El problema de la falta de vivienda es muy grave en todo el mundo, y espantoso en los países atrasados, donde los «sin techo» se cuentan por millones. Era un problema crónico en la Argentina, pero se agravó por el derrumbe de su economía en los cuatro años del gobierno del presidente Macri, y se multiplicó con la pandemia, dejando en la calle a miles de familias expulsadas de sus viviendas porque no pudieron pagar el alquiler.

La desesperación de esas familias provocó ocupaciones de tierras baldías, particularmente en los suburbios más empobrecidos que rodean a la capital del país, la opulenta Ciudad de Buenos Aires. La más numerosa, aproximadamente 1.500 familias, se dio en Guernica, una localidad del Gran Buenos Aires.

Las tomas de tierras fueron calificadas como «delitos de usurpación de la propiedad» tanto por la oposición de la derecha macrista como por el gobierno «progresista» del Alberto Fernández, el actual presidente peronista, y la «Justicia» ordenó que fueran desalojadas, algo que en el caso de Guernica aún no se ejecutó por el temor del gobierno a un enfrentamiento violento.

El boletín Punto de Partida, editado en la Argentina, publicó un artículo sobre esta cuestión, que reproducimos porque enfoca la cuestión de la vivienda desde una perspectiva revolucionaria, útil para todos los países en los que los trabajadores y el pueblo pobre sufren este drama.

Perspectiva Marxista Internacional

 Toma de tierras:  El delito es que haya millones de familias sin vivienda

Durante mi estancia en Inglaterra, la causa directa del fallecimiento de 20 o 30 personas fue el hambre, en las condiciones más indignantes, … y en el momento de la investigación correspondiente… la burguesía –entre la cual se había seleccionado el jurado– siempre hallaba una salida que le permitía escapar a este terrible veredicto; muerte por hambre. La burguesía, en este caso, no tiene el derecho de decir la verdad, pues sería en efecto condenarse a sí misma.

Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, 1844

Las leyes de muchos países establecen que no se puede condenar a una persona que robó un pan para no morir de hambre porque lo hizo en «estado de necesidad». En la jurisprudencia argentina, a este «no delito» se lo llama «hurto famélico», y sólo se aplica a un indigente que no tenga ningún otro recurso, por ejemplo, un pariente que le pueda comprar un pan. Con eso del «hurto famélico» el que lo hizo queda libre aunque haya atentado contra el principal derecho que defiende nuestra Constitución, hecha a la medida del sistema capitalista, el de la propiedad privada del panadero sobre el pan que le robaron.

En relación a las demás necesidades básicas, como por ejemplo los medicamentos y el abrigo, ni se te ocurra «hurtar» un remedio o un pulóver porque vas preso aunque alguien de tu familia muera por una enfermedad o de frío en la calle. Y lo mismo pasa con la vivienda.

E. G., 2020

El gobierno debe cumplir con la deuda social y no con el FMI

La pandemia agudizó y colocó en primer plano, solo en meses, los problemas estructurales del país. Cualquier política sanitaria para enfrentar esta calamidad no podía solo limitarse a un número mayor de recursos de salud, como camas de internación o de terapia intensiva, respiradores y personal médico. La causa de muchas de las comorbilidades asociadas a sufrir cuadros graves con el contagio del covid-19 tiene origen en las condiciones de vida que sufre la mayoría de la población.

La indigencia, la desocupación crónica, las viviendas precarias sin desagües conectados a redes públicas ni acceso al agua potable ni a la red de gas. Familias hacinadas en pocos metros cuadrados, construcciones obsoletas, calles sin pavimento, insuficientes servicios básicos de limpieza urbana y de recolección de basura, deficiente y también nula conectividad a las redes de emergencia, de salud y de comunicación, integran junto a la opulencia desafiante de una minoría cada día más rica, el paisaje urbano a lo ancho y largo del territorio bonaerense y nacional.

Nuestro país, sometido a la dominación colonialista del imperialismo enfrenta la destrucción despiadada de sus fuentes productivas; la clase media enflaqueció y el sueño de la casa propia y los hijos universitarios se convirtió en una utopía para la gran mayoría del pueblo. La historia nacional transcurre bajo el sometimiento a los intereses económicos del capital financiero y especulativo internacional, donde las políticas paliativas no destruyeron el modelo de saqueo que avanzó casi sin obstáculos, de la mano de sus agentes directos locales, que llenaron sus bolsillos siendo sus fieles sirvientes. Esta soberanía machucada por el despojo de sus riquezas financieras, productivas, extractivas y naturales, con millones de trabajadores que no cubren sus necesidades básicas y pelean diariamente por su supervivencia y la de su familia, además, ahora debe enfrentar la pandemia sin defensas suficientes.

