La dirigente social argentina Milagro
Sala está presa en la provincia de Jujuy desde enero de 2016, hace ya un año.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina,
declaró: «Estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas
relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de
expresión […] El uso de leyes penales no puede ser usado para intimidar y
amenazar a las organizaciones sociales y silenciar sus reclamos». El Grupo de
Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU declaró que su detención es arbitraria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en
el que urgió al Estado nacional, y en particular al gobierno de la provincia de
Jujuy, a dar «pronta respuesta» al reclamo del Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas, que había exigido su «liberación inmediata».
La respuesta de la «Justicia» jujeña fue
condenar a Sala a tres años de prisión «en suspenso» y mantenerla presa por
otras causas que fue agregando contra ella.
La provincia de Jujuy está gobernada por
Gerardo Morales, dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), partido que
integra la coalición Cambiemos como socia menor del PRO, el partido de Mauricio
Macri, actual presidente de la Argentina. Este último argumentó que Salas debía
seguir presa porque «a la mayoría de los argentinos nos ha parecido (¿?) que
había una serie de delitos importantes que ameritaban que hubiese causas», y
porque era una decisión de la Justicia de Jujuy y el gobierno no iba a
interferir en ella por «respeto a la división de poderes».
En la Argentina se acuñó el término
«gorila» en los años 40-50 del siglo pasado para definir a los sectores
políticos antiperonistas. Al menos desde el gobierno declaradamente
proimperialista y brutalmente antiobrero del peronista Menem, y máxime hoy, cuando
el PRO cuenta en sus filas con dirigentes provenientes del peronismo y que se
siguen autodeclarando peronistas, esa definición ya no es válida. Actualmente,
«gorila» puede servir para definir a los sectores sociales (los oligarcas, la
gran burguesía y la alta clase media) y a las organizaciones pólíticas que
odian y temen a los trabajadores y a los pobres.
La «democrática» Unión Cívica Radical
El PRO, representa a la rosca
oligáquica-imperialista en el poder, es gorila de nacimiento. Sobre la Unión Cívica
Radical, en cambio, se urdió la leyenda de que es la fuerza política nacional
«paradigma de la democracia», porque desde la «Revolución del Parque» de 1890
peleó contra el régimen del «fraude patriótico» de los gobiernos
oligárquico-conservadores. Pero cuando se trata de su accionar con respecto a
la clase obrera y sus luchas, la falsedad de esa leyenda queda al desnudo.
Veamos sólo unos pocos hechos históricos.
• Bajo el gobierno radical de Hipólito
Yrigoyen se produjeron las mayores masacres de trabajadores, sólo superadas por
la dictadura militar de 1976-1983: las de la Semana Trágica y las de la
Patagonia Trágica. Durante la primera (del 7 al 14 de enero de 1919), bandas
parapoliciales, la policía y el Ejército, asesinaron, detuvieron y torturaron a
granel, cobrándose unos 700 muertos, decenas de desaparecidos —entre ellos
muchos niños—, miles de heridos y decenas de miles de detenidos1 2. Se llamó
Patagonia Trágica a la represión ejecutada en 1920 y 1921 por el Ejército
enviado por Yrigoyen contra las huelgas obreras3 que estallaron en el entonces
territorio nacional (hoy provincia) de Santa Cruz para aplastarlas a pedido de
los terratenientes ingleses y nacionales, con un saldo de centenares de obreros
fusilados o muertos en combate contra las tropas.
• En 1955 la UCR fue la fuerza civil más
importante que actuó —codo a codo con la Iglesia y bajo la conducción de los
militares— en el golpe de Estado proyanqui que derrocó a Perón4, asaltó e
intervino los sindicatos peronistas (que eran la abrumadora mayoría), fusiló a
militares y civiles peronistas, proscribió al Partido Peronista, prohibió
mencionar a Perón y Eva Perón, etcétera.
