«Exijo justicia, que hagan caer todo el peso de la ley sobre los responsables, ustedes no necesitan investigación porque fue la Policía Nacional –y espero que esto no lo corten-, fue la Policía Nacional la que se encargó de dejar un niño de 7 meses sin padre»
María Páez.
Entrevista CM&
¿Por qué ardieron los CAI?
Cuando creces en un país como Colombia, en un barrio marginal de la clase obrera, aprendes rápidamente lo que significan instituciones como la policía y el ejército. Ellos son quienes golpearon a tus padres cuando empezó la construcción de los ranchos que los gobiernos llaman «invasión»; ellos son los que asesinaron a tu amigo, a tu vecino, que salió con su familia a protestar contra la destrucción de las cuatro paredes que lograron construir; ellos son los que te persiguen y te agreden porque estabas en la esquina o en el potrero de la cuadra donde sueles jugar fútbol; ellos son los que te ponen encima una droga que nunca has consumido para conducirte a la estación y dejarte una noche encerrado luego de apalearte; ellos son los que montan las «batidas» para obligarte a prestar el servicio militar; ellos son los que se llevaron a los pelados de las lomas para asesinarlos y hacerlos pasar como «guerrilleros muertos en combate», como «falsos positivos».
María Páez era la pareja de Jayder Fonseca, un joven de 17 años que fue asesinado por la policía nacional la noche del 9S. Como miles de jóvenes en todo Bogotá y algunas ciudades del país, Jayder y María salieron esa noche a expresar su rechazo por el asesinato de Javier Ordoñez. En la mañana conocimos un video de cómo Javier había sido torturado con armas «no letales» al resistirse al arresto, luego conducido a un CAI (Comando de Acción Inmediata) y finalmente a un hospital en donde falleció -hoy sabemos por la golpiza que le fue propinada por los agentes-. La respuesta del Estado ante esta legítima expresión de repudio e ira contra ese asesinato fue masacrar a la población, la policía asesinó en las noches del 9 y 10 de septiembre a 13 colombianos más e hirió a cerca de 500, 72 por heridas de bala.
Esos miles de jóvenes que salieron a las calles, arremetieron contra todas las estaciones de policía que tuvieron cerca, 45 en total, las destrozaron y les prendieron fuego. ¿Por qué? Porque esos sitios para quienes crecimos en las barriadas son la expresión de lo que son las FFMM y la policía en el Estado burgués, aparatos de represión. Las estaciones de policía son lugares en los que se violenta, se asesina, se humilla, se ultraja con particular saña a los hijos de la clase trabajadora. La rabia contenida por años contra esos recintos y sus ocupantes salió a flote la noche del 9S.
Cuando creces en una barriada obrera llevas el estigma de la pobreza contigo, la forma en la que te vistes, la manera en la que hablas, los ademanes de tu cuerpo, son huellas de identidad que la policía y el ejército utilizan para pedirte papeles, para negarte el ingreso a determinados lugares, para calificarte de «vicioso» y «ladrón» con solo mirarte. Para quienes crecimos en los barrios mirar las vitrinas de los almacenes es delito, porque los hijos de los trabajadores pobres no tenemos con que comprar; entrar a la librería a ojear un texto es delito, porque los hijos de los trabajadores pobres no podemos estudiar.
Para millones de jóvenes en Colombia la Universidad es cosa de ricos, se nos enseñó que a nosotros nos corresponde engrosar el ejército de reserva de la clase obrera, que a nosotros nos corresponde conseguir un trabajo sin prestaciones sociales, de máximo tres meses y con un salario por debajo del mínimo. Para millones de jóvenes en Colombia existe por ello la sensación constante de «No futuro», de estar en un laberinto que no tiene salida.
Jayder experimentó eso en su vida, como Dylan Cruz, como Anderson Arboleda, como los 8 niños bombardeados por el ejército en el Caquetá. A Javier se le dijo que estudiando iba a progresar, estudió aeronáutica, pero conducía un taxi. Lo que algunos llegamos a conocer y comprender es que ese laberinto en el que estamos se llama CAPITALISMO, que nuestra rabia no es contra esas edificaciones escenario de torturas y vejaciones, es contra las instituciones que defienden con su violencia ese sistema, nuestra rabia es con el sistema.
El gobierno uribista de Duque es la expresión sanguinaria y mafiosa de ese sistema
El gobierno uribista de Duque es el gobierno de la oligarquía colombiana, de una burguesía que no ha tenido problema en masacrarnos históricamente, en destruir nuestras organizaciones obreras, campesinas, indígenas, juveniles y populares con sus FFMM, policiales y paramilitares; que no tiene contemplación en imponernos leyes oprobiosas que nos conducen a niveles más profundos de explotación; que vende nuestros recursos al capital imperialista y orquesta con él la extensión de la muerte y la miseria en nuestros campos, que se pone de rodillas ante sus políticas antidrogas, pero tranza con los mafiosos y narcos el control de extensas regiones del país, que pretende que seamos cabeza de playa para la agresión a pueblos hermanos que han sido capaces de luchar por su dignidad, como el pueblo venezolano.