En esta situación excepcional por la calamidad que sufrimos, el gobierno «popular», como se autodefine Fernández, cumple con el pago –a expensas de las últimas existencias de dólares– a los usureros, especuladores y prestamistas extranjeros y nacionales. ¡Para cumplir con la deuda no hay demoras, ni vale la paciencia ni las nuevas necesidades creadas por la pandemia!

«Ningún país puede pagar su deuda a costa de que su pueblo quede sin salud, sin educación, sin seguridad o sin capacidad de crecer», señaló Alberto Fernández ante la ONU pero, sin embargo, destinó millones a pagar la deuda (pagos efectuados durante los dos primeros meses de gobierno), y continuaron con los planes de negociación tanto con los acreedores privados como con el FMI.

Las tomas de tierras nacen de la necesidad

La toma de tierras en varios puntos del conurbano es la manifestación más aguda de familias a la deriva, de jóvenes desocupados que no tienen techo ni alimentación suficiente, desnuda el problema del déficit habitacional y el abandono de amplias áreas urbanas muy próximas a los lujos de los barrios cerrados.

Las voces contra la toma de terrenos abarcaron todo el arco político desde la oposición hasta las distintas corrientes peronistas del gobierno. Alertan sobre la ilegalidad y la inconstitucionalidad, pero no se inmutan, ni siquiera se incomodan, por las condiciones sociales que sufren millones de personas en los conurbanos de todo el país. No se han escuchado las mismas voces ni convocatorias indignadas para erradicar la miseria y la pobreza extrema.

Ni urbanizar 4.400 barrios populares en Buenos Aires ni el plan nacional Procrear atacan los problemas de fondo, y preanuncian cambiar muy poco para continuar con la pobreza estructural.

Se debería gritar a viva voz la necesidad imperiosa de un gran plan nacional de obras públicas que cubra las necesidades masivas de falta de trabajo, de infraestructura y prioritariamente de vivienda.

Organizaciones sociales como la Tupac Amaru, cuya dirigente, Milagro Salas, está presa –acusada por el gobernador jujeño por distintos delitos (no comprobados) con respecto al manejo de fondos públicos–, tomaron en sus manos planes de viviendas; en su caso, por medio del sistema de ayuda mutua para su construcción, y también crearon un sistema de financiamiento para la construcción de conjuntos habitacionales con salas de primeros auxilios y espacios deportivos y recreativos. 

Milagro Salas no fue liberada, pero los empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción acusados de cobros de sobreprecios, coimas y un largo etcétera no van presos, como tampoco los funcionarios que, además de llenarse los bolsillos, eliminaron derechos económicos, laborales, sociales y políticos establecidos en la Constitución Nacional.

La justicia patronal es rápida para endilgarle delitos a Hebe Bonafini y a Milagros Salas porque participaron de manera activa en planes de construcción de viviendas. Según los empresarios de la construcción, eso «no les corresponde». Ese es «su» negocio. A ellos sí «les corresponde» llenarse los bolsillos con plata del estado y quedarse por monedas con los terrenos fiscales.

Solo son «delitos» cuando los pobres luchan por un pedazo de pan o de tierra

La burguesía terrateniente se quedó con millones de hectáreas producto del genocidio de los pueblos originarios en el siglo XIX, exterminando a mapuches, tehuelches, onas, mocovíes, tobas, e innumerable cantidad de naciones del Chaco y las cuencas del Pilcomayo y el Paraná. Hoy la usurpación y el atropello a la propiedad solo se la considera delito si proviene de familias trabajadoras sin techo, mientras los señores propietarios de terrenos heredados reclaman enfurecidos que se respete la propiedad privada y que se castigue el delito de usurpación. ¡Sin embargo ¿cuántas de las actuales fortunas son el resultado de las más grandes y también más criminales usurpaciones de la historia argentina?!

Como trabajadores, debemos convocar a la solidaridad con las tomas, con las familias que buscan una solución a su necesidad de vivienda en momentos en que la consigna es «quedate en casa» aunque es difícil vivir sin changas, y «mantené ventilados los ambientes y lavate las manos», algo prácticamente imposible si las familias viven hacinadas y sin acceso al agua potable.

