Combate calle por calle, a cara descubierta y pecho gentil, miles de jóvenes trabajadores, de jóvenes estudiantes -a los que se sumaron personas mayores- enfrentaron a la policía sin descanso, piedras contra balines de goma, gases y cañones de agua, hasta que la policía –en un hecho inédito- levantó la bandera blanca. Una escena nunca vista, que dejó perplejos a los miles de televidentes que veían en directo la humillación policial. Pasaron varias horas en que todo el centro de Asunción quedó bajo control de los manifestantes.
Existe una fuerte pelea interburguesa, desatada en forma de denuncias de corrupción, desde los principales medios de comunicación. Fuertes peleas entre contratistas del Estado enfrentados, proveedores de insumos, constructores viales, los grandes comerciantes e importadores y también mucha presión de sectores burgueses y pequeño burgueses ante el problema de las restricciones por la pandemia. Sin embargo, hasta ahora la burguesía de conjunto prefiere pactar algunos cambios y dejar en pie al gobierno. No cejan las exigencias, ni las amenazas, pero no pusieron aun todo el empeño para derrocar vía juicio político a Mario Abdo.
Tampoco la Iglesia Católica, que es la mayoritaria, está en una posición a favor de la salida del gobierno vía juicio político, sino que haciéndose eco tibiamente de las denuncias sobre corrupción y deficiencias en la gestión, se autopropone como intermediaria para el diálogo entre los jóvenes movilizados y el gobierno.
Las centrales sindicales (4) y las organizaciones campesinas no se encuentran a la vanguardia en este proceso de lucha. Incluso algunas centrales sindicales no convocan a la movilización, se oponen al juicio político y llaman al diálogo.
Las movilizaciones diarias exigen “que se vayan todos”, “que no quede ni uno solo” en alusión a que no continúe la línea sucesoria y “colorados nunca más” contra el partido que gobierna el país hace 70 años. Todo esto es aprovechado por los partidos de la oposición para plantear, como salida a la crisis, el juicio político para destituir al presidente y a su vice presidente (5) y convocar a elecciones anticipadas. Pero para proceder al juicio político, la oposición debe sumar a algunos del movimiento interno del Partido Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes, que hasta el momento no está de acuerdo con esa política.
La protesta pide ¡Que se vayan todos!, y la oposición responde con “nuevas elecciones” que solo servirá para que vuelvan pronto los mismos de siempre.
La lucha ya ha conseguido los primeros triunfos y hay que seguir en esa línea. No parar hasta que todos los hospitales tengan medicamentos e insumos. Hasta que todos estén vacunados. Este gobierno solo aplica parches. Hace anuncios para distraer. Cambia algunos ministros para calmar las aguas. Pone como ministro de salud a un viceministro de la misma administración desastrosa. En vez de que a dedo designe Marito, ¿no podrían los trabajadores de la salud y los usuarios de los principales hospitales, en asamblea designar un ministro de confianza? Tendría más legitimidad y lo mismo puede hacerse con el manejo del presupuesto de salud, que se discuta en las asambleas de los gremios de trabajadores de la salud, y así poner fin a los despilfarros, la corrupción y la desidia.
Hay que luchar para impedir que empiecen las clases presenciales antes de que todos los docentes estén vacunados.
Y hay que luchar para lograr:
• el subsidio a todo desempleado mientras dure la pandemia.
• que sean indemnizados todos los que por causa de la pandemia tuvieron que comprar medicamentos e insumos de las farmacias.
• que todos los hospitales privados pasen bajo control estatal mientras dure la pandemia, ¡basta de lucrar con la salud del pueblo!
Es imperiosa la necesidad de lograr la unidad de los que luchan en una coordinadora. Los trabajadores de la salud -los más desprotegidos y los más exigidos- están luchando descoordinadamente. Los docentes que están resistiendo para evitar más contagios con las clases presenciales, también. Los jóvenes movilizados, los trabajadores de la salud, los docentes son los pilares para edificar un fuerte organismo para conducir y fortalecer la movilización.
Si las centrales sindicales se incorporan a la lucha, la huelga general va a ser una nueva herramienta estratégica de las movilizaciones, y si se suman los movimientos campesinos, la protesta adquirirá una dimensión gigantesca que pondrá a la orden del día la discusión de quiénes tienen que gobernar el país.
