2016 ~ Perspectiva Marxista Internacional

El presente texto tiene por objeto poner en discusión una interpretación del trasfondo del Acuerdo Final entre el Gobierno Santos y las FARC, que cuenta con el apoyo de todos los empresarios y potentados del país y es respaldado por el Gobierno de los EEUU y casi todos los gobiernos del mundo.

Muchos trabajadores, campesinos, obreros y jóvenes, honestamente pueden creer en lo que dice el gobierno “que se abre una oportunidad de tranquilidad y prosperidad para todos los colombianos por igual”.

Dicha expectativa obedece a las justas aspiraciones de la población por el cese de la violencia y a vivir en paz; pero también, es consecuencia de la insistente campaña del gobierno por todos los medios a su alcance y a la valiosa ayuda que todas las direcciones sindicales y políticas de la “izquierda” parlamentaria, han prestado al gobierno Santos, para adelantarla.

Nosotros editamos este folleto porque nos interesa dar la pelea por sacar a flote quienes son los reales beneficiarios de este Acuerdo, que tras la fachada de buscar el beneficio general de la población, esconde la política de los empresarios nacionales y extranjeros para avanzar en la explotación del campo, logrando que las FARC en vez de obstaculizar los ayuden. A esclarecer que se trata de una “oportunidad” para que los empresarios más poderosos, puedan seguir acumulando riqueza y ganancias a costillas del trabajador y de los más pobres del país.

Contribuir a esclarecer que el plebiscito por el “SÍ” o el “NO”, es una trampa disfrazada de consulta democrática, para que la población acuda a respaldar un Pacto hecho por arriba que nunca consultó a los trabajadores ni al campesinado pobre. La clase obrera y pobres del campo y la ciudad, no podemos caer víctimas de esta trampa que hoy nos tienden Santos y sus aliados.

Los trabajadores tenemos que confiar solo en nuestras propias fuerzas y luchar por nuestros intereses con los métodos propios de nuestra clase: la huelga, la movilización, desde organizaciones propias, democráticas, construidas de manera independiente de los patronos, el gobierno y sus partidos políticos. Sólo así podremos enfrentar este régimen político autoritario, soporte de una sociedad puesta al servicio de un puñado de ricos y poderosos y luchar por alcanzar una sociedad gobernada por la clase obrera, que esté al servicio de la gran mayoría de la población trabajadora y los pobres.

Los editores

Septiembre de 2016

***

PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO DE SANTOS Y LAS FARC

El 24 de Agosto, con un parte de victoria el gobierno Santos y los comandantes de la organización guerrillera FARC, anunciaron la firma del Acuerdo Final para que esa guerrilla se desarme, entregue las armas a la ONU y se transforme en una organización política.

Al anunciar el Acuerdo Final entre las partes, aprovecharon para apremiar al ELN, la otra guerrilla del país, a seguir pronto sus pasos y fiel a los acuerdos, Iván Márquez el líder de las FARC, les hizo ese llamado.

El júbilo por este Acuerdo de parte de los más diversos sectores no se hizo esperar. En primer lugar, el gobierno Santos, con toda razón celebra el contundente triunfo de su “política de paz”, la cual junto con “educación y equidad” constituye uno de los ejes fundamentales de su plan de gobierno. También, para las élites gobernantes del país, “acabar con las FARC” significa un rotundo éxito de largo alcance.

El gobierno Santos, los empresarios de Colombia y del mundo, celebran el Acuerdo Final

Las primeras palabras del presidente Santos al anunciar el Acuerdo Final pactado, fueron: “Hoy me dirijo a ustedes con profunda emoción. Con gran alegría”. ¡No es para menos! Santos celebró el contundente triunfo de su política. No en vano ha sido su objetivo político fundamental durante seis años de gobierno, que le permite ahora con la ayuda de las FARC, aplicar plenamente su “Plan Nacional de Desarrollo”, especialmente para el campo.

Y el triunfo es doble, al lograr nuevamente el apoyo de los dirigentes de las organizaciones sindicales y del campesinado, así como de la izquierda reformista y parlamentaria, a esta “política de paz” e impulsar la campaña por el “SÍ” en el plebiscito, de la misma forma que antes promovieron votar por Santos en la segunda vuelta electoral.

Además, Santos está victorioso porque a este espaldarazo se suma el de amplias capas de la población, convencidos del mito propagado desde el gobierno de Uribe que atribuye a las FARC y demás guerrillas toda la responsabilidad de la violencia y los “males del país” y que “todo se empezará a arreglar si las FARC desaparecen”. Creencia que le sirve al Uribismo y al Santismo, para desviar la atención de las verdaderas causas de esos “males” que hunden sus raíces en un régimen autoritario, de exclusión política, violencia terrateniente, despojo y un sistema económico y social de explotación, desigualdad y opresión centenaria, que están entre las causas del origen de las guerrillas, pero son responsabilidad absoluta de quienes han gobernado y explotado el país desde siempre, como socios subordinados de los gobernantes de EEUU, incluido, por supuesto, el gobierno Santos.

De esta manera, Santos pretende que los trabajadores y pobres olvidemos que es el responsable junto con todos los gobiernos anteriores, de más de 200 mil muertos y del desplazamiento forzado de más de 6 millones de colombianos, que convierten a Colombia en el segundo país del mundo con más desplazados después de Siria y sin una política de apoyo por parte del gobierno. Las cifras son muy dicientes: más del 63% de ellos viven por debajo del umbral de la pobreza y el 33% vive en condiciones de extrema pobreza.1

El gobierno es responsable además, del hambre y el incremento de la miseria en el campo, del miserable salario mínimo rural de $291.000 (U$ 97), vigente bajo su gobierno, así como de los Tratados de Libre Comercio (TLC), que entre otros aspectos, llevaron a los campesinos a rebelarse contra su política agraria.

Fue Santos quien en vez de soluciones dio la orden de apalear a los campesinos cuando protestaban en el Paro Agrario (2013), militarizó Bogotá con el Ejército y reprimió violentamente las marchas de respaldo a esa lucha campesina. Sólo se sentó a negociar obligado por la contundencia del Paro. Es además el responsable de la represión y muertes durante la reciente protesta indígena y campesina (Minga Agraria) y también de la represión a los transportadores, con ocasión del paro camionero. Gobierno que no dio plena solución a los reclamos de nivelación salarial de los maestros en el pasado Paro Nacional del Magisterio, mantiene el decadente servicio de salud, puso más trabas para ascender en el escalafón e impuso la Jornada única. El mismo que no duda ni dudará en responder con la represión de su Escuadrón Antimotines (ESMAD), a los próximos reclamos obreros y populares.

Como el mismo Santos declaró: “pertenezco a la élite, soy miembro de los clubes más exclusivos de la capital”2, es decir representa a las familias más rancias de la oligarquía que siempre han dominado el país, no hay posibilidad de confusión acerca de cuál es la clase social que representa y defiende este gobierno. En consecuencia, cuando habla de “paz” y de una “oportunidad para Colombia“, es claro que en el fondo defiende los intereses de esa élite y, como socio menor de los empresarios de los Estados Unidos y de Europa, la de esos poderosos países.

Por eso es defensor de las privatizaciones y los TLC, favorables a los intereses de esos poderosos países en el país y la región y viene aplicando en el Campo y en la educación, los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Entonces, no se trata de un gobierno defensor de “todos los colombianos por igual”, sino que protege los intereses y ganancias de los grandes empresarios tanto nacionales como extranjeros. Un gobierno de puertas abiertas al saqueo del país, fundamentalmente por parte de Estados Unidos.

Por eso, la alegría también embarga a los representantes de las grandes empresas trasnacionales del mundo, a la Unión Europea y al gobierno de los Estados Unidos. En especial para este último país, que de antes, pero sobre todo, con el Plan Colombia en el gobierno de Pastrana, viene entregando dinero y brindando asesoría militar para fortalecer las fuerzas armadas y el ejército, como soporte militar de los gobiernos del país en los últimos 12 años. Además, con este Plan le asestó duros golpes militares a las FARC, aprovechando su aislamiento político respecto de la población. También con el Plan Colombia la dominación sobre el país se incrementó significativamente, al convertirlo en bastión militar y político hacia toda el área. Volveremos sobre esto más adelante.

¡Y no solo festejan! Los gobiernos de esos países respaldan este Acuerdo con enormes sumas de dinero. Según cifras de la prensa: Estados Unidos destinará 856 millones y la Unión Europea 650 millones de dólares. Difícilmente alguien podría presentar esto como “caridad” o generosidad de su parte.

Al coro también se unieron sin distingo todos los gobiernos de América Latina. Tanto los conocidos como de izquierda, los castro-chavistas (Maduro, Correa, Evo, etc.), como los del sector más proclive al imperialismo, tipo Macri de Argentina, Temer de Brasil, etc. Y, por supuesto, la mayoría de la élite gobernante colombiana, la casi totalidad de sus partidos políticos y sus principales grupos económicos. Tampoco faltó la felicitación por lo logrado de parte de los jerarcas de la iglesia católica colombiana y del Papa Francisco, quien ya anunció su visita a Colombia.

En otras palabras, el Acuerdo Final recibió el apoyo entusiasta de los poderosos, de los gobiernos, políticos y empresarios de los países capitalistas e imperialistas, quienes dominan el planeta y oprimen a la mayoría de países. ¿Si este Acuerdo no fuera favorable al gobierno y los potentados, porque tanta alegría y celebración?