Es posible que detrás de las tomas existan intereses no santos, pero eso no desmiente que miles de familias no tienen vivienda ni que en nuestros barrios crecen las necesidades de forma diaria. Y si en la organización de alguna toma están metidos los narcos o las barras bravas, la culpa es del abandono en que ha dejado el Estado a esas familias, que no son ni narcos ni barras bravas.

El arma para reclamar es la movilización, es la lucha con los métodos que sean necesarios para imponer soluciones que los trabajadores están cansados de reclamar y para encaminar las luchas reivindicativas hacia lograr sus objetivos.

El problema de vivienda no se resuelve bajo el capitalismo

La importancia que adquirió el capital financiero y especulativo en todos los ámbitos de la economía agudizó el problema habitacional porque la propiedad inmueble se transformó en valor de lujo al servicio del lavado de plata, de la evasión fiscal y de los negocios.

La apropiación de terrenos fiscales a precios irrisorios para los amigos y beneficiarios del poder o los emprendimientos de bienes raíces tipo barrios cerrados dirigidos a sectores sociales de altos ingresos invadieron el mercado de la vivienda y de la tierra urbana. Mientras tanto, las villas miseria crecieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y en los conurbanos de las ciudades más importantes de la Argentina.

La destrucción creciente de la industria de manufacturas acompañó la concentración y el hacinamiento cerca de las ciudades, ya que estas se convirtieron en fuentes de trabajo precario para las nuevas camadas de desocupados que engrosaron las listas de la informalidad y de los planes sociales. Los trabajadores de mantenimiento edilicio, de la seguridad privada, de limpieza, recolectores de basura, asistentes en el cuidado de niños, de abuelos y de enfermos, de gremios gastronómicos y hoteleros, taxistas, choferes de Uber o delivery, vendedores, cajeros, personal de servicio doméstico, trabajadores de sanidad, de talleres textiles o gráficos, personal técnico de variados oficios… hoy son cientos de miles los asalariados mal pagos que en la actualidad constituyen al sector quizás más numeroso de trabajadores.

La informalidad laboral y la liquidación de los créditos para acceder a una vivienda han profundizado y cronificado la crisis habitacional, lo que se resume en cifras inéditas, ya que uno de cada tres hogares tiene problemas de vivienda.

Si en la Argentina este problema tiene raíces en su proceso de sometimiento económico, en los países ricos en las últimas décadas el aumento de los problemas de habitacionales ha escalado en línea ascendente como lo hizo el Covid. El antecedente más inmediato fue la quiebra de Lehman Brothers por los créditos subprime (hipotecas basura), que incendió los mercados y aceleró la crisis financiera mundial en 2008. El proceso de quiebras de estas empresas y de la banca ligada a créditos hipotecarios estalló en los Estados Unidos, rápidamente contagió al mundo y dejó sin vivienda a miles de trabajadores estadounidenses imposibilitados de continuar el pago de las cuotas de sus planes de financiamiento. ¡Y esto sucedió en la tierra de las oportunidades y con una capacidad adquisitiva de las más altas del planeta!

El problema se agudizó con los años al compás del aumento de la pobreza. En una de las ciudades con más multimillonarios del mundo, Los Ángeles, en California, viven en las calles más de 60.000 personas, los «sin techo», que son los desocupados y los trabajadores con ingresos más miserables, que no pueden pagar un alquiler ni financiar el costo de una vivienda propia. Están a la intemperie o en carpas (solo el 25% tiene acceso a una cama en albergues), mientras las mansiones se cotizan a más de cien millones de dólares.

En España se dio un fenómeno similar al de los Estados Unidos: los créditos inmobiliarios, sostenidos por la especulación financiera, se volvieron impagables para miles de familias que no solo perdieron la vivienda sino que además quedaron endeudadas con los bancos de por vida. Y también produjo el fenómeno contrario, de barrios terminados y recién construidos (en España e Irlanda) que nunca fueron ocupados porque los precios del mercado resultaron inaccesibles para el salario medio a los que iban destinados.