• Entre noviembre de 1958 y agosto de
1961, el presidente Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente5,
aplicó el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), bajo el cual fueron
intervenidos sindicatos y clausurados locales partidarios, miles de personas
fueron a parar a la cárcel, más de cien sufrieron condenas en juicios sumarios
realizados por consejos militares de guerra, miles de trabajadores —entre ellos
los bancarios y los ferroviarios— fueron incorporados a la fuerza al servicio
militar y puestos bajo la disciplina de las Fuerzas Armadas, etcétera.
• Durante la huelga general del 7 y 8 de
julio de 1975 que hizo renunciar a Celestino Rodrigo (el ministro de Economía
de Isabel Perón), y obligó a huir del país a José López Rega (fundador y líder
de las bandas asesinas de la Triple A —Alianza Anticomunista Argentina—),
Ricardo Balbín, el máximo dirigente de la UCR, refiriéndose a las comisiones
internas y cuerpos de delegados sindicales que se oponían a la burocracia
sindical y se organizaban en coordinadoras, llamó a «aniquilar a la guerrilla
fabril», una tarea que ya venía realizando la Triple A y que ejecutaría hasta
el fin la dictadura militar6.
• Cuarenta y ocho horas antes del golpe
del 24 de marzo de 1976, Balbín llamó a los militares a que tomaran el poder
declarando: «Hay soluciones, pero yo no las tengo». Cuando fue sometido a juicio,
el general Jorge Rafael Videla, primer jefe de la última dictadura militar,
puso en blanco sobre negro la única interpretación posible de estas palabras:
«Balbín llegó a decir en esos momentos que tenía las manos vacías de
soluciones, que la clase política no podía hacer más», «Balbín me expresó su
preocupación por la situación caótica que vivía el país y me dijo ¿Van a dar el
golpe o no? Hagan lo que tienen que hacer».7
• Después del golpe militar, un tercio de
los intendentes municipales de todo el país designados por la dictadura eran de
la UCR.
• Al radical Raúl Alfonsín, presidente la
Nación entre 1983 y 1989, se lo considera un prócer por haber «recuperado la
democracia» después de la última dictadura. Pero cuando se produjeron, entre
mayo y junio de 1989, oleadas de manifestaciones y saqueos provocados por la
hiperinflación y el aumento sideral de los precios de la comida, respondió
estableciendo el «estado de emergencia» y desatando una represión que dejó al
menos 14 muertos.
• El último gobierno radical, el de
Fernando de la Rúa, fue expulsado del poder por las masas movilizadas, pero
antes declaró el estado de sitio, que fue la harramienta «legal» para asesinar
a 39 personas, 9 de las cuales eran menores8.
Toda una historia negra que explica por
qué el «democrático» gobernador Morales tiene su propia presa política, Milagro
Sala: porque siente hacia ella el odio de clase que siempre caracterizó a su
partido, la Unión Cívica Radical, un odio compartido por el PRO de Mauricio
Macri.
El gorilaje peronista
Todos los dirigentes que se declaran
peronistas dicen defender a los trabajadores y al pueblo. Hacen un culto de
Perón (o, como mínimo, se siguen autocalificando de «peronistas»), mientras
guardan silencio, por ejemplo, ante el hecho de que fue «el General» quien
encargó a López Rega la organización de la Triple A. Todos ellos apoyaron a
Menem cuando éste derrotó brutalmente las grandes huelgas de los telefónicos,
ferroviarios, siderúrgicos, empleados de Aerolíneas Argentinas, docentes,
estatales, etcétera, que enfrentaron su política de privatizaciones al servicio
de los monopolios imperialistas, despidos y baja salarial.
En el caso de Milagro Sala, la lista de
peronistas gorilas es muy nutrida. Al frente de los que defienden que ella siga
presa está el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim, en su momento presidente
del Partido Justicialista (PJ-peronista) provincial y hoy en el Frente
Renovador (FR)9, que llegó a su cargo actual en alianza electoral con la UCR
provincial. Lo apoyan, entre otros integrantes del FR, su máximo dirigente,
Sergio Massa, y su principal figura parlamentaria, Graciela Camaño10.
