1. El virus COVID-19 avanza en todo el planeta en contagios y víctimas mortales, un virus nuevo, al que la ciencia no le encontró un tratamiento efectivo para paliar sus consecuencias en la salud. Se calculan dieciocho meses, o más, el tiempo necesario para obtener la vacuna. Mientras tanto, aislamiento social y cuarentena, que implica la semiparálisis de la actividad económica mundial, liquida millones de empleos, pone en peligro el nivel de los salarios y la capacidad de consumo de la familia trabajadora.
2. La colaboración científica internacional para encontrar tratamientos y vacunas choca contra una primera y poderosa muralla: la concentración de la investigación en manos de los oligopolios que dominan los laboratorios y la industria de los fármacos (25 empresas controlan aproximadamente el 50% del mercado mundial farmacéutico).
3. El actual monopolio del negocio de medicamentos se convierte en otra amenaza en medio de la pandemia, en particular para los trabajadores de las potencias imperialistas y para los pueblos de los países atrasados. No solo por el nivel de vulnerabilidad (desnutrición, hambre, enfermedades endémicas y laborales, etcétera) para enfrentarla, sino también por su capacidad limitada de acceso a los medicamentos, tratamientos o vacunas.
4. Es suficiente un solo ejemplo para graficar la política criminal implementada por estos pulpos mundiales de la industria de los medicamentos:
Hace menos de un año, en 2019, el imperio farmaceútico Purdue Pharma se declaró en bancarrota. El quiebre de la empresa fue el método elegido para enfrentar miles de demandas estatales y federales en su contra por la responsabilidad en la epidemia de adicción a los analgésicos u opioides sufrida por una inmensa porción de la población trabajadora en los Estados Unidos. En un informe dado por el Congreso, se señaló la magnitud de la emergencia de salud, en una ciudad minera de Virginia, Williamson, de solo 3000 habitantes, se vendieron 20 millones de estos analgésicos en el término de 10 años (2006-16). Pero esta catástrofe también se midió en muertes: más de 218.000 durante ese lapso en el país, solo por sobredosis de estos opioides.El mercado farmacéutico mundial ya superó en ganancias a la venta de armas y de comunicaciones. En cuestión de daños producidos en la población logra cifras equiparables con la industria militar. Es escandaloso y trágico al mismo tiempo que el negocio “de la salud” logre récords de muertes comparables a los de una industria al servicio de la destrucción, que acelera y promueve la carrera armamentista y las guerras en el planeta. Es un viejo logro del capitalismo, agudizado en las últimas tres décadas. La crisis de salud de los opioides en los Estados Unidos obligó a comparar las cifras de muertos de la larga década de guerra de Vietnam, en total 58.220 estadounidenses, y también de otras guerras como la de Irak y Afganistán, con las 400.000 muertes causadas por sobredosis de opioides desde mediados de los años 90. Hoy el nombre de Sackler, propietarios de Purdue Pharma y a la vez una de las 20 familias más ricas de Estados Unidos, es borrado de todas las instituciones universitarias, centros de investigación y filantrópicos a los cuales los llamados “Medici del siglo XX” aportaban fondos, y donde establecían relaciones de utilidad para sus intereses. Los Sackler también pagaron sumas millonarias a más de 60 mil médicos en todo el país, en comidas, viajes y honorarios, para lograr que su opioide fuera recetado. La fortuna de la familia creció a la par del consumo de estos medicamentos y de la catastrófica epidemia con una magnitud de muertes sin precedentes.
5. La industria farmacéutica abarca diferentes ramas de la investigación científica: desde biología, microbiología, bioquímica, ingeniería, farmacología, medicina y enfermería hasta física. No puede prescindir de la investigación ni de los investigadores, porque los necesita tanto como a su sector productivo, de marketing y de representación médica.
6. Uno de los argumentos que defienden estos oligopolios para sostener el sistema de patentes de los medicamentos son los gastos que insume la investigación. Sin embargo, la mayor parte de este costo recae en los Estados, en los fondos públicos que financian más del 80 por ciento de la investigación, mientras que solo un 12 o 15 por ciento corresponde al capital privado. Además, todas estas empresas mienten sobre los reales costos que insume la investigación de un nuevo medicamento; varias instituciones y publicaciones como el British Medical Journal han refutado estos valores.