El Uribismo: La oposición de extrema derecha al Acuerdo

No obstante, del lado de los explotadores del país los únicos que no celebran el Acuerdo, pero si lo aprovechan al máximo para realizar su campaña política, seguir ganando adeptos y conquistar votos, es el sector más retrogrado de la élite gobernante del país, el uribismo, de cuya entraña salió el actual gobierno Santos. Como es de público conocimiento, este sector de (que cuenta entre sus mejores exponentes con el hoy ex-Procurador Ordóñez y el expresidente Andrés Pastrana,) representa políticamente a ganaderos, terratenientes, militares y empresarios, quienes organizaron y financiaron a los paramilitares y mediante el terror, con sus múltiples masacres y asesinatos usurpar la tierra al campesinado pobre, desplazarlo y explotar más a los obreros del campo y la ciudad.

El gobierno de Uribe, con el respaldo en ese momento de toda la élite empresarial y política del país, mediante la Ley de Tierras (2005), legalizó ese despojo de las tierras y el desplazamiento forzado de los millones de campesinos y con la ley de “Justicia y Paz” para garantizar el perdón y olvido a los paramilitares y a todos sus patrocinadores.

Este sector, que aunque suene paradójico coincide con el sector de Santos en el objetivo de “acabar con las FARC”, discrepa en la forma de lograrlo. Por eso se opone a las mínimas concesiones del Acuerdo. Esto le sirve para capitalizar el odio a la guerrilla y al gobierno Santos. Su oposición al Acuerdo y el enfrentamiento con Santos, que hunde sus raíces en las diferencias ante la desaceleración de la economía nacional, le sirve además para ocultar su rechazo a un posible y tibio juzgamiento a algunos empresarios y paramilitares, por cuenta de la llamada “Jurisdicción Especial para la Paz”. Esto a pesar de que aquella blinda a los ex presidentes, incluido Uribe3 de juicio en su contra por vínculos o complicidad con el paramilitarismo. Es decir, a pesar de que el Acuerdo les garantiza la total impunidad a todos los de arriba.

Por eso, actualmente ya no es cierta la disyuntiva en el Plebiscito entre “paz y guerra” que la “izquierda” y algunos argumentan, pues finalmente el uribismo ha terminado reclamando algo como “acuerdos sí, pero no así”. Y con la polarización política que han propiciado entre esos dos bandos oligárquicos y burgueses, que comandan Uribe y Santos, entre el “SÍ” y el “NO” al Acuerdo Final evitan la posibilidad de alguna alternativa diferente e independiente y así el uribismo se encarga de empujar a los sectores de la población y jóvenes que lo repudian, en brazos del “mal menor”, al apoyo la “paz” del gobierno y a Santos.

Las ilusiones y las aspiraciones de la población

De parte de sectores de trabajadores y el campesinado pobre y medio, es completamente explicable el sentimiento de alivio ante el fin del enfrentamiento armado entre el gobierno y las FARC. Pero una cosa es anhelar tranquilidad y querer que la guerrilla suspenda sus acciones militares inútiles y su violencia dañina que golpea sectores de la población. Otra, muy diferente, es apoyar esta política de “paz” del gobierno.

En primer lugar, es normal que los trabajadores y los campesinos aspiren a vivir tranquilamente y a mejorar sus condiciones de vida. En segundo lugar, la población está cansada de años de la violencia de una guerra entre aparatos militares que le es ajena, pues la guerrilla con sus atentados y métodos autoritarios, ya no representa algún factor de cambio democrático. También cansancio con la violencia que proviene del Estado y de las atrocidades del paramilitarismo y el narcotráfico, tanto en el campo como en la ciudad, que asesinó a miles de campesinos y a una parte de sus dirigentes sindicales y populares.

En tercer lugar, en esas ilusiones han hecho mella los casi 14 años de la campaña con que inundaron por prensa, radio, televisión y redes sociales, primero del gobierno Uribe y luego del gobierno Santos, que coinciden en señalar a las FARC como únicos responsables de la violencia en el país e ilusionar a la población con que “la desaparición de las FARC, es el primer paso para que todo se empiece a arreglar en el país”.

En cuarto lugar, con el fin de ilusionar a jóvenes, trabajadores y pobres, para ganar su respaldo, el gobierno y sus ayudantes de “izquierda” se empeñan en presentar las pequeñas concesiones pactadas para el Campo y los mínimos derechos políticos que se otorgarían a las FARC y a la oposición, como importantes transformaciones.

Aprovechan la situación creada, consecuencia de la política de la dirección guerrillera, que nunca llegó a formular a los campesinos una política de lucha de masas en unidad con los trabajadores, para defenderse de la violencia terrateniente y derrotar al paramilitarismo. Tampoco, desde las ciudades, las direcciones políticas (PC-UP, POLO, etc.) y sindicales articularon algún Plan nacional de lucha y de unidad de la clase obrera y los campesinos a nivel nacional, para enfrentar lo que se conoció como la “guerra sucia”. A pesar de que ante cada asesinato de sus dirigentes y/o activistas, los trabajadores de los sectores bananero, cementero, de la palma africana, la USO y magisterio, etc., realizaron cientos de paros gremiales y heroicas luchas con el “paro automático ante cada asesinatos”, pero cada sector aisladamente sin una respuesta nacional conjunta. En consecuencia, la lucha democrática de los trabajadores y campesinos frente a la violencia paramilitar, terrateniente y del régimen, fue derrotada.

Cundió la desmovilización e hicieron carrera las ilusiones propagadas por esos mismos dirigentes, en los reclamos jurídicos, “fogosos” debates parlamentarios y meras acciones institucionales, o sea en las “soluciones caídas del cielo”. Así, se abrió paso la ilusión en una “paz” promovida por el gobierno.

Los nuevos apóstoles de la paz de Santos

Pero la alegría no embarga solo a los gobernantes, sino que también recorrió las oficinas de los dirigentes de la mayoría de los partidos de la izquierda parlamentaria colombiana (Partido Comunista, Marcha Patriótica y sus colaterales, Polo Democrático Alternativo, PDA, Polo-MOIR, etc.) y también Congreso de los Pueblos que valoró “los esfuerzos de las partes…para la construcción de una paz estable y duradera”. Igualmente, desde las organizaciones de los trabajadores, salieron a ofrecer su apoyo la casi totalidad de los dirigentes sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Central de Trabajadores de Colombia CTC y la FECODE, la federación que agrupa los sindicatos del magisterio colombiano, así como otros sindicatos.

Aprovechando el sentimiento general, estos dirigentes sindicales y políticos encabezan la campaña del gobierno por el “SÍ” al plebiscito al interior de los trabajadores, divulgando creencias como que este Acuerdo Final no es resultado de la política de Santos, que “le fue impuesto a Santos” o que se trata de “una iniciativa de la sociedad” y que “la paz está por encima” del gobierno, de los empresarios, sus partidos políticos, y del imperialismo, o aun peor, que está por encima de las distintas clases sociales que dividen la sociedad. Argumentos todos para disimular su apoyo total a esta política del gobierno y al imperialismo y para llevar a los trabajadores a respaldarla, lo que les permite desde ya, lanzar sus respectivas campañas electorales para 2018. (Ver “Las direcciones sindicales y de «izquierda» apoyan los acuerdos”)

¿Este Acuerdo significa una “oportunidad” para todos los colombianos?

Con base en las pequeñas concesiones que el gobierno se vio obligado a otorgar, el Acuerdo Final es presentado como la panacea tanto desde el gobierno nacional, los empresarios y los imperialismos, como desde la izquierda parlamentaria y los directivos sindicales. Desde las dos orillas no se cansan de machacar que “a los colombianos nos espera un futuro de bienestar y de paz”.

Si detrás de este Acuerdo está el gobierno Santos, fuera de toda sospecha de que se trate de un gobierno “progresista”. Si además a la cabeza de esta celebración están los magnates de los más poderosos grupos económicos del país, los parlamentarios, concejales, diputados y una estela de politiqueros de los partidos tradicionales, etc., cualquier trabajador, joven o habitante de los barrios populares, que analice críticamente y cuyas opiniones no dependan de en qué dirección sopla el viento, tiene razones más que suficientes para reflexionar y sospechar de las supuestas bondades de este acuerdo.

Más aún, si sabe que entre quienes celebran alborozados la “paz en Colombia”, está Estados Unidos, país que ha hecho múltiples guerras en el mundo y que viene desarrollando una nueva guerra de agresión en Medio Oriente, en rapiña con países de la Unión Europea y Rusia y causado la devastación del Medio Oriente y el éxodo de casi 8 millones de refugiados que huyen de esa guerra. Ante esto, es lógico concluir: ¡En esto debe haber gato encerrado!

Y estará en lo cierto. En los hechos, así se presente como una “oportunidad para todos”, el Acuerdo Final favorece realmente a los de arriba, a los poderosos, a los que gobiernan el país y el mundo. Pues no se está pactando solo el desarme de las FARC y su conversión en partido político, sino que este Acuerdo se traduce en el respaldo y legitimación del Régimen político autoritario, asesino, corrupto y excluyente existente en el país y del sistema de explotación, pues reafirma sus instituciones y la gran propiedad privada capitalista sobre el latifundio, los Bancos, las industrias, el comercio, el transporte, las tecnologías, etc.