Unos pocos dirigentes del PJ que nunca
fueron kirchneristas o rompieron con el kirchnerismo tras la derrota electoral,
como el gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, exigen la
libertad de Sala, mientras la gran mayoría guarda un silencio cómplice.
Quienes se mantienen fieles al
kirchnerismo sí exigen la liberación de Sala pero, embarcados en priorizar las
elecciones del año que viene, no promueven una movilización unitaria de todas
las fuerzas y dirigentes que comparten esa exigencia; por el contrario, cuando
se movilizaron lo hicieron bajo la consigna «Cristina (Kirchner) conducción». Y
si de represión o persecución se trata, no está de más recordar las que ellos
mismos ejecutaron, entre otras, contra los trabajadores petroleros de Las
Heras, los de Tierra del Fuego, los choferes de la Línea 60 de autobuses
urbanos o los obreros de la alimentación de la empresa Cresta Roja.
La Túpac Amaru
Milagro Sala fundó y dirige una
organización social llamada Túpac Amaru, nacida en Jujuy y que luego se
extendió a 17 provincias argentinas y a la Capital Federal, llegando a tener
70.000 afiliados. Apoyada políticamente y generosamente financiada por los
gobiernos kirchneristas, se dedicó fundamentalmente a construir viviendas y
barrios populares11 destinados a los sectores sociales más pobres, marginados y
excluidos, la mayoría de ellos —al igual que Sala— de piel morena y algún
ancestro indígena, esos que fueron llamados despreciativamente «cabecitas
negras» y hasta «aluvión zoológico» por el gorilaje antiperonista. Como ocurrió
con otras organizaciones favorecidas por el kirchnerismo, como las Madres de
Plaza de Mayo lideradas por Hebe Bonafini, la Túpac Amaru es seguidora
incondicional de Cristina Kirchner.
Sobre Milagro Sala llueven ahora las
acusaciones de corrupción por el «desvío de fondos» públicos hacia bolsillos
particulares, a las que se suman otras por amenazas, hechos violentos,
usurpación del espacio público, etcétera. La cuestión de la corrupción ha
alcanzado las proporciones de una campaña gigantesca desde que Macri llegó al
poder, con jueces que abren juicios contra ex funcionarios kirchneristas, todos
ellos apuntando hacia lo más alto, la propia ex presidenta. Los medios masivos
más monopólicos y poderosos actúan como propagandistas sistemáticos de esa
campaña, que ocupa las primeras planas de los diarios de más circulación y
suman cada día varias horas de espacios de radio y televisión, mientras que no
informan —o lo hacen muy pobre y discretamente cuando no les queda más remedio—
sobre la corrupción de los funcionarios macristas, empezando por las más de 40
cuentas y/o sociedades del presidente Macri y su multimillonaria familia en
paraísos fiscales.
Los propios kirchneristas reconocen que
hubo funcionarios corruptos en los gobiernos de Néstor y Cristina, y tratan de
quedar bien con la opinión pública repitiendo a coro con los macristas y el
gorilaje en general que «la Justicia debe investigar, y el que fue corrupto que
vaya preso», pero alegan que no hay ningún motivo «procesal» para que esté
detenida. Algunos dirigentes peronistas que rompieron con el kirchnerismo
también se pronuncian por la libertad de Milagro Sala por los mismos motivos, y
también repiten que «la Justicia debe investigar, y el que fue corrupto que
vaya preso». Los revolucionarios luchamos por la libertad inmediata de Sala, y
estamos dispuestos a dar esa lucha junto a cualquiera que quiera llevarla
adelante. Hasta allí llega nuestra voluntad de «unidad de acción», pero ni un
milímetro más allá. Cuando se trata de dirigentes de organizaciones obreras y
populares, denunciamos como nefasta y reaccionaria la fórmula «el que fue
corrupto que vaya preso». ¿A qué «Justicia» le vamos a reconocer el derecho a
condenarlos con la única condición de que respete el Código de Procedimientos?
