el 30 por ciento de la población.

El panorama no es mejor para el futuro de la economía, donde se estima, entre otras posibilidades, el probable estallido de una crisis financiera a nivel mundial, además las cifras que se manejan entre los economistas indicarían el desencadenamiento de una tormenta perfecta: sufrir una depresión peor que la de 1930.

Los gobiernos de las principales potencias se venían preparando para “resolver” la crisis económica en otro terreno. Apenas un año atrás, Donald Trump aumentó la inversión en Defensa un 4,6% respecto a 2018, hasta alcanzar su máximo histórico: 649.000 millones de dólares, un 36% del total mundial. Estados Unidos mantiene en el extranjero más de 800 bases militares, repartidas en más de 40 países. También compite con Rusia y China por el desarrollo de nuevo armamento, como los misiles hipersónicos, que convertirían en ineficientes los actuales sistemas de defensa.

Pero las inversiones en el presupuesto de Defensa, que le sirvieron para oprimir y sojuzgar otros países, en nuestra región, en Oriente Medio y en otros puntos del planeta, no son útiles para combatir este nuevo enemigo. Ni siquiera el entrenamiento y experiencia logrados en el terreno militar le sirven para que sus máximos expertos en tácticas y estrategias de guerra planifiquen cómo terminar con la propagación del COVID-19.

Cualquier militar puede entender que desde el punto de vista táctico es una batalla perdida, porque el enemigo (el virus) atacó por sorpresa, elige los teatros de operaciones y la letalidad de los ataques; en definitiva, porque nadie sabe cómo ni cuándo ni con qué medios combate. Pero también sabe que con una planificación estratégica se logra la victoria, una planificación como la recomendada por el mundo científico, que tienen experiencia en el combate contra los virus.

Para la estrategia, ese militar debería saber que cuenta con una existencia importante de reservas, que son las personas, y que se deben proteger hasta que el virus, que sólo se reproduce dentro de las personas, no se pueda seguir propagando. A esas reservas hay que quitarlas de circulación para que no se conviertan en nuevos teatros de operaciones del COVID-19, en sus nuevos medios de contagio. Si quedan recluidas, si no transitan en las calles, si no se aglomeran en ninguna parte, se podrán perder batallas tácticas pero se ganará la guerra.

Por eso la eficacia de la estrategia está en la cuarentena, y cuánto más estricta sea, más rápido y con menos bajas se alcanzará la victoria contra el virus. Ese escenario ideal de autoaislamiento sería efectivo además, si las reservas estuvieran bien equipadas, pero un gran porcentaje de la población no está en condiciones económicas ni físicas.

Estados Unidos, que gasta en las fuerzas de destrucción más recursos que en salud, en medio del combate contra la pandemia levantó las banderas del “sálvese quien pueda”… y así le fue.


La batalla contra el COVID-19 cambió todo

Los contagios y las muertes por el COVID-19 se multiplican en cada continente, mientras las bolsas caen, se rompen las cadenas de suministros, el precio del petróleo y de las materias primas se desbarranca, y una depresión mundial anuncia su desembarco. Este coronavirus tiene el mundo capitalista a sus pies: la batalla eficaz contra él no solo «cuestiona la libertad de mercado», también al «opio» de las religiones, hoy la ciencia subió al pedestal del cual nunca debería haber bajado. Cuestiona todos y cada uno de los principios sobre los que se basó el sistema económico capitalista-imperialista y el régimen democrático burgués con sus consecuencias trágicas para un creciente sector de la población mundial. La mayoría de la población trabajadora perdió derechos básicos para la vida, las condiciones esenciales para prevención de enfermedades y enfrentar pandemias: el derecho a la vivienda y al hábitat saludable, el derecho a la nutrición (no es lo mismo que paliar el hambre) y el derecho al ocio.

Una crisis sanitaria y social de incalculables consecuencias cuya resolución queda en manos de los científicos cuyo papel es de incalculable valor, pero también de líderes políticos que aplicaron, de forma reiterada, brutal e irresponsable, políticas de austeridad que afectaron los planes de salud y llevaron a la destrucción los sistemas de seguridad social. Por crisis de 2008, destinaron fondos públicos a los bancos para salvarlos, para evitar un colapso financiero mundial, en 2015, más de 56 países habían recortado sus presupuestos de salud sin medir las consecuencias. A la vez, no ejercieron regulación ni control para la industria farmacéutica, al contrario el negocio de las drogas y de los tratamientos médicos para las enfermedades crónicas, fue creciendo en ganancias siderales para sus dueños y en menor eficacia. De conjunto el multimillonario negocio de la medicina privada creció a la par del creciente deterioro que impide cubrir las necesidades de salud de la mayoría de la población y contar con verdaderas políticas de prevención.

En medio de una crisis de esta magnitud en la que está en juego la salud de millones, las masas populares y la clase obrera que debemos afrontar la baja constante del nivel de vida, deberemos también batallar contra esta epidemia bajo el imperio de las leyes capitalistas limitadas a las fronteras nacionales, a la propiedad privada y a un sistema de explotación del trabajo.

El virus atraviesa todos esos límites, se necesitaría una dirección mundial que ejecutara políticas globales no en función de los monopolios y de la oligarquía financiera sino en función de las necesidades sociales, o sea bajo otros principios opuestos al capitalismo, una dirección obrera y socialista. Cualquiera de estos organismos que el sistema capitalista-imperialista fue creando para pintarse de humanista, como la OMS (organización mundial de la salud) aunque se nutra de científicos e investigadores capaces, solo puede hacer recomendaciones, y dentro de los límites que le imponen los intereses del negocio multimillonario de la industria farmacéutica y de la salud. Y para colmo de males muchos de los gobiernos ni siquiera escuchan sus recomendaciones.