7. La industria de fármacos actúa como la industria militar o de chips para computadoras: se apropia de la materia prima en los países atrasados, instala sus plantas industriales donde la mano de obra es más barata y vende sus productos en los países más ricos, donde los servicios de salud están más desarrollados.
8. Las potencias imperialistas dominan esta industria, en particular los Estados Unidos, que protege a sus empresas de la competencia en investigación, innovación y desarrollo, en la apropiación de ganancias por medio del sistema de patentes y en el control de las cadenas de comercialización.
Enfrentamos una pandemia que cobra cientos de miles de víctimas en el mundo, y en particular en los sectores sociales más vulnerables bajo la dominación de políticas de salud pública dirigidas por compañías y laboratorios farmacéuticos. La concentración económica lograda en esta industria la convierte en un importante factor de poder en el conjunto de decisiones políticas de las potencias imperialistas.
Es un poder económico que domina no solo a los gobiernos, sino también a los organismos que deberían controlar la investigación y producción de fármacos. Es una industria que hace sus negocios y obtiene sus ganancias con la enfermedad. Se calcula que “el 90% del presupuesto dedicado por las farmacéuticas para la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos está destinado a enfermedades que padece un 10% de la población mundial (cáncer, artrosis, diabetes, trastornos de lípidos, hipertensión)”.
The Times publicó el proyecto de una de las tantas vacunas en desarrollo contra el COVID-19, de un equipo de investigación de la Universidad de Oxford dirigido por la profesora Sarah Gillbert. Una primera versión de la vacuna podría ser lanzada en el mes de septiembre, pero Gillbert advierte que el gobierno del Reino Unido y los gobiernos de todo el mundo “deberían ya invertir cientos de millones para fabricar millones de dosis incluso antes de que los estudios [previos a la aplicación masiva] concluyan”. También señaló que “las vacunas no reciben suficiente inversión. Son la intervención sanitaria más rentable, pero se pasan por alto. Muchos de nosotros hemos estado diciendo durante años que necesitamos más vacunas contra estos brotes de patógenos y que tenemos que ser capaces de movernos más rápido cuando hay una nueva pandemia”.
Los trabajadores no debemos desconocer estas advertencias, y las implicancias que supone no liquidar de una vez y para siempre el negocio de la salud. No es cierto que podemos esperar tranquilos la llegada de la vacuna. La manipulación de datos en los ensayos clínicos y en los efectos adversos de ciertas drogas, y la infinidad de mecanismos usados por estos mercaderes de la enfermedad han sido ampliamente documentados y denunciados por los trabajadores de los centros de investigación, de universidades, científicos, periodistas, abogados y profesionales médicos; también por instituciones y publicaciones.
No es cierto que podamos compararnos con los efectos sufridos por las pandemias de la Edad Media, porque los avances científicos se han desarrollado al nivel de poder controlar los efectos devastadores de los virus; además, muchos de los coronavirus vienen siendo estudiados en laboratorios desde hace décadas. El problema está en la vigencia de las reglas impuestas por el sistema capitalista, que mientras incentiva la investigación y la innovación, hace que los avances que se logran en las ciencias y en la técnica sean apropiados por el capital privado. El proceso de concentración económica jugó a favor de una mayor apropiación y desvío de inversiones hacia proyectos más rentables económicamente y no dirigidos a cubrir las necesidades de bienestar físico y de salud de la población.
El caso de la crisis de sobredosis de opioides fue una de las recientes manifestaciones de la crueldad de estos mercaderes capitalistas de la medicina, expandida en el país que protegió su ascenso económico y político a nivel mundial, y cuya principal víctima fue la clase obrera estadounidense.
La lucha por la defensa de un sistema nacional de salud es la bandera que implica la liquidación de los negocios que tienen a la enfermedad como mercancía, y a los trabajadores como sus principales víctimas.