¿El Acuerdo representa cambios de fondo para los pobres del campo?

La propaganda oficial y las FARC, hablan de solo beneficios para el campesino, pero no dicen que “La Reforma Rural Integral” está diseñada fundamentalmente a favor del impulso a las inversiones de las grandes empresas capitalistas del agro y no a favor del campesino pobre y medio.

Si bien es cierto, que se entregarán 3 millones de hectáreas, éstas no representan ni el 6% del área agropecuaria del país. Serán sacadas en su mayoría de los baldíos, de tierras del Estado y de las recuperadas a los narcos. No significan una plena restitución de las tierras arrebatadas por los paramilitares al campesinado. Veamos:

En primer lugar, está consignado claramente en el Acuerdo que la estructura del latifundio no se modifica, como se ha encargado de difundir ampliamente el gobierno y la burguesía a través de diferentes voces.

Así lo aclara la revista Semana: “Los acuerdos no ponen en cuestión ni la agroindustria ni la propiedad privada. Por el contrario, buscan aclarar los títulos de propiedad sobre la tierra como base de un verdadero desarrollo económico rural”4.

Y ha sido reiterado por el Jefe de los negociadores del gobierno, Humberto de la Calle: “el acuerdo es pro estabilización de la propiedad, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal. No tiene un ápice de estatización de la tierra”.5 Además aclaró que “el fondo de tierras dispondrá de 3 millones de hectáreas. Sus principales fuentes serán la recuperación de tierras adquiridas de forma ilegal”.

Esto se encargó de dejarlo muy claro el ex ministro de Agricultura, el Conservador Juan Camilo Restrepo:

Una gran sorpresa: allí no aparece —como se había amenazado por los malquerientes del proceso— menoscabo alguno al derecho de propiedad o a la seguridad jurídica sobre la tierra en Colombia… se puede hacer sin cambiarle una coma a la Constitución Nacional ni a las normas que tutelan la protección a los derechos adquiridos de buena fe [sic] sobre la tierra en Colombia.6

Aparte de eso, las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, Zidres, creadas por el Acuerdo, dan seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra a los terratenientes y grandes empresarios del campo, algo diseñado para incentivar la producción a gran escala.

En segundo lugar, la “Reforma Rural Integral” brinda las condiciones para el montaje y funcionamiento de la agroindustria en grandes proporciones, dado que los empresarios requieren formalización de la tenencia de la tierra, actualización catastral, adecuación de la tierra, infraestructura básica de alcantarillado, energía, y redes de riego, etc., así como vías terciarias en buen estado para la distribución y comercialización rápida de sus productos, igualmente, conectividad rural, servicio de salud para los trabajadores de sus industrias y mano de obra calificada, por lo tanto, incorporan la “formación técnica agropecuaria en la educación media (décimo y once)” y carreras universitarias como Agroecología y Biotecnología. Estas necesidades empresariales fueron detectadas por el gobierno a través de estudio realizado por el Banco de la República:

En promedio, cualquier finca de Colombia está a más de cinco horas de distancia de los centros de acopio y comercialización. Así es muy difícil que se desarrolle una agroindustria vigorosa… un tercio de las fincas cafeteras colombianas apenas disponen de títulos precarios de propiedad y no de escrituras formales.7

De ahí que “La Reforma Rural Integral” genera las condiciones de infraestructura, jurídicas y políticas, para brindar óptimas condiciones a los empresarios nacionales y a las transnacionales imperialistas para garantizar la rentabilidad de sus inversiones en el campo colombiano. Esto lo reconoce el artículo de la revista Semana:

La verdad es que se necesitan grandes capitales no solo para poner a producir la tierra, sino para transformar y procesar los productos del campo. Un buen ejemplo de los cuantiosos recursos que se requieren en muchos casos es la Orinoquía, donde, dadas las características de la tierra, para comenzar un proyecto se necesita invertir en maquinaria y tratamiento de suelos sumas que superan los 100 millones de dólares.8

Es evidente que no va a ser el pequeño o mediano campesino quien disponga de esos “grandes capitales” para desarrollar este tipo de negocios en el campo.

En tercer lugar, en concordancia con las necesidades del empresariado nacional en el campo y las exigencias de los grandes pulpos extranjeros, los cuatro pilares de la tal “Reforma Agraria Integral” acordada, son completamente armónicos con el “Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018” (páginas 365 a 370)9 del gobierno Santos, incluso en el nombre, pues allí se llama “Desarrollo Rural Integral”. Ese Plan sigue fielmente los lineamientos establecidos por la OCDE.

Entre las treinta y dos recomendaciones para el agro colombiano, definidas por la OCDE en “Un desarrollo rural integral de Colombia” están:

Titularidad de la tierra, usos del suelo, una política agrícola definida, reformas al sistema de innovación y una mayor integración con los mercados internacionales… importancia del incremento en inversiones en capital humano e infraestructura… implantar una política inclusiva de acceso a la tierra, para estabilizar el país y promover el desarrollo… actualizar el sistema catastral…, el mejor uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) que proporcionen servicios más inclusivos e integrales… dotar de un mayor atractivo a la educación en las ciencias agropecuarias y evaluar la eficacia del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) aplicado a los principales productos agrícolas.10

En síntesis, el Acuerdo para nada significa alguna reforma agraria aunque fuera tibia, pues no se expropia la tierra a los terratenientes para estatizarla o distribuirla entre los campesinos pobres. Por el contrario, esta “reforma” termina de legalizar el despojo violento de la tierra a los campesinos por parte de los grupos paramilitares —financiados por los terratenientes y ganaderos con la complicidad de las Fuerzas Militares—, despojo legalizado previamente con la “Ley de Tierras” del gobierno Uribe avalada por Santos como ministro de ese gobierno.

Quizá, el campesinado sumido en la miseria, no dejará de ver con buenos ojos que se mejore en algo la infraestructura en el campo. Lo que no se imagina, es que la agroindustria a gran escala lo va a despojar de su tierra, lo desplazará a tierras improductivas o a las ciudades, porque ese desarrollo arrasará con la pequeña y mediana propiedad. Si no lo desplaza, tenderá a convertirlo en trabajador asalariado. Lo más probable es que la mayoría quede condenada a la marginalidad, sea en la ciudad o en el campo.

Por su parte, las transnacionales mineras, amparadas en licencias del Ministerio respectivo, seguirán destruyendo el medio ambiente arrasando bosques naturales, la fauna y la flora y contaminando el agua, entre muchos otros efectos negativos contra la población y la naturaleza.

¿El Acuerdo significará una Apertura democrática?

En el plano político este Acuerdo Final, le abre las puertas del Parlamento al partido político que funden las FARC, con tres voceros primero y luego cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, se les dará protección policial y recursos para financiarse, pues se comprometió a ser “respetuoso del Estado de derecho”. Esto sin duda significa una modificación mínima en el régimen electoral, así como en el Estatuto de la Oposición.

No obstante, el gobierno, las FARC y la izquierda parlamentaria, magnifican esto y divulgan otro mito: que este Acuerdo significará una apertura democrática de fondo, para el ejercicio de la política y reales garantías para ejercerla. Las presentan como si estas pequeñas concesiones fueran un resultado que se compadece con lo sucedido en más de 50 años existencia de la guerrilla y de violencia, exclusión, arbitrariedad, miseria, desempleo y pobreza, desarrollada contra la mayoría de la población por quienes han gobernado este país.

Así, argumentan que estamos ante modificaciones de fondo en el tradicional Régimen político, responsable de la opresión centenaria de los débiles, del despojo y de múltiples atrocidades en la historia del país y en el pasado reciente, que mantiene más de 10.000 presos políticos en las cárceles y que el Acuerdo ni siquiera menciona. Los comandantes de las FARC renunciaron a exigir la libertad de todos ellos sin distinciones.

Régimen político que siempre ha recurrido a la violencia para combatir las protestas lucha de los trabajadores y campesinos e imponer su dominio. Ejemplo de ellos, son los grupos paramilitares conocidos como Pájaros o la policía “chulavita” en la época de La Violencia, así como el reciente paramilitarismo con sus múltiples asesinatos y masacres, mediante los cuales se aplastó la resistencia campesina y se impuso a sangre y fuego, una feroz contrarreforma agraria.

En contravía de las expectativas e ilusiones de demócratas, capas de la juventud y la población acerca de la ampliación de las libertades democráticas, de no represión de la protesta popular, el fin de los asesinatos, el cese de la violencia del régimen y el respeto los derechos políticos y sindicales de expresión, organización, movilización y huelga para los trabajadores, con el Acuerdo el régimen político fortalece sus instituciones y su aparato represivo.

El Acuerdo, exime de responsabilidad al Estado en la creación de los grupos paramilitares, a pesar de que fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

…la Corte Interamericana de Derechos humanos ha reconocido la responsabilidad del Estado en la creación de grupos paramilitares…en cuatro ocasiones en las que el Estado colombiano ha sido condenado por crímenes cometidos por los grupos paramilitares… Esta declaración de responsabilidad está ligada en parte, a la creación de un marco jurídico por parte del Estado que incentivó y le dio vía libre a la conformación de grupos paramilitares.11

Así mismo, el Acuerdo garantiza la impunidad a los grupos paramilitares, militares, terratenientes y ganaderos, responsables de las masacres y asesinatos. Libera al Estado, al gobierno de Santos y a los expresidentes, de su responsabilidad en el desplazamiento forzado y asesinatos de campesinos, de los asesinatos de cientos de obreros, de sus dirigentes sindicales, personalidades democráticas y militantes de izquierda, (Unión Patriótica, Partido Comunista, M19, etc.).