Esa burguesía nacional e imperialista ha convertido a Colombia en uno de los países más desiguales del mundo, en el que más se asesinan líderes sindicales, defensores de DDHH o del medio ambiente. Los trabajadores somos los gestores de toda la riqueza producida, pero esa riqueza se la queda una clase social burguesa que nos esquilma hasta el último peso: reduciéndonos el salario, extendiéndonos la jornada laboral, haciéndonos pagar por lo que debería ser derecho de todos: la salud, la educación, la pensión o la recreación. Los representantes del uribismo, con todo el cinismo que los caracteriza, nos acusan de «atenidos», cuando han hecho fortunas a costa del erario público, robando, matando y traficando desde el poder. Nos dicen: «estudien vagos», cuando son ellos los que atacan la educación pública, la tienen en una profunda crisis y gustosos la liquidarían.
Esos farsantes, cuando salimos a protestar, nos vienen siempre con el mismo cuento: que lo hacemos «financiados por el narcoterrorismo», porque «existe un plan orquestado por el Eln, las disidencias de las Farc, la izquierda internacional…». Sus explicaciones ya son risibles y podrían ser entendidas como delirantes, expresión de algún desequilibrio mental, pero no, son manifestación de una táctica premeditada y consciente de defensa: la mentira. Para poder ocultar la injusticia e inequidad que promueven necesitan deformar la realidad, mentir una y otra vez.
Mienten para que nos traguemos la idea que debemos sentir remordimiento por quemar las estaciones de policía, los buses del sistema de transporte en el que viajamos como animales y en el que dejamos buena parte del salario, un cajero automático que pertenece a los banqueros que nos arruinan y a los que el gobierno les gira dinero públicos por toneladas, o la sede de un supermercado que pertenece a la familia Santodomingo, una de las más ricas del país, que paga una miseria a sus trabajadores y los precariza lo que más puede, todo porque para ellos el más sagrado de los derechos es la propiedad privada de los medios de producción, es decir, la posesión de las fábricas, tierras, bancos y comercio que han acumulado a costa nuestra.
Mienten para hacernos creer que las masacres no son masacres sino «asesinatos colectivos», que nada tienen que ver con ellos y sus aliados paramilitares y narcotraficantes; mienten cuando las masacres las cometen las propias FFMM para hacernos creer que «fueron operaciones impecables», a pesar del asesinato de por lo menos una decena de niños, mienten para hacernos creer que la policía es una institución «querida por los colombianos» y que sus crímenes son hechos «aislados», cometidos por «manzanas podridas», cuando por lo menos hubo 20 oficiales que participaron del asesinato de civiles desarmados y 70 que dispararon a matar a los manifestantes.
Sus mentiras se repiten una y otra vez, en la radio, en la televisión, en las columnas de prensa, intentando que de tanto repetirlas terminemos creyendo que son verdad. Así asesinaron a más de 3000 militante de la UP, han exterminado a los desmovilizados de las guerrillas, han hecho campañas de «limpieza social» haciendo llamar la «mano negra» y asesinando a miles de jóvenes y habitantes de calle en el país, así han producido más de 3000 casos de «falsos positivos» (ejecuciones extrajudiciales) y los seguimos aun contando. En lo que va de 2020 llevamos 205 asesinatos de líderes sociales y 55 masacres con 218 muertos. Duque y el uribismo justifican esa violencia, le ofrece un manto protector y la impulsan, por eso son responsables de la masacre obrera y campesina en el país. Su violencia es sistemática, cometida con sevicia y con un propósito claro, generar miedo, terror, para que no salgamos a protestar contra la desigualdad, la explotación y en últimas en contra del sistema que las hace posibles.
Para derrotar las tendencias fascistas de este gobierno la salida es la movilización de masas
La burguesía colombiana, su Estado y sus aparatos de represión tiemblan de miedo ante el pueblo trabajador movilizado, históricamente ese ha sido el camino para conquistar nuestros derechos, para defenderlos, y será el camino para alcanzar nuevas conquistas y para destruir este sistema de hambre y opresión. El ejemplo más cercano que tenemos lo presenciamos todos nosotros el año anterior, el 21 de Noviembre de 2019 los colombianos vivimos una enorme fiesta democrática, salimos de forma unificada a las calles a exigir nuestros derechos, a reclamar que no se asesinaran más líderes sociales, que se parara la masacre que desplegaba el régimen uribista, que no se aplicarán las contrarreformas laboral, pensional y tributaria. Logramos aplazar la aplicación de estas contrarreformas o limitarlas, pero el gobierno Duque y la burguesía nacional e internacional no han desistido en su propósito, de hecho han aprovechado la crisis sanitaria desatada por el Covid-19 para avanzar en su aplicación por decreto, y la masacre nunca paró.