Necesitamos que todos los sectores y en especial, los trabajadores, los jóvenes y los campesinos participen en la discusión de los problemas nacionales y resolverlos en beneficio de las amplias capas de la población.
Los trabajadores, los jóvenes, los campesinos no están representados en ninguna instancia donde se discute y se resuelve sobre los planes económicos, los presupuestos de salud y educación, la tarifa del pasaje y las condiciones del transporte público. Tampoco participan a la hora de decidir sobre el régimen impositivo, quiénes tienen que pagar más impuestos y quiénes tienen que pagar menos o no pagarlos. Esas decisiones toman los mismos de siempre.
Necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente donde participen los trabajadores, estudiantes, campesinos, jóvenes estudiantes-trabajadores con sus representantes electos democráticamente en los sindicatos, organizaciones campesinas, centros de estudiantes, lugares de trabajo y asambleas de los barrios.
Hoy, los problemas más importantes del país no pasan por las decisiones populares. En las elecciones sólo se eligen a los candidatos de los partidos de las patronales, de los empresarios. Los partidos pequeños o las candidaturas independientes no tienen opción. Tampoco pasan por ninguna instancia de participación popular la decisión de nombramiento de los altos ejecutivos de los ministerios o de Itaipú y Yacyretá, todo es reparto de cargos por negociaciones políticas de los grandes partidos. Todo eso tiene que cambiar.
Los problemas más importantes deben pasar por la Asamblea Nacional Constituyente:
La renegociación del Tratado de Itaipú, la mitad de la energía debe recuperar Paraguay y poner al servicio del desarrollo industrial, del transporte eléctrico y de tarifas reducidas de electricidad para los sectores populares.
El salario de los altos funcionarios y parlamentarios debe cambiar. Ningún parlamentario debe ganar más que el salario medio de un trabajador calificado. Debemos establecer la revocabilidad de las autoridades que no cumplen sus promesas electorales, o que hayan actuado en contra de los intereses de los trabajadores y de las grandes mayorías del país o que hayan perdido la confianza de sus electores.
El pago de la deuda externa no es prioridad, no se debe pagar con la miseria de los trabajadores, no se debe pagar si las escuelas se caen a pedazos y los hospitales colapsan. Antes que nada, utilizar ese dinero para tener terapia intensiva, hospitales equipados, medicamentos e insumos gratuitos. No se puede pagar la deuda externa y mantener a un tercio de la población en la pobreza. Es una decisión soberana que corresponde a los trabajadores y al pueblo.
En Paraguay, los pobres subsidian a los ricos. Las empresas de transporte son subsidiadas con impuestos, las empresas como las telefónicas reciben créditos de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) (6), los trabajadores subsidian a los empresarios. Los pobres pagan, en términos relativos, más impuestos que los ricos. Urge disponer un régimen impositivo en el cual no exista un mismo porcentaje para el pago del impuesto a la renta personal (IRP), sino que los ricos paguen porcentajes mayores de acuerdo a sus ganancias y abolir el impuesto al consumo, el IVA que se descarga sobre los pobres.
El transporte público en manos privadas es una estafa, costoso para los trabajadores, ineficiente, inseguro, irresponsable. Es urgente replantear un sistema público, eléctrico, amigable con el medio ambiente, barato y eficiente, controlado no por burócratas del Estado sino por asambleas de trabajadores y usuarios.
Ninguna crisis económica la deben pagar los trabajadores, los salarios se deben reajustar conforme a la inflación, nadie en el país debe tener un ingreso menor al salario mínimo acorde al costo de vida. Todo desempleado debe recibir un subsidio que cubra el costo de vida hasta que encuentre trabajo. Ningún trabajador sin seguridad social, ningún ministerio con seguro médico privado VIP, el IPS debe ser para todos y debe pasar bajo control de los trabajadores para poner fin a la corrupción, al despilfarro y la ineficiencia.
Los partidos políticos de los empresarios no quieren esto. Sólo lo podremos lograr con la movilización y a pesar de ellos. Si crece la lucha y se conforma un gran comité de la manifestación popular podemos emprender el camino hacia el cambio social en el país.