Como prueba de que el Régimen no sufre modificación importante, están varias medidas tomadas recientemente por el gobierno Santos para fortalecer el aparato represivo. Hace pocos días sancionó el Nuevo Código de Policía que le da amplios poderes y legitima las acciones arbitrarias de esta institución. Entre ellas allanar los domicilios sin previa orden judicial. Además, anunció el fortalecimiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), con el cual reprime las luchas obreras y campesinas. En palabras del Presidente:

El papel del ESMAD se vuelve especialmente importante para preservar la seguridad en todo el territorio, es otra prioridad… Se requieren personas de temple, personas fuertes, personas con nervios de acero, pero con el corazón ardiente por el amor a su institución y a su Patria para cumplir bien ese indispensable deber de preservar el orden público en todas las zonas y territorios del país”12

Respecto del fortalecimiento del Ejército las declaraciones del general Alberto Mejía, su comandante, no dejan lugar a dudas: Los colombianos no pueden pensar ni por un momento que el ejército de Colombia se va a debilitar. Eso no va a pasar” (subrayado nuestro).

Y al referirse el nuevo papel de las FFAA, aclara la completa subordinación militar a las directrices de los Estados Unidos y la OTAN:
… hay una política de transformación y modernización del Ministerio de Defensa”, una tarea que iniciaron hace cuatro años asesorados por las mejores escuelas de guerra del mundo…La Doctrina fundamental del Ejército…es para la guerra. Es para tener un ejército más fuerte… esta doctrina la hemos hecho de la mano del Ejército de los EE.UU. y con los estándares OTAN: mejores prácticas en el campo de combate… (subrayado nuestro).

Y si existiera alguna duda respecto de quien impuso las condiciones en esta negociación, el general reafirma: “El ejército que seguirá luchando… es el ejército que ganó la guerra”13. Así, el gobierno Santos, modernizará y fortalecerá el Ejército para seguir a la ofensiva, garantizándoles impunidad pues muchos de los miembros de su alto mando asesinaron a decenas de jóvenes pobres, para hacerlos aparecer como miembros de la guerrilla para cobrar los incentivos que daba el gobierno de Uribe (cuando Santos era su Ministro de Defensa), lo que se conoce como “los falsos positivos”.

Mientras desvincula al Estado colombiano de su responsabilidad con la violencia militar y paramilitar, “asegura el monopolio de la fuerza y el uso de las armas, por parte del Estado”, para legitimar el acostumbrado tratamiento de “orden público” a cualquier muestra de inconformidad de los trabajadores o la población y para ello, proscribe la violencia en general y condena la justa violencia de las masas, cuando se movilicen, o se subleven contra el orden establecido para impedir que les arrebaten lo poco que tienen o salgan a exigir sus derechos.

En resumen, se fortalecerán el ejército y las FFAA, la policía y su ESMAD, que constituyen las instituciones básicas de control y represión del Régimen político colombiano. En el marco de ese fortalecimiento, a pocos días de anunciado el Acuerdo Final, han sido asesinados la activista de Marcha Patriótica, Cecilia Ulcué en el departamento del Cauca, junto con más de 40 militantes de esa y otras organizaciones, sin que los comandantes guerrilleros sienten su enérgica protesta o los dirigentes de “izquierda” convoquen alguna acción de repudio.

Más allá de las ilusiones, los trabajadores y jóvenes se verán obligados a defenderse con la movilización, de la violencia y represión del Régimen que, sin duda, caerá sobre sus cabezas en defensa de los intereses de los poderosos. En últimas, como dice el mismo gobierno y sus defensores, el Acuerdo “no afecta la institucionalidad actual”.

Las mínimas concesiones hechas a los dirigentes de la FARC, en manera alguna significan modificación de fondo al entramado institucional que garantiza la dominación del país (Parlamento, Policía, Ejército, partidos políticos, las Cortes, la Fiscalía o la Procuraduría, etc.). Instituciones que la mayoría de la población reconoce como nidos de arbitrariedad contra los más débiles, bajo el dominio de politiqueros corruptos y al servicio de los poderosos.

Para quienes se ilusionan con los mínimos cambios institucionales, baste esta radiografía de la institucionalidad hecha por alguien lejos de cualquier sospecha de ser partidario de las causas populares, el ex director del Departamento de Impuestos (DIAN) del gobierno Santos:

… En Colombia, con la excusa de la “gobernabilidad”, se tajan y reparten como tocino la Dian, el Invima, el ICA, el Igac, la Registraduría Nacional, las notarías, los hospitales públicos, Coldeportes, el ICBF, el Sena, el Invías, consulados y embajadas etc. …La compra de votos es masiva y la manipulación de actas electorales siempre queda impune…si la Fiscalía o el Consejo Nacional Electoral investigaran lo que sucede en el país, la mayoría de los caciques electorales estarían indagados por múltiples delitos…La impunidad es el mayor obstáculo del acuerdo presentado…14

El Acuerdo significa una mayor entrega del país a las transnacionales imperialistas y a los mandatos de EEUU

Con este Acuerdo Final como el Presidente Santos no se cansa de repetirlo, se brindarán nuevas y mejores garantías a la “inversión extranjera” (léase las transnacionales) de Estados Unidos y Europa para el saqueo de los recursos naturales y las explotaciones mineras, lo mismo que para la explotación de la clase obrera del país. Se facilita una mayor dominación del país por parte de los monopolios extranjeros y mayor supeditación no solo económica, sino política y militar de Colombia a los países que dominan el mundo, los imperialismos —Estados Unidos y Europa— y a sus organismos internacionales (OCDE, FMI, BM).

Por eso estos países no solo celebran sino que, en acuerdo con el gobierno y los comandantes de las FARC, tuvieron de manera permanente sus “delegados especiales” en la mesa de negociación en la Habana. En varias ocasiones, John Kerry, Secretario de Estado del gobierno de Obama, se reunió con el equipo negociador y los representantes de las FARC. Lo propio hizo un grupo de empresarios representantes de las trasnacionales estadounidenses, para garantizar que no fueran a vulnerados sus intereses económicos, políticos y militares.

Y para garantizar la “seguridad” y la “estabilidad” de sus inversiones en el país y en la región, el Acuerdo no cuestiona la enorme supeditación militar del gobierno cómo miserable agente de los intereses militares del imperialismo yanqui, para continuar siendo su avanzada política y militar en Sudamérica. Como se dijo arriba, el Acuerdo reafirma esa supeditación que viene desde antes, pero cambió sustancialmente cuando Estados Unidos logró con el Plan Colombia y planes posteriores, que los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos, con agrado los aplicaran, incrementando en forma alarmante, la condición semicolonial del país y de agente directo de los intereses de esa potencia; en contravía de lo que sucedía en la región con gobiernos que asumían una postura política independiente del imperialismo, nacionalizaban trasnacionales y hacían importantes concesiones a las masas (chavismo y similares).

Así, el Acuerdo en vez de cuestionar reafirma la presencia de las doce bases militares en Colombia y la autorización para que los puertos y aeropuertos del país sean utilizados a su antojo y los centenares de instructores y militares de los Estados Unidos sigan transitando a sus anchas por el país “como Pedro por su casa”.

Pero, si hay un aspecto donde sobresale que el Acuerdo reafirma ese papel de agente de la política del gobierno de los Estados Unidos, es en la subordinación a la política de prohibición y la “guerra contra las drogas”, de los Estados Unidos y demás potencias. Lo pactado para nada cuestiona esa “guerra”, al contrario, la reafirma así la acompañe de vagas promesas en torno a la sustitución de cultivos, para los centenares de familias campesinas obligadas a derivar su sustento del cultivo de coca, cuyos altos precios internacionales son consecuencia directa de la prohibición y de la demanda de estas sustancias psicoactivas en los países industrializados.

Contrario a algún avance en torno a una política de legalización de las drogas o las políticas de atención y prevención de su consumo, el Acuerdo refuerza la política policial impuesta por el imperialismo de Estados Unidos en esta materia, que incluso abrió de nuevo las puertas a la discusión por parte del Fiscal, sobre restablecer las fumigaciones con glifosato, con total desprecio de los daños al medio ambiente y a la población.

Por si lo anterior fuera poco, este Acuerdo avala la presencia de los imperialismos en el territorio nacional y les otorga plena autoridad para supervisar el cumplimiento del Acuerdo Final, pues será su institución internacional, la ONU, la que estará al frente de la “verificación de la dejación de las armas por parte de las FARC”, a través de su delegado y de la “Misión Política en Colombia para la verificación del cese bilateral y la dejación de armas” establecida por el Consejo de Seguridad-ONU.

Todo esto muestra, que no es gratuita su participación e inversión de capital en el proceso de negociaciones y en el llamado “pos-conflicto”, pues tanto Santos como los gobiernos imperialistas, tuvieron especial cuidado que lo acordado estuviera a la medida de las necesidades e intereses de las transnacionales.