El caso de Milagro Sala sirve para desnudar la repugnante hipocresía de esta
palabrería «democrática y republicana»12.
Odio racial, de género y de clase
La actuación del gobernador radical y de
la «Justicia» de su provincia refleja un odio feroz contra lo que representa
Milagro Sala. Para la oligarquía y la alta clase media jujeña —y sus
representantes políticos— es absolutamente intolerable que una mujer por cuyas
venas corre sangre indígena haya creado y liderado una organización que se
dedicaba a dar una respuesta a las pavorosas carencias del «pobrerío» en
vivienda, salud y educación, una miseria que es la base sobre la que se
asientan las obscenas fortunas que exhiben sin la menor vergüenza. Un símbolo
explícito de ese odio es que el gobernador Morales haya destruido la piscina
construida por la Túpac Amaru. ¡Desde cuándo esos «negros» van a tener derecho
a una piscina! Es un odio multifacético, que puede sintetizarse en un odio de
clase.
Un argumento que repiten todos los que
apoyan que Milagro Sala siga presa es que la Túpac Amaru se había convertido en
Jujuy en un «Estado dentro del Estado». Y en eso hay algo de verdad. Salvo
cortos períodos posteriores a crisis agudas, en la Argentina hubo muy baja
desocupación, casi pleno empleo, desde los primeros gobiernos peronistas de
1946-1955, incluso bajo dictaduras militares. Esto cambió radicalmente a partir
del gobierno peronista de Menem (1989-1999), que dejó una gran capa social
marginada, condenada por generaciones y hasta hoy a la desocupación y al
trabajo informal e incluso a la criminalidad13.
Este sector marginado, abandonado a su
suerte por la burocracia sindical, empleó la única forma de lucha a la que
podía recurrir, el corte de rutas, autopistas, calles y puentes, y para
llevarla adelante se organizó en piquetes; de allí su denominación de
«piqueteros». Los piqueteros nacieron en 1996-1997 como el brazo «militar», por
así decirlo, de levantamientos populares encabezados por los desocupados en las
ciudades patagónicas de Cutral-Có y Plaza Huincul, y en Tartagal, en la norteña
provincia de Salta.
Cuando estalló la crisis económica de
2001, las organizaciones piqueteras se masificaron, se extendieron por todo el
país y obligaron a todos los gobiernos posteriores, que temblaban ante la menor
posibilidad de que un levantamiento popular los volviera a echar del poder
—como había ocurrido con el presidente De la Rúa en esa crisis—, a subsidiarlos
con miles de millones de pesos. Incluso el actual gobierno, furiosamente
antiobrero y antipopular, sigue sufriendo lo que hemos llamado «síndrome del
2001», y para lograr un «fin de año en paz» acaba de darles a tres
organizaciones piqueteras14 30.000 millones de pesos (unos 2.000 millones de
dólares) para los próximos tres años, o sea, 10.000 millones de pesos (unos 665
millones de dólares) por año15.
Con esos fondos, estas organizaciones se
convierten efectivamente en un «Estado dentro del Estado» porque administran
los recursos, las actividades (por ejemplo, cooperativas y
microemprendimientos) y los ingresos de ese sector social abandonado a la mano
de Dios por los capitalistas y los aparatos estatales (nacional, provinciales y
municipales) que esos capitalistas gobiernan. Es cierto que, al depender de
dineros del Estado, esas organizaciones son de hecho paraestatales y termina
siendo políticamente cooptadas por éste, pero igual resultan intolerables para
la burguesía y sus partidos porque no pueden controlarlas «como corresponde»,
es decir, por medio de los tres poderes de la República patronal (el Ejecutivo,
el Legislativo y el Judicial) ni por sus fuerzas represivas. Y más intolerables
todavía porque son capaces, por ejemplo, de construir viviendas a un costo
inferior en aproximadamente un 40% de lo que cobraría una empresa privada; la
burguesía no puede soportar que le «roben» semejante negocio, menos que menos
si el hermano del gobernador Morales es propietario de una empresa de
construcción.