Hoy, como a finales del 2019, el pueblo trabajador, los campesinos, los indígenas, las negritudes, los jóvenes, las mujeres, necesitamos estar nuevamente en la calle movilizados alzando nuestra voz. Tras el asesinato que nos acaba de indignar de Javier Ordoñez ¡nos han matado 13 compañeros más! Este gobierno asesino nos ha mostrado ahora en Bogotá lo que por décadas ha hecho en el campo, dejar correr sus tendencias fascistas, matar salvajemente, matar sin piedad a quienes alzan su voz contra la injusticia y la barbarie, a quienes se oponen a sus intereses. Nos matan para que el miedo y el terror nos inmovilice, para que ellos puedan avanzar con sus políticas, para que la actual crisis económica siga siendo pagada con nuestro sudor y sufrimiento, para imponernos peores condiciones de trabajo y contratación, más limitaciones y dificultades para acceder a nuestro derecho a la pensión, más impuestos sobre nuestros hombros para exonerar de ellos a los más ricos, a los banqueros y las empresas imperialistas.
Claudia López ha denunciado que lo ocurrido en Bogotá fue una autentica masacre, que tener tantos civiles heridos por arma de fuego se debió a un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por parte de «algunos policías», y que ella no dio la orden de uso de la fuerza, mucho menos de uso de armas de fuego contra los manifestantes. Se reunió con Duque y le hizo un llamado a una reforma estructural de la policía, el gobierno uribista, como era de esperarse, lo rechazó. Claudia tiene razón en sus denuncias, pero no en la orientación que termina planteando: llamar a un «acto de perdón y reconciliación». Claudia López peca de ingenua o de inconsecuente, la sociedad no puede perdonar ni reconciliarse con quienes no han demostrado el más mínimo arrepentimiento por los hechos criminales, con quienes los niegan y se han mostrado dispuestos a seguirlos cometiendo. El uribismo no va a dar marcha atrás con su política de odio y terror porque la necesita para mantenerse en el poder, al uribismo no le importa la verdad y mucho menos avanzar hacia la solución de los problemas que convocan a miles de jóvenes a manifestarse, porque justamente este gobierno y los sectores que representan se lucran y viven de la miseria de las mayorías.
Está claro: en defensa del derecho a la vida y las libertades democráticas, contra las tendencias fascistas del régimen uribista, lo que necesitamos son acciones unificadas y contundentes de movilización de masas que le demuestren al gobierno que ya no le tenemos miedo.
Para poder frenar y acabar con la masacre que nos desangra necesitamos hacer como en el 21N, salir todos, de forma unificada, movilizarnos en el marco de un gran Paro Nacional, ser millones en las calles, para hacer retroceder al gobierno, para derrotarlo de forma contundente. Por eso es necesario que las organizaciones que representan a la clase trabajadora, particularmente las Centrales Obreras, todas las organizaciones sociales y políticas que confluyeron a finales del año anterior, convoquen una acción inmediata. Es necesario que sus dirigentes cambien ya su actitud pasiva, que raya en la complicidad con la barbarie. Es nuestro deber como trabajadores, como miembros de esas organizaciones reclamarle a nuestras direcciones esa convocatoria.
También toda aquella organización, todo aquel dirigente, que se reconozca como defensor de las libertades democráticas, debería sumarse sin vacilación ni tardanza al llamado a este paro nacional. Petro está en lo correcto al llamar de manera insistente a las Centrales Obreras, al Partido Verde, a la Colombia Humana y a más sectores a unificarse en una gran acción nacional para hacer retroceder la avanzada antidemocrática del uribismo y su gobierno. Igualmente se requiere que florezcan en cada barrio, localidad y comuna del país formas de organización que impulsen la movilización, asambleas barriales y populares que le den vida y extiendan democráticamente el proceso.
Si Claudia López no dio la orden de disparar, lo sucedido en Bogotá con el accionar asesino de la policía, tal como se ha denunciado, es una ruptura de la cadena de mando orquestada desde la Casa de Nariño, desde el Ministerio de Defensa y la cúpula policial. Por tanto, en lugar de actos de «reconciliación» lo que debemos exigir en las calles en primer lugar y de inmediato es que caigan los responsables de la masacre:
¡Que se hagan públicos todos los videos entregados por Claudia a Duque, con los que la Alcaldía dijo colocar en evidencia la brutalidad policial!
¡Que ante una comisión integrada por los familiares de las víctimas, y de manera pública, la Alcaldía entregue la identificación de todos los policías que allí aparecen disparando, agrediendo, o permitiendo que otros policías lo hicieran!
¡Inmediata destitución de todos esos policías!
¡Juicio y castigo a los policías asesinos y no por la Justicia Penal Militar!
¡Fuera el comandante de la policía Oscar Atehortúa y toda la cúpula de la Institución!
¡Fuera el ministro de defensa, el uribista Carlos Holmes Trujillo!