Es difícil imaginar más injerencia extranjera, más garantías a sus negocios y más entrega del país a las potencias. Con todas las ventajas que les otorga el acuerdo, ¡Como no estar jubilosos!

En la coyuntura del país y la región, los de arriba tienen la iniciativa

Este pacto de Santos con las FARC, es parte y a la vez consecuencia de una coyuntura a nivel internacional de repliegue de la primera oleada de luchas, huelgas y movilizaciones por parte de los pueblos y trabajadores tanto en el sur de Europa (Grecia, España, Portugal, etc.) como en Medio Oriente y el norte de África. Allí donde la lucha revolucionaria de sus pueblos derribó varias dictaduras infames.

A consecuencia de ese retroceso en la lucha reciente, Estados Unidos logró un contundente triunfo al pactar con el gobierno “comunista” de los hermanos Castro, una más veloz restauración del capitalismo en Cuba. Un pacto que abrió de par en par las puertas de la economía de la isla a la voracidad de las transnacionales norteamericanas y europeas, la supedita al dominio yanqui que busca acabar con lo poco que quedaba de las conquistas de la revolución y convierte a Cuba en ayudante para desarrollar sus planes económicos, políticos y militares para recuperar e incrementar su dominio sobre América Latina, su “patio trasero”.

Dicho pacto político de Obama con los Castro, reforzó la política de los Estados Unidos y de los países más poderosos del planeta hacia América Latina, permitiéndoles capitalizar la crisis económica y la inconformidad popular con los llamados gobiernos de izquierda o del Socialismo del Siglo XXI, cuyo puntal lo constituía el chavismo y se apoyaban en el prestigio político del gobierno de Cuba.

Gobiernos como el de Chávez, Maduro, Lula, Evo o Correa asumieron una positiva política independiente ante los dictados del imperialismo y, obligados por las circunstancias, aprovecharon el crecimiento económico de sus primeros años, para distribuir en la población más pobre una parte de las superganancias obtenidas, lo que se tradujo en una multitud de beneficios sociales y el sensible mejoramiento de sus condiciones de vida, educación, salud y trabajo.

Con base en esa conducta independiente y esas concesiones a las masas, así como la casi desaparición de verdaderas organizaciones revolucionarias de la clase obrera, muchos jóvenes y trabajadores de vanguardia en América Latina y Europa, identificaron el chavismo y sus pares, como revolucionarios y los calificaron como socialistas. Por otro lado, algunos de esos gobiernos significaron un refugio y apoyo a las guerrillas de Colombia, autoridad que usaron para alentar a la guerrilla de las FARC a iniciar las negociaciones, con el Gobierno colombiano. Algo similar siguen haciendo con el ELN.

No obstante, al llegar el fin de las vacas gordas en la economía capitalista mundial, en esos países y en la región, para no tocar la propiedad privada sobre los principales resortes de la economía y expropiar a los capitalistas, estos gobiernos, optaron por aplicar planes económicos para reducir y/o eliminar esas conquistas de los trabajadores y la población. Así, empezaron a perder el respaldo mayoritario con el cual contaban, agudizaron su declive y retrocedieron ante la reacción burguesa interna que, capitalizando el descontento de la población, fue pasando a la ofensiva, apadrinada por el gobierno de los Estados Unidos que aunque en medio de muchas contradicciones y dificultades, está avanzando en incrementar su dominación en América Latina con aliados de derecha internos, ante el fracaso de aquellos gobiernos.

El triunfo electoral de Macri en Argentina que desplazó del gobierno al kirchnerismo, la destitución de la presidenta Dilma Roussef por el parlamento de Brasil encabezado por el hoy presidente Temer, así como el avance de la oposición de derecha pro yanqui en Venezuela, que con el control del Parlamento, amenaza con revocar al tambaleante gobierno de Maduro y, la agudización de las pugnas entre estos sectores burgueses, tiene como telón de fondo la grave crisis de las economías de estos países.

Macri, Temer y la oposición burguesa en Venezuela, representan a los sectores burgueses más reaccionarios y más proclives a Estados Unidos, quienes para superar la crisis económica tienen una política para eliminar de tajo las conquistas que la población logró de esos gobiernos y someter completamente esos países al imperialismo.

La aplicación de esos planes económicos, está llevando a los trabajadores y los llevará, a enfrentarlos con la lucha directa, la huelga y la movilización, revelando que antes que fortaleza todos esos gobiernos acusan una gran debilidad. Por su parte, Estados Unidos necesita dominar más a los países, para lo cual requiere gobiernos dóciles con quienes pactar mejores condiciones para las “inversiones” de sus transnacionales e imponer sus planes de saqueo y explotación.

Se revela así la estrecha relación existente entre el pacto del gobierno de Cuba con Obama, el declive de los gobiernos de izquierda y estos Acuerdos con las FARC. De allí, los agradecimientos de Obama a Raúl Castro, por sus buenos oficios y el espaldarazo a su política: “Quiero agradecerle a Castro por prestar este escenario para las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC”.15

En este contexto regional, el Acuerdo de Santos con la guerrilla de las FARC, se convierte en el segundo gran triunfo de la política de Estados Unidos para someter más a los países de América Latina. Dicho contexto se manifiesta en Colombia, en que la escena central, de momento está copada por las negociaciones en la Habana y ahora por el Acuerdo Final y la campaña por el Plebiscito, ante actual repliegue de las luchas de los trabajadores y sectores populares en Colombia y el avance de las posiciones de apoyo al establecimiento y el status quo de un amplio sector de la clase media.

Otro gallo cantaría para el Acuerdo y la fiesta de los poderosos, si el centro de la escena política del país en este momento, estuviera ocupado por la movilización y la lucha de los trabajadores y/o campesinos, como sucedió con ocasión del poderoso Paro Nacional Agrario (2013), que puso en el centro de la escena nacional la lucha de los campesinos pobres, con el respaldo activo de amplios sectores de clase media y sectores populares o, con las diferencias del caso, en su momento, el Paro Nacional del Magisterio u otras luchas.

Esta situación no es consecuencia de la falta de disposición de lucha por parte de los trabajadores sino del aislamiento sistemático a que fueron llevadas las luchas, cada quien peleando por su lado, ante la negativa de los dirigentes sindicales y políticos de la “izquierda” a centralizar las luchas y orientarlas a una acción nacional contra el gobierno, sino desviarlas al pantano electoral y a las ilusiones en los mecanismos jurídicos, la tutela, el abogado, etc. Valga como ejemplo la protesta de la población del departamento del Chocó, uno de los más olvidados y necesitados del país, carcomidos por la corrupción y la politiquera, o la de los maestros del departamento del Cauca, peleando en solitario contra un nefasto servicio médico que afecta a todos los maestros, sin que los dirigentes convoquen a los trabajadores a acciones de lucha en solidaridad.

En medio de este panorama, la iniciativa política, económica y social, está en manos del gobierno Santos. Las ilusiones en que la solución a los problemas de los trabajadores y los sectores más necesitados, caerá como maná del cielo, se incrementan sin oposición, alimentados por la política de los dirigentes sindicales y políticos de la juventud y los trabajadores. Para estos dirigentes la campaña por el “SÍ” “aceita” sus proyectos electorales de 2018, de allí su estrecha ligazón a la campaña del gobierno Santos, el apoyo a su Plebiscito, todo lo cual les facilita la búsqueda de los votos que les garanticen futuras curules en el Parlamento, eso sí haciendo el hábil juego de simultáneamente “levantar críticas” a las políticas “neoliberales” de Santos y citando a los trabajadores a jornadas de protesta como la del 17 de marzo, o incluso un “paro”, que les permita aparecer diferenciados del gobierno.

El telón de fondo: la crisis de la economía

El reaccionario Acuerdo Final de Santos y los demás procesos políticos regresivos en América Latina, aprovechados hábilmente por el gobierno de los Estados Unidos, tienen como telón de fondo el inicio de la recesión económica en el país, expresión de la crisis económica de la región, con sus picos agudos en Venezuela y Brasil y a su vez, manifestación de la crisis mayúscula que afecta al conjunto de la economía mundial en sus centros fundamentales, incluida la estrella fulgurante de los últimos años, China. Ese es el trasfondo de los serios enfrentamientos entre sectores de las élites gobernantes en Colombia y en varios países de América Latina.

De allí que la burguesía colombiana esté hablando de “las tareas pendientes”16, reforma pensional para incrementar los años de servicio, la edad de jubilación y el monto de los aportes; la reforma laboral para modificar regresivamente las condiciones de trabajo, la estabilidad laboral y el ingreso, y la reforma tributaria “estructural”, que descargará una cascada de impuestos sobre la población y hará nuevas privatizaciones, todo para brindar mejores garantías a la inversión extranjera y nacional buscando superar la crisis que los afecta a costa de los salarios, el desempleo, la miseria y el hambre de la mayoría de la población.

De eso se tratará el llamado “pos-conflicto”. La resistencia de los trabajadores y las masas, independientemente de sus ilusiones actuales y de cómo voten en el plebiscito, no se hará esperar. Para aplicar esos planes económicos de ajuste, requieren contener y canalizar la lucha de los trabajadores y las masas y minimizar el riesgo de explosiones sociales que vendrán en respuesta a los ataques. Para ese fin, son vitales los pactos hechos para conseguir el concurso de los Castro de Cuba, de los dirigentes de las FARC, de las direcciones sindicales reformistas, así como las ligadas a los partidos políticos del gobierno y los patrones, de la izquierda parlamentaria colombiana y del continente, así como la de los jerarcas de la Iglesia, para canalizar la resistencia, es decir, como reaseguro de sus inversiones, sus ganancias y de su sistema capitalista.