La burguesía siempre odió e intentó
destruir las comisiones internas y cuerpos de delegados por empresa, que bajo
los primeros gobiernos de Perón se habían convertido en un poder de los
trabajadores con el cual las patronales se veían obligadas a discutir de tú a
tú. De la misma manera no puede soportar esos «Estados dentro del Estado» y
quiere destruirlos aunque por el momento se vea obligada a negociar con ellos.
Lo que se juega con el encarcelamiento de Milagro Sala no tiene nada que ver
con la corrupción; es una experiencia piloto para avanzar más en el futuro. El
odio del gorilaje contra las organizaciones de base de los trabajadores tiene
el mismo signo del odio contra la Túpac Amaru: es un odio de clase.
Los trabajadores debemos defender a
Milagro Sala
Héctor Daer, uno de los integrantes del
triunvirato que dirige la Confederación General del Trabajo (CGT) y diputado
por el FR, dijo que Sala debía quedar en libertad, pero la razón que dio fue
que su detención «le hace muy mal a nuestro país y al gobierno en particular».
Y agregó esta canallada: «No (pedimos) que se anule su proceso, (sino) que se
cumpla en las mismas condiciones que para el resto de los habitantes del país»,
o sea que Sala, en manos de la «Justicia» de Jujuy, vaya presa más adelante16.
Los revolucionarios no defendemos a
ningún corrupto. Pero en primer término denunciamos a esa justicia de clase, y
por principios no nos hacemos eco de ninguna de sus acusaciones ni aceptamos
sus condenas cuando sus víctimas son dirigentes de organizaciones obreras o
populares, sin mencionar siquiera las diferencias que tenemos con ellos.
Los trabajadores debemos defender a
Milagro Sala porque cada éxito que obtenga nuestra clase enemiga en la
represión de dirigentes obreros y populares le dará más fuerza para reprimirnos
a nosotros y para mandar a la cárcel a nuestros compañeros más rebeldes y
combativos. Debemos exigir a la CGT y a nuestras organizaciones sindicales que
se pronuncien por la libertad inmediata de Sala y por la anulación de todos los
procesos que ha abierto contra ella la putrefacta «Justicia» jujeña, y que
incorporen esta consigna en toda acción que lleven a cabo para enfrentar al
gobierno de Macri.
Todo dirigente de organizaciones obreras
y populares que no lo haga se convierte en cómplice de esa «justicia» patronal
y en un traidor a los intereses de quienes dice representar.
Lo mismo vale para todo el que se
proclame defensor de los derechos democráticos; si no lo hace, se convierte en
un renegado de las libertades de las que se proclama defensor.
Y también vale para los que pregonan la
igualdad de racial y de géneros; si no lo hacen, quedará muy claro lo que
realmente piensan: un ser humano de piel morena es inferior a un blanco, las
mujeres trabajadoras y humildes son inferiores a las pudientes.
Eugenio Greco,
enero de 2017
1 El gobierno nunca informó oficialmente
sobre la represión, ni publicó la lista de muertos.
2 También se dio el único progrom
(matanza de judíos) del que se tenga memoria en América.
3 Por eso se la denominó también
«Patagonia Rebelde».
4 Apoyado también por los partidos
Comunista y Socialista.
5 Una fracción de la UCR.
6 Cuando tomaron el poder los militares,
las organizaciones guerrilleras ya estaban prácticamente desmanteladas; la
mayoría de los asesinados y desparecidos fueron activistas del movimiento
obrero y estudiantil.