En América latina, por la creciente desigualdad y el permanente crecimiento poblacional de las ciudades, este fenómeno se agrava a niveles mucho más inhumanos. El hacinamiento y la precariedad se expanden en las capitales más importantes, pero a la vez crecen los barrios lujosos para unos pocos y los emprendimientos hoteleros cinco estrellas. En Brasil, el paisaje típico de una de sus ciudades más turísticas, Río de Janeiro, son los barrios más pobres, «las favelas», en lo alto de los morros, y en el llano, los edificios de hoteles lujosos a orillas del mar. En Uruguay, los «cantegriles» conviven con las mansiones de Punta del Este; en Lima, Perú, convive el lujoso barrio de Miraflores con los miserables «pueblos jóvenes»; en la Argentina, proliferan los «country» mientras se agrandan las «villas miseria», que ahora la hipocresía de lo «políticamente correcto» llama «barrios populares»… y siguen los ejemplos.

Los problemas estructurales no los resuelven los paliativos

La concentración de riqueza contrasta con la creciente pobreza de los salarios y de todos los servicios que asisten a los trabajadores: salud, transporte, educación, esparcimiento, derecho al espacio público, vivienda. No es posible la conciliación de intereses entre las familias multimillonarias como los Rocca, Blaquier, Bulgheroni o Galperin y las necesidades básicas de millones de trabajadores cada vez más pobres.

Debemos asumir la defensa de nuestro futuro y el de nuestros hijos; luchar por un país bajo otras reglas, que dé por tierra con las injusticias de este sistema patronal en descomposición. Se necesita planificación nacional económica, urbana y productiva en función de las necesidades de la mayoría trabajadora, y no a la inversa como hasta ahora.

Solo bajo el socialismo se puede iniciar la reconstrucción de la sociedad en el país y en el mundo. Es la tarea fundamental que deben emprender los trabajadores para defender la producción, la ciencia y la naturaleza sin desnutrición y miseria crecientes –como en la actualidad–, y desde 2020 cada vez más expuesta a sufrir pandemias.

La acción revolucionaria y sus aportes históricos

La acción revolucionaria, instituida como método de transformación de las estructuras sociales, fue instaurada por la burguesía, pero –como pasa con la toma de tierras– fue inmediatamente rechazada cuando la clase obrera la llevó a la práctica.

Después de más de cien años de la primera revolución obrera, la Revolución Rusa de octubre de 1917, y en un mundo como el actual, bajo el dominio del capitalismo imperialista, los trabajadores debemos recuperar la memoria de lo logrado por una vía revolucionaria. El destino de esas revoluciones fue muy diferente, pero más allá de sus retrocesos con las consecuentes pérdidas de conquistas y de la restauración capitalista –proceso que se dirigió a quitarlas de raíz–, el sentido de estos ejemplos es para preguntarnos cómo en etapas tan diferentes de la historia del siglo XX prevaleció el problema habitacional como una de las tareas inmediatas de los triunfos obreros revolucionarios.

Lo fue en 1917 en la Rusia del imperio de los zares y en un país atrasado y extraordinariamente extenso; lo fue en Cuba en los años 50, en un país reducido al territorio de una isla bajo dominio de una dictadura al servicio del imperialismo yanqui, y en Portugal, un imperio en decadencia, en los años 70. La clase obrera y las masas populares sufrían miserables condiciones de vida, y la falta de una vivienda digna era acuciante en todos los casos.

En la Rusia de los zares, la revolución obrera y campesina creó la primera républica socialista bajo gobierno de los trabajadores de la historia: la Unión Soviética. El gobierno soviético revolucionario de los primeros años de la URSS acabó con el problema de la propiedad de la tierra. Uno de sus primeros decretos establecía: «La propiedad privada del suelo es eliminada; todo el territorio es declarado propiedad del pueblo y entregado, sin resarcimiento, a los trabajadores, sobre la base de un uso común del territorio. Todos los bosques, las riquezas de la tierra, las aguas de importancia colectiva, todo el inventario móvil e inmóvil (vivo o muerto), bienes de valor e instalaciones idóneas son declarados propiedad nacional». Y un decreto posterior contenía la «prohibición referente a cualquier forma de especulación sobre el suelo».

En la Unión Soviética el precio de los alquileres de la vivienda nunca se modificó desde 1928, y para 1982 los soviéticos destinaban para el pago de la vivienda solo el 2% de sus ingresos. En Cuba, en 1959, la revolución liquidó el régimen dictatorial y colonialista de Batista, expropió a los burgueses y organizó la economía y la sociedad bajo planificación estatal.