El trasfondo de lo pactado por las FARC: el fracaso de la política y la estrategia guerrillera

No se trata de cuestionar el derecho que tiene la dirigencia de las FARC, ante el evidente fracaso de su política y estrategia guerrillera, de suspender su accionar militar y pasar a hacer política, convertirse en partido político y acordar garantías para hacerlo sin ser asesinados. Pero, los trabajadores del campo y la ciudad y el campesino medio y pobre, si tienen derecho a cuestionar que esa comandancia pretenda presentarse como vocera de sus intereses y reclamos.

Las FARC hace años no representan los intereses de los campesinos pobres o los trabajadores, ni estos se sienten representados por aquella. Y a los trabajadores les asiste mucho más derecho a cuestionar que la guerrilla deje de combatir al régimen para pasar a respaldarlo y que pretendan meter gato por liebre, al presentar los intereses del imperialismo y los capitalistas, como compatibles o armónicos con los intereses de los trabajadores y los pobres, así como presentar el pacto hecho como una oportunidad de bienestar para la población y como el fin de la violencia.

Este fracaso es la consecuencia final de que las guerrillas, y en especial las FARC con su dirigencia estalinista, convirtieron una forma de lucha, un medio, en un fin. Al tiempo que apostaron a un país rural, mientras este se hacía cada vez más urbano. En cincuenta y dos años de su accionar guerrillero no consiguieron alguna reforma o transformación importante a favor de los pobres del campo o la ciudad, pero si dejaron en su camino una estela de violencia inútil y víctimas, así como la vida de una generación de luchadores, sacados de las organizaciones juveniles y de trabajadores, que ingresaron en sus filas porque buscaban democracia, libertades y cambios importantes en esta sociedad.

Al contrario, consecuentes con su concepción política y programa estalinista, al tiempo que desarrollaban una guerra de aparatos (de bolsillo) con el ejército, junto al desprecio por las luchas de la clase obrera y las acciones de las masas, así como de sus organizaciones, dejó de lado los intereses y necesidades del campesinado pobre. Por eso, perdió completamente el respaldo político que en algún momento tuvo en algunas capas de campesinos, de trabajadores o estudiantes de clase media en las ciudades y se granjeó el odio de grandes sectores de la población. Con ese método y política, abonados con las distintas treguas (con Belisario) y pactos (Tlaxcala, Caguán, etc.) que firmaron con distintos gobiernos, permitió a éstos y la oligarquía señalarlos como principales responsables de los problemas del país y endilgarles la responsabilidad exclusiva de la violencia.

Como se dijo antes, en ese contexto de aislamiento político respecto de la población, los gobiernos, con la firme asesoría y tutelaje del gobierno de los Estados Unidos, asestaron durísimos golpes militares a las FARC (“Operación Jaque”), la deserción de combatientes y dirigentes, bombardearon sus campamentos y asesinaron importantes miembros de su cúpula dirigente (Reyes, Jojoy, Cano, etc.), lo cual aunque no los derrotó, si los golpeó duramente y allanó el camino hacia este Acuerdo.

Posteriormente, a partir del retroceso mundial de la lucha de los trabajadores con la derrota de las luchas a nivel mundial y la restauración capitalista en la ex Unión Soviética, China y demás países llamados “socialistas” (final de los años 80s), en vez de alguna rectificación y girar hacia la defensa de los intereses y necesidades de los pobres del campo, de los sectores populares o la clase obrera, terminó recostándose en el negocio del narcotráfico para fortalecerse militarmente, lo que la llevó a ligarse a sectores de los narcos y de otros empresarios del campo y las regiones, a la vez que se degradaba políticamente.

Y ahora firman este Acuerdo que a todas luces no se compadece con medio siglo de accionar, mediante el cual a partir de tibias reformas en el campo, protección y algunos derechos políticos para ellos, la financiación al movimiento político en el cual se convertirán y otras concesiones menores, se comprometen a entregar las armas a la ONU e impulsar un “Pacto Político Nacional”17 con el gobierno, los empresarios, sus gremios económicos y sus partidos políticos, en busca de lo que llaman la “reconciliación nacional”. En otras palabras, se disponen a ayudar a los explotadores a remozar este régimen político excluyente y violento, a avalar como democráticas sus instituciones y a contribuir en la estabilidad y continuidad del sistema capitalista.

El dirigente de las FARC Pablo Catatumbo le reveló a la periodista María Jimena Duzán que: “ellos estaban sentados en la mesa [de la Habana] no porque querían cambiar el modelo de producción sino porque querían hacer cumplir esa carta [la Constitución de 1.991]18. O sea, con la negociación se ocuparon de reafirmar antes que cuestionar esa Constitución del 91, la “carta” que remozó y reglamentó las instituciones del antidemocrático régimen político colombiano.

Por otra parte, han pactado un Acuerdo que no consigna ni el más leve cuestionamiento por parte de las FARC al saqueo de los recursos naturales y la extracción de la riqueza nacional por parte de las empresas extranjeras, tampoco a los TLC, menos a la presencia de las bases militares estadounidenses en el país y la creciente supeditación del país como agente de los intereses de los Estados Unidos y demás potencias. De allí su silencio sobre la guerra en Medio Oriente (Siria Irak, Afganistán) que llevan adelante esas potencias, lideradas por Obama, otro “Premio Nobel de Paz”.

Por el contrario, el jefe máximo de las FARC, Timochenko “le dio la bienvenida a las empresas extranjeras y les aseguró que su movimiento político no iba a tener que ver con el chavismo ni con Maduro”19. En otras palabras, además de darles la “bienvenida” a las trasnacionales imperialistas, les asegura que ellos no propondrán alguna nacionalización de esas empresas, como en su momento se vio obligado a hacer el chavismo.

Los comandantes guerrilleros al comprometerse a “acatar el Estado de derecho” decidieron firmar un cheque en blanco a los grandes empresarios extranjeros y nacionales, para que avancen sin trabas con sus inversiones en el campo y en todos los ámbitos.

Se preparan para recorrer el mismo triste papel de los dirigentes de otras guerrillas desmovilizadas del país (M19, EPL, ELN-CRS, etc.) y de sus pares centroamericanos (guerrilleros del Salvador, Guatemala, etc.), convertidos hoy en apóstoles de la democracia de los ricos y poderosos, de las instituciones y del sistema capitalista. ¿Acaso con sus pactos se eliminó la violencia? ¿O de que sirvió a los campesinos pobres, a los trabajadores o a los habitantes de los barrios populares de las ciudades, el que Petro, Navarro, Rosemberg Pabón, León Valencia, Claudia López, etc. etc., se convirtieran en “prestantes” parlamentarios, alcaldes, gobernadores y politiqueros de oficio? Más aún, ¿de qué sirvió a la lucha campesina cuando el Paro Agrario, los puestos logrados por estos dirigentes o sus partidos? ¿O a la lucha estudiantil, a la lucha de los maestros y las huelgas obreras? ¿No fue precisamente Petro quien ordenó al ESMAD reprimir violentamente la protesta en Bogotá de apoyo al Paro Agrario (2013)?

Antes bien, ese estrecho espacio político que les dieron, lo pusieron al servicio de sus privilegios y para adormecer las luchas, con su política de conciliación, el pacto con los gobiernos y la frustración de las necesidades e intereses de los trabajadores, de los más débiles, los pobres y necesitados.

El “Acuerdo Político Nacional”: un pacto de paz necesario para los negocios de los poderosos

Realizado el plebiscito, el gobierno oficializará “un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL”20 con todos los partidos políticos, de derecha y de la izquierda parlamentaria, grupos empresariales, sindicatos, etc., para garantizar la “unidad y reconciliación nacional” entre gobierno y empresarios, con las direcciones sindicales y políticas del movimiento obrero y campesino.

Manipulando las ilusiones de la población, el gobierno de Santos con el respaldo de los directivos de las Centrales Obreras y principales sindicatos del país, lanzó una gran campaña nacional volcándose a través de los medios de comunicación y redes sociales, mediante cartillas, videos, conferencias, foros, etc., para adoctrinar a los trabajadores sobre las “bondades de la paz”.

A través del Ministerio de Educación, utilizar el aparato escolar (escuelas, colegios y universidades), como mecanismo de este adoctrinamiento de la ideología de la paz, con la llamada Cátedra de la Paz a fin de inculcar, entre los niños y jóvenes, el respaldo a los acuerdos y a este pacto. A esta causa, se han sumado los directivos nacionales y regionales de FECODE con la campaña “La escuela territorio de paz”. Sin consultar a las bases, acordaron con el Jefe de la Campaña del gobierno a favor del “SÍ”, Cesar Gaviria. Como parte de esta campaña realizaron un “Encuentro Internacional de Maestros por la Paz de Colombia”. Sacarán 300.000 cartillas, 100.000 afiches y 8 millones de cartas a los padres de familia, destinando para ello enormes recursos sacados de los bolsillos de los maestros. Como una prueba más de su política, esos directivos estarán de nuevo “hombro a hombro” con la Ministra de Educación Gina Parody, pues ella ha sido autorizada por el gobierno para encabezar la campaña por el “SÍ”.