La patronal y los grandes capitales financian con millones de dólares las campañas electorales para que sus candidatos políticos triunfen y gobiernen a su servicio, así en Estados Unidos llegó al poder Trump, un verdadero hombre de negocios disfrazado de político, que por ejemplo, disolvió en 2018 el equipo de Dirección de Seguridad Sanitaria global y biodefensa (National Security Council), creada después del brote de ébola de 2014, y despidió un número importante de trabajadores dedicados a la investigación y tratamiento de las pandemias globales con el solo argumento de «No me gusta tener a miles de personas cerca cuando no se necesitan. Cuando las necesitemos, podremos recuperarlas muy rápidamente».

Cruzando el Atlántico otro líder deleznable como Boris Johnson ejerce de primer ministro en el viejo imperio. Al mismo tiempo que la OMS declaraba Europa epicentro de la pandemia Jhonson decidió prescindir de medidas de protección para la población y contención del virus. Desoyó los reclamos de políticos y científicos de Gran Bretaña. Johnson optó por salvar «la economía» no a los ingleses y menos todavía a la mayoría trabajadora y sectores medios bajos que dependen de un servicio de salud lamentable -hoy yace en una cama de la UCI del Hospital Saint Thomas-. Un país que supo ser un ejemplo del mundo occidental, con el NHS servicio nacional de salud, creado en 1948 bajo el principio de que la atención médica nace de la necesidad de esta y no de la capacidad de pago de cada individuo. El NHS sufre desde fines de los 70 las políticas de privatización de las administraciones laboristas y de las conservadoras que fueron socavando el sistema hasta casi destruirlo. El actual gobierno británico en medio de la emergencia de la pandemia, aplicará el principio inverso: aquellos que tienen capacidad de pago podrá atenderse, en una estúpida y también criminal política que no impedirá tampoco, salvar al país de un probable colapso financiero mundial.

¿Qué podemos esperar de Macron?, «el joven y brillante» presidente de Francia, que desembarcó en el poder para aplicar un plan de destrucción del sistema de pensiones y seguridad social francés. Ante el estallido de la crisis epidemiológica no hizo lo recomendado por la OMS, no postergó las elecciones municipales del domingo 15 de marzo. Para este ex gerente de la banca Rothschild, que supo celebrar costosos banquetes para financiar su campaña a la presidencia, decidió no dejar librado su futuro político a un virus que solo mata a las personas mayores (que son además una carga económica para el Estado). Optó por la defensa de «la democracia francesa» que «nunca en la historia de la V República (desde 1958) sufrió la postergación de alguna elección». Para Macron no hubo COVID-19 que le impidiera intervenir en esta batalla electoral ni tampoco se doblegó ante el número creciente de muertes.

¿Qué podemos esperar de toda la clase política italiana? Más allá del actual primer ministro de turno, el dato importante es que ese país tiene debilitado al máximo su sistema de salud pública, durante los últimos 10 años sufrió un ajuste tras otro, al compás del crecimiento de la deuda externa después del 2008, significó el despido de miles de trabajadores desde investigadores hasta personal médico y asistencial.

Para ver el alcance y las consecuencias inevitables de esta pandemia en pleno desarrollo debemos comenzar por entender sus causas. La primera es la vigencia del capitalismo, la dominación de la economía mundial por un sistema de explotación y colonización del mundo. Donde la economía capitalista más rica del planeta, los Estados Unidos no tiene plan de salud pública, y en manos privadas y de los monopolios solo ofrece condiciones para la propagación del problema.

Para los trabajadores y clase media norteamericana no solo se agrava la situación por la falta de un seguro médico adecuado sino también por el sistema laboral donde no existe la licencia paga por enfermedad. Según el economista Joseph Stiglitz, durante el gobierno de Trump, las tasas de morbilidad y de mortalidad fueron en aumento, y unos 37 millones de personas regularmente padecen hambre en la economía más rica y desarrollada del planeta. Según el New York Times, 380.000 pacientes de residencias de ancianos mueren cada año por infecciones virósicas mal controladas.

Estados Unidos es la prueba empírica de cómo una clase social, la burguesía, en su agonía, y entendiendo que está constituida por distintos sectores con profundas contradicciones y diferencias, cada vez más ejerce el poder para el sometimiento de los sectores asalariados y de los países, a la vez una clase social casi absolutamente parasitaria pero que se vuelve más peligrosa para la paz mundial, porque tiene capacidad de desatar las guerras más brutales si ve en peligro el dominio de sus monopolios, de sus propiedades, sus fortunas y privilegios y fundamentalmente de su poder.

Pero es incapaz de dirigir y dar una respuesta global a un virus que no conoce fronteras. La investigación científica en el país más rico, solo tiene recursos para las necesidades de los monopolios farmacéuticos, recibe limosnas en investigaciones que no dan ganancia, mientras las corporaciones más importantes, las grandes compañías bancarias y financieras, las grandes fortunas recibieron rebajas impositivas del Estado. El presupuesto militar creció pero el de la salud pública significó para EE.UU. veinte años de recortes de la capacidad de hospitalización, siendo las más afectadas las comunidades más pobres y las zonas rurales, casi devastadas de servicios. Existen sectores sociales muy vulnerables en el país más rico, entre otros los cientos de miles de trabajadores de cuidados domésticos, de las residencias de ancianos, el personal sanitario con sobrecarga de trabajo de forma permanente, trabajadores de servicios en general, jornaleros, desocupados y personas sin techo. La supervivencia de estos sectores, antes de la pandemia, no era prioridad y tampoco lo será en medio de esta emergencia, el acceso a medicamentos esenciales y a la atención sanitaria no pueden resolverse si solo se favorece las ganancias de las grandes compañías farmacéuticas y del negocio de la salud.
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