Para iniciar la construcción de viviendas, el gobierno revolucionario intervino las grandes empresas constructoras enriquecidas ilícitamente, pasó a propiedad del Estado toda la maquinaria y equipos necesarios para las construcciones de carácter social. También promulgó leyes, como lo hizo la URSS en sus primeros años, a fin de eliminar la especulación de los terrenos e intervino en el mercado de los alquileres. Para el año 1960, otra ley de reforma urbana fijó normas que convirtieron a los inquilinos en futuros propietarios de viviendas bajo control del Estado.

Entre 1959 y 1963 se construyeron 85.447 viviendas por parte del Estado. También se impulsó la construcción de escuelas en lugares de difícil acceso al incrementarse de forma cualitativa el número de alumnos en los distintos niveles de escolaridad. Fueron los años en cuales se construyeron innumerables obras para cubrir los servicios básicos más urgentes de la población.

El proceso revolucionario y proletario de 1974 en Portugal no llegó al punto de acabar con la gran propiedad burguesa e imponer una economía planificada y por eso sus conquistas duraron poco tiempo. Pero durante el período que se inició con el derrocamiento de la dictadura de Salazar-Caetano, las comisiones de inquilinos que integraban organismos de base junto a los soldados y los obreros tomaron la iniciativa de la ocupación de terrenos y de los caserones vacíos de casatenientes urbanos para restituir ese derecho a miles de familias sin techo.

La única salida la tienen los trabajadores cuando toman en sus manos la solución a los problemas más básicos. Bajo el capitalismo las crisis habitacionales crónicas se han agudizado con el paso del tiempo; ningún gobierno de la burguesía las resuelve sino todo lo contrario: en las últimas décadas en países de economías desarrolladas todos los problemas, entre ellos el de la vivienda, renacen y recrudecen para las nuevas generaciones. Mientras se mantengan las reglas de una sociedad regida por la ganancia capitalista y no por las necesidades sociales, nada tiene solución.

La toma de terrenos en la provincia de Buenos Aires plantea la necesidad de:

• La más amplia solidaridad obrera y popular.

• Se debe exigir a los gobiernos nacional y provinciales medidas extraordinarias para alojar inmediatamente a estas familias durante el tiempo que exija la construcción de nuevas viviendas.

• Los trabajadores debemos organizarnos para exigir un plan de emergencia. Un plan urgente de construcción de viviendas en la provincia y en el país, un gran plan de obras públicas que emplee a millones de desocupados. Es urgente el inicio de la construcción de viviendas, de infraestructura vial y de servicios, de escuelas y hospitales, un plan prometido durante décadas pero que seguimos esperando. No esperemos más. Se necesitan millones de nuevas viviendas, que contemplen la erradicación de las viviendas precarias y obsoletas.

• Un plan que debería financiarse con impuestos a las grandes fortunas, a las empresas monopólicas, a los terratenientes, a los grandes propietarios inmobiliarios, a los más importantes productores ganaderos y agropecuarios, a los monopolios exportadores de granos y a los bancos, aseguradoras y financieras, pero también que implique la obligación del gobierno de no girar un dólar más para el pago de la deuda con el FMI ni con los acreedores externos.

• ¡Ni un dólar ni un peso más a las grandes empresas comerciales, industriales y financieras! ¡Ni un solo sacrificio más de los trabajadores y el pueblo para los millonarios y el Estado-patrón. Deberíamos reclamar la expropiación de Vicentín y de todas aquellas empresas que amenacen con el cierre, despidan, fuguen sus ganancias, evadan el pago de impuestos y no hagan públicos sus libros de contabilidad para el control de los trabajadores y del Estado. Redirigir parte de sus utilidades a este plan nacional de obras públicas.

• Ante la crisis social, sanitaria y económica que afecta al mundo, a la región y a nuestro país, ningún problema urgente de los trabajadores y de los sectores populares puede quedar atado a la agenda ni de los intereses partidarios o sectoriales, ni a las utilidades de una minoría ni mucho menos a los intereses de los capitales financieros y colonialistas. Se necesita la participación directa del movimiento obrero y popular en todos los debates y decisiones legislativas.

• Discutamos de la forma que sea, entre los compañeros de trabajo, en el barrio, en los comedores, en las cooperadoras y cooperativas, en los sindicatos, etcétera, cómo organizarnos para imponer nuestras reivindicaciones más inmediatas y ser protagonistas de las decisiones políticas.

• Deberíamos repetir la unidad de abajo lograda para derrotar en las urnas a Macri, ahora para imponer soluciones a nuestras necesidades. ¡Basta de perder tiempo en mesas de consenso con los saqueadores del país y de nuestro futuro!