Este llamado a la “reconciliación nacional” implica que los trabajadores y pobres, nos sacrifiquemos, no reclamemos mediante la lucha decidida o la huelga, mejores condiciones de vida y trabajo, para colaborarle al gobierno y los empresarios en “sacar el país adelante”, realmente en sacar adelante los negocios de la gran burguesía nacional y del imperialismo. Se trata de un “pacto” de colaboración de clases.

La vigencia de la lucha directa de la clase obrera y las masas

Como se dijo antes, los trabajadores saben que todas las conquistas se lograron gracias a la lucha, la movilización de masas y las revoluciones. Así, se ha corroborado recientemente en el país con las masivas movilizaciones estudiantiles (2011), la rebelión campesina del Paro Nacional Agrario (2013) y el paro nacional del Magisterio (2015) a más de varias huelgas obreras. De igual forma la lucha y movilización es en últimas la explicación de las conquistas que lograron las masas pobres o los trabajadores bajo el chavismo y gobiernos similares, así fuera como efecto indirecto. Por su parte, la dirección castrista y sandinista pudo dirigir la revolución porque levantó una política que interpretaba el sentir de las masas.

Ante el fracaso y descomposición de la guerrilla, las pasadas luchas de los campesinos, maestros y estudiantes, así como las recientes de la población del departamento del Chocó, la del magisterio del departamento del Cauca, o la de trabajadores y estudiantes del Sena, de hecho, se reafirma el método de la huelga y la movilización de la clase obrera y sus aliados, como el camino más seguro para alcanzar las reivindicaciones inmediatas, del derecho a una vida tranquila y digna, sin hambre, con pleno empleo, salud, vivienda, educación y sin violencia, así como las soluciones de fondo al problema de la tierra en la ciudad y el campo, de plenas libertades democráticas, la liberación del país de la opresión imperialista. Es decir a otro sistema económico y social dirigido por la clase obrera y sus aliados

Los triunfos de las revoluciones en Cuba, Bolivia, Nicaragua así como las anteriores experiencias de los trabajadores con la revolución rusa, muestran la eficacia de la lucha de masas. También, son prueba las recientes revoluciones democráticas que tumbaron dictaduras de más de treinta años en el poder, en Túnez, Egipto y Libia.

La crisis económica llevará a los de arriba a atacarnos y… ¡a los de abajo a responder!

Este Acuerdo alcanzado por el gobierno Santos y el gobierno de los Estados Unidos con las FARC, así como los pactos logrados previamente por Obama con los Castro y los nuevos gobiernos adictos al imperialismo en Argentina o Brasil, como se revelará, son la antesala de nuevos ataques económicos contra los trabajadores.

Al igual que vienen haciendo los gobiernos de Estados Unidos, Grecia, España, Francia, Alemania y demás países de Europa y el mundo, se aplicarán en Colombia reformas regresivas en lo laboral y pensional para lograr mayores niveles de explotación, así como incrementar los impuestos con la reforma tributaria, con el objetivo de enfrentar la recesión económica en Colombia y América Latina. Para lograrlo, no vacilarán en incrementar la represión, recortar aún más las libertades democráticas, de movilización, expresión y organización de los trabajadores y sus aliados.

Ante estos ataques y la respuesta a ellos, se empezará a disipar el espejismo, se descubrirá el engaño de los dirigentes sindicales y de la izquierda parlamentaria y saldrá a la luz el verdadero contenido y objetivo reaccionario del gobierno con este Acuerdo pactado con las FARC: la defensa de un régimen injusto y violento contra los trabajadores y los pobres para mantener esta sociedad capitalista, basada en la explotación, hambre y miseria, al servicio de una pequeña minoría de potentados.

En consecuencia, la respuesta de la clase obrera con la huelga y la movilización callejera, no se hará esperar. Tal como se ha dado en el país y viene dándose en otros países de América Latina (Argentina, Paraguay, Brasil, etc.). Los trabajadores y las masas están empezando a protagonizar importantes luchas de resistencia a los planes y ataques de los gobiernos.

Se hará urgente una política consecuente y clasista para unificar y centralizar las luchas en una acción nacional contra el gobierno que obligue a los dirigentes a abandonar su apoyo al gobierno. Eso permitirá abrir paso a la movilización de los trabajadores para derrotar los planes de ajuste y en ese proceso, avanzar en la construcción de una organización política propia, completamente independiente del gobierno, los patronos y sus partidos políticos, organizada democráticamente y en unidad con los campesinos pobres, que abra paso a un proceso de movilización permanente de los trabajadores.

Se impondrá la necesidad de la lucha revolucionaria y del socialismo obrero e internacional y de la organización política internacional indispensable para que los obreros, los trabajadores y los pobres de la ciudad y del campo tomen en sus manos el manejo de la sociedad en beneficio de la absoluta mayoría de la población, como única salida de fondo a las calamidades que descarga diariamente sobre nuestras espaldas este perverso sistema dominado por los capitalistas.

***

El Plebiscito ¿una consulta democrática a la población?

Cualquier Referendo o Plebiscito aparenta ser una consulta democrática, pero no lo es. Por eso es el instrumento predilecto de las dictaduras. En el plebiscito solo habrá dos opciones, “SÍ” o “NO” a una única pregunta que dice: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. Entonces, se trata de una trampa autoritaria revestida de “consulta democrática”, un engaño, porque implica que quien no concurra o se oponga, es porque no quiere “una paz duradera”.

Todo trabajador y joven crítico puede desentrañar que con este Plebiscito no se les está consultando realmente nada. En primer lugar, no hay cabida para otras opciones, pues se trata de una refrendación de lo ya pactado por arriba entre cúpulas en la Habana, dado que el Acuerdo Final no es algo en lo que participó o participará el movimiento obrero del campo o la ciudad, el campesinado pobre o los sectores populares, ni siquiera el Parlamento.

En segundo lugar, solo se pide que refrende o no. Realmente, nada se está consultando a la población, pues como el gobierno mismo dice “no se le puede cambiar ni una coma”. En tercer lugar, con el “SÍ” o el “NO” en el fondo se convoca a los trabajadores y la población a decidir a cuál sector de la oligarquía, de la clase de los explotadores, dará su respaldo en las urnas. O se respalda la política del gobierno Santos o se lo hace con la política del uribismo, ¡No hay de otra!

Entonces, la población está convocada a respaldar ya sea la oligarquía moderna representada por Santos o la vieja burguesía ganadera y los terratenientes, representada por Uribe. No es entre la paz y la guerra, sino quién se queda con las ganancias de la explotación de la tierra. ¡Lo que se dirime no es la paz sino los negocios!

Por otro lado, se pone al desnudo el tipo de “democracia burguesa” de esta sociedad, pues se está coaccionando y estigmatizando al trabajador, como si votar en ese plebiscito fuera una obligación. Se quiere presentar la opción de votar como imposición, colocando en el escarnio público a quien libremente decida no hacerlo. A esa causa sirve la polarización política actual, lo mismo que el tipo de consulta que se está organizando: se debe respaldar a alguno de los bandos de los explotadores, a riesgo de ser señalado o estigmatizado.

Por un lado, votar “NO”, significa dar un espaldarazo político al uribismo, a la dupla ex-Procurador-Pastrana, al sector más retrogrado y reaccionario de la élite gobernante de este país, que se opone al Acuerdo para evitar que algunos de sus miembros puedan ser enjuiciados y porque se niegan a cualquier modificación en el Campo o en la política, por leve que sea. También, para seguir capitalizando el resentimiento de muchas capas de la población contra el gobierno Santos y la guerrilla. ¡Esa no es opción para los trabajadores o los pobres!

Por otro lado, votar “SÍ” significa un acto de solidaridad política con la “paz”, con el gobierno Santos, los patronos, y el imperialismo. Por más que se lo niegue, significa apoyar toda su política de conjunto, de la cual ésta es solo una parte, pues el Acuerdo está indisolublemente ligado al plan de medidas económicas y políticas del gobierno, es decir de la mayoría de la burguesía, de los potentados del país.

Por tanto decir “SÍ” al Acuerdo, significa, de hecho, dar el apoyo político que el gobierno requiere para aplicar la contrarreforma educativa hoy en marcha, la contrarreforma laboral, la pensional, la tributaria y todos los planes económicos y políticos que implementará el gobierno para beneficio de los capitalistas buscando solucionar la crisis que afecta su economía. ¡En ese plebiscito no existe alguna opción para los trabajadores y los pobres!

Ante las elecciones no hemos considerado la abstención como una postura política adecuada, pero en este caso al no tratarse de una elección, sino de este plebiscito tramposo, los trabajadores y jóvenes críticos tienen la alternativa de abstenerse. ¡Rechazar la trampa y no concurrir a las urnas respaldarla!