7 Para más información sobre el papel de
la UCR en la política de exterminio de la vanguardia obrera y su apoyo al golpe
de Estado de 1976, ver «Fragmentos del documento emitido por la Embajada de
EE.UU. en Buenos Aires, el 2/12/75, para el Departamento de Defensa de EE.UU. y
las embajadas de EE.UU. en los países latinoamericanos sobre “guerra de
guerrillas” en las fábricas», en www.nosdigital.com.ar/2011/11/docqhicieronhistoriaii
8 Cuando De la Rúa es acusado de ser el
responsable de esas muertes, se defiende diciendo que sólo 5 se produjeron en
la ciudad de Buenos Aires, mientras que las demás ocurrieron en provincias
mayoritariamente gobernadas por el peronismo, a lo cual agregó, y no hay por
qué no creerle, que él decretó el estado de sitio a pedido de gobernadores que
lo necesitaban para reprimir cualquier pueblada, y de Coto, la mayor cadena de
supermercados de capital nacional, que lo necesitaba para impedir los saqueos.
9 El Frente Renovador es una organización
supuestamente «opositora» al gobierno nacional, que ha votado en el Congreso
multitud de leyes del macrismo, como por ejemplo el pago de miles de millones
de dólares a los «fondos buitres»; el presupuesto nacional con recortes a la
educación, la ciencia y la salud; la autorización para endeudar al país en casi
100.000 millones de dólares entre 2016 y 2017, etcétera.
10 Hay poquísimas excepciones, como las
de Alberto Fernández (ex feje de Gabinete de los dos primeros gobiernos
kirchneristas) y Felipe Solá (ex gobernador de la provincia de Buenos Aires).
11 Sólo en Jujuy Túpac Amaru construyó
más de 1.000 viviendas, además de empresas productivas bajo la forma de
cooperativas, centros deportivos y establecimientos educativos y de salud.ß
12 La diputada Margarita Stolbizer, una
«denunciadora serial» de origen radical, se fue de boca y confesó por qué
quiere que Cristina Kirchner vaya presa antes de las elecciones de medio
término del año que viene: porque si pudiera presentarse a esas elecciones y
fuera elegida diputada o senadora, quedaría amparada por los fueros y podría
presentarse como candidata en las presidenciales de 2019. Y si llegara a ganar,
dijo Stolbizer, «¿de qué nos disfrazamos (adónde vamos a parar) los
argentinos?» Para ella, una mayoría de trabajadores y pobres que eventualmente
devolverían el poder al kirchnerismo no merecen ser considerados argentinos.
13 En la actualidad el trabajo informal
abarca a un 30-40% de la fuerza laboral, y la criminalidad ha aumentado
enormemente.
14 Ellas son: el Movimiento Evita
(barrial, peronista), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
(lidderada por Juan Grabois, un hombre de la Iglesia católica) y la Corriente
Calsista y Combativa (rama piquetera del Partido Comunista Revolucionario, de
origen maoísta).
15 El gobierno también negoció con la
Confederación General del Trabajo (CGT) la devolución a los burócratas
sindicales de parte de los miles de millones que debía a las obras sociales de
los sindicatos y algunas concesiones miserables a los trabajadores, a cambio de
que no le hicieran un paro general.
16 Una organización que se dice «obrera,
socialista y revolucionaria», el Partido Obrero (PO) comparte con Daer una
idéntica obsecuencia y sometimiento a la justicia de los patrones. Su periódico
Prensa Obrera del 28 de diciembre dice: «Reclamamos la absolución de Sala en
las causas que afectan el derecho a la protesta y el cese de su detención
arbitraria mientras se consustancian las demás causas judiciales en las que se
la investiga» (énfasis nuestro), o sea, que vaya presa cuando la «Justicia» de
Jujuy las termine de «sustanciar». Cuando un juez intentó detener a Hebe
Bonafini, líder de las Madres de Plaza de Mayo, y ella lo mandó al diablo, el
PO hizo algo parecido: le exigió a Hebe que se entregase a la Justicia.