***

Las direcciones sindicales y de “izquierda” apoyan los acuerdos

Los dirigentes de Centrales Obreras y sindicatos de los trabajadores (CUT, CGT) y Fecode. Las organizaciones políticas que se reclaman de izquierda (Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, PC, Polo Moir, Polo Democrático), con similares argumentos, han ofrecido total apoyo al Acuerdo del Gobierno y las FARC:

Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
Luis Alejandro Pedraza, Presidente

La Central Unitaria de Trabajadores —CUT— celebra el acuerdo final entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. “Para el sindicalismo y las fuerzas democráticas, avanzar hacia la paz representará un mejor escenario de garantías para el ejercicio de los derechos de los trabajadores y de la libertad sindical. Desaparecerá el reprobable pretexto… para señalar y reprimir las luchas populares y reclamos de los colombianos…La CUT llama a todos los colombianos a votar por el “SÍ”, y a mantener la oposición a la política económica y social del modelo neoliberal que los anteriores y el actual gobierno han venido imponiendo…

Confederación General del Trabajo (CGT)
Julio Roberto Gómez, Presidente

La CGT está por… refrendar los acuerdos de La Habana, pero esto no quiere decir de ninguna manera que estemos de acuerdo con las políticas de Gobierno…Vamos por el Sí al plebiscito…

23 de agosto de 2016

Federación Nacional de Educadores (FECODE)
Encuentro Internacional de Maestros 2016:
Luis Gruber, Presidente

Fecode manifiesta su satisfacción por cuanto…se firmó los acuerdos que darán cierre definitivo a más de 50 años de enfrentamientos, guerra y zozobra que enlutaron a cientos de hogares y familias…Ahora, corresponde a los ciudadanos de bien —que son la inmensa mayoría refrendar con sus votos el “SÍ” al plebiscito. “esta es ruta de la paz porque Colombia y los colombianos nos merecemos otra oportunidad”.

Boletín de Prensa N°17:

… No solo decimos “SÍ” a la PAZ… estamos seguros que, si se gana la paz, ese dinero que se ahorra en la guerra se puede invertir en educación…

Marcha Patriótica
¡Ahora “SÍ” Colombia, Vamos por la PAZ!

No habrá más muerte, más persecución, más genocidio, no odio ni violencia…Ratificamos que respaldamos la totalidad de los acuerdos alcanzados porque representan la posibilidad de producir los cambios políticos, sociales y económicos que necesita el país, y que beneficiarán sin distingo alguno a todos los colombianos y colombianas… es el momento de consolidar entre todos, el nuevo pacto político de reconciliación y democracia… acudiremos a las urnas de forma masiva para VOTAR “SÍ” AL PLEBISCITO que abrirá la senda de una Colombia en Paz y con Justicia Social…

24 de agosto de 2016

Congreso de los Pueblos
Con la firma de los acuerdos avanzamos.

“Este es un momento de país que nos permitirá, a través de la participación y la movilización, seguir sumando aliados y mejorando la correlación de fuerzas en el propósito de construcción de la paz que soñamos todos y todas… donde por medio del diálogo y las diferentes miradas llegaron a unos acuerdos y sentaron las bases para la construcción de una paz estable y duradera.

26 de agosto de 2016

Polo Democrático Alternativo PDA-MOIR
Jorge Enrique Robledo, Senador

… Creo que es mejor desarmar a las FARC con lo que ya tenemos…Cualquier cosa que se le haya concedido a las FARC y pueda molestar a alguien, es menor al hecho de desarmarlos. Las FARC están tomando hoy la decisión política de someterse… Están pasando de desafiar militarmente al Estado, a reconocer el monopolio de la fuerza del Estado; eso es un inmenso positivo para la sociedad colombiana…

Estos dirigentes les dicen a sus afiliados y seguidores que reciben con “gran positivismo el Acuerdo final”, pues afirman que con él “desaparecerá el reprobable pretexto para señalar y reprimir las luchas populares”.

Es decir, que a pesar de que no se tocan el ESMAD ni el Ejército sino que se fortalecerán, estos dirigentes nos aseguran que “no habrá más muerte… ni violencia”, pues se dará el “cierre definitivo a más de 50 años de enfrentamientos, guerra y zozobra” y mientras afirman eso van más de 40 militantes de izquierda asesinados.

Y como si co-gobernaran, afirman que el “dinero que se ahorra en la guerra se puede invertir en educación” ya que todo esto “beneficiará sin distingo alguno a todos los colombianos y colombianas” y, por fin, habrá paz con justicia social.

Crean expectativas sobre la apertura de grandes posibilidades para construir una “Colombia nueva” que garantizará el goce de nuevas libertades democráticas y mejores condiciones para los trabajadores y mayorías empobrecidas. No está mal, ¿verdad? Así, sin lucha directa, sin movilizaciones y huelgas de los trabajadores, con solo un Acuerdo de cúpulas entre el gobierno representante de los empresarios y patronos y los comandantes guerrilleros, afirman que se logrará toda esta positiva realidad y beneficios “para todos”. Y, de acuerdo a sus afirmaciones, todo eso será posible sin cambiar el Régimen político y este sistema capitalista.

Esta política, así se la quiera justificar con palabras, constituye de hecho un acto de solidaridad política con una de las principales política del gobierno Santos. Un nuevo episodio de apoyo a ese gobierno, similar a cuando todas estas direcciones llamaron a votar por Santos en la segunda vuelta electoral.

Esa política tiene un nombre: ¡colaboración de clases! Utilizar su condición al mando de las organizaciones, para orientar y llamar a los trabajadores a colaborar, a respaldar una política central del gobierno de los patronos. Y contrario a las fantasías que estos dirigentes divulgan, la llamada “Justicia Transicional”, no solo es garantía de impunidad a los paramilitares a quienes los patrocinan (militares y capitalistas), sino que anuncia que habrá más represión para todo aquello que amenace la paz, sean las otras guerrillas o los trabajadores.

Argumentan algo así como que existen dos gobiernos Santos: uno de “paz” y otro neoliberal. Según eso, algunas de sus medidas son “positivas” y hay que apoyarlas. Y “oponerse” a otras (las “neoliberales”). Así ponen en práctica el doble estándar del “que peca y reza… empata”.

Con ese criterio falaz, Clara López la dirigente del Polo Democrático Alternativo-PDA, hace parte del gobierno Santos en el Ministerio de Trabajo, para una vez más repetir las experiencias de Angelino Garzón o Lucho Garzón, también provenientes de esa izquierda reformista, que antes que significar algún cambio profundo para los trabajadores, sirvieron solo para amarrarlos a la cola del gobierno de turno y sabotear sus reclamos y luchas.

Los hombres han sido siempre en política, victimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase.

V. I. Lenin, marzo de 1913

1 “Colombia conserva el deshonroso título del segundo país con más desplazados.” Revista Semana, 2015-05-16.

2 “Una Justicia perfecta no permite la paz”, entrevista para el diario El País de España, 09-03-2016.
3 La creación y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz no modificarán las normas vigentes aplicables a las personas que hayan ejercido la Presidencia de la República… Acuerdo Final. Contenidos, alcances y límites de la concesión de amnistías e indultos así como de otros tratamientos especiales, pág. 134.
4 “El Acuerdo para terminar la guerra.” Suplemento Revista Semana, agosto 28 de 2016. (Cartilla de propaganda sobre el Acuerdo Final).
5 “Imprecisiones, temores y objeciones.” Humberto de la Calle. El Tiempo, 29 de agosto de 2016.
6 “En el camino de la transformación agraria.” Juan Camilo Restrepo. Especial para El Espectador. 12 octubre 2014.
7 “¿Por qué la agroindustria?” Juan Camilo Restrepo. Revista Semana, Sembrando Futuro, Julio de 2016. “El papel de la infraestructura en el desarrollo agrícola de Colombia”, Borradores de Economía Nº 94 de 2015. Banco de la República, titulado.
8 “El agro una oportunidad de oro.” Revista Semana. 2016/02/06.
9 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND%202014-2018%20Bases%20Final.pdf
10 Conozca las 32 recomendaciones que le hace la OCE al agro. Portafolio http://www.portafolio.co/economia/finanzas/conozca-32-recomendaciones-le-ocde-agro-28948
11 Colombia: La metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares. Segundo informe de balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005. Comisión Colombiana de Juristas, 1ª edición, marzo de 2010, pág. 55.
12 “Respaldo de Santos al ESMAD genera polémica.” Revista Semana. Junio 29 de 2016.
13 Idem.
14 Revista Dinero, septiembre, 2016.
15 “Obama agradece a Castro por la ayuda al proceso de paz de Colombia.” Revista Semana. 2016-03-21.
16 Editorial, revista Dinero, agosto 19 de 2016.
17 “El Gobierno Nacional y el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal, se comprometen a promover un Pacto político Nacional y desde las regiones, con los partidos y movimientos políticos, los gremios, las fuerzas vivas de la Nación, la sociedad organizada y las comunidades región en los territorios, sindicatos, el Consejo Nacional Gremial y los diferentes gremios económicos, los propietarios y directivos de los medios de comunicación, la iglesia…".
18 “Cómo lo imposible fue posible.” María Jimena Duzán, revista Semana Nº 1791, 28 de agosto de 2016.
19 Idem.
20 Acuerdo Final. Pacto Político Nacional. Página 71, punto 3.4.2.

Menu

18/11/16

Víctor “Pato” Brítez (1946-2016)

El acuerdo Santos-FARC:¿Un futuro de tranquilidad y prosperidad para todos los colombianos?

Publicaciones

Entradas Populares

Formulario de contacto

Archivo del blog

LENIN

Text Widget

Archivo de publicaciones:

León Trotsky

Datos personales

Blogs y paginas recomendados

Blogs de